Hace dos semanas, en un artículo de opinión publicado en el diario El Nuevo Día bajo el título “Todavía es posible la negociación”, comenzaba el escrito con lo siguiente: “La descertificación de la Federación de Maestros de Puerto Rico como representante del magisterio por haberse planteado la posibilidad de una huelga, es una nueva versión de la Ley de la Mordaza por la que fue reprimido el movimiento independentista y encarcelado Don Pedro Albizu Campos en la década de los 50”.

Terminaba el artículo expresando: “La Comisión de Relaciones del Trabajo debe revaluar su dictamen durante la apelación incoada por la Federación de Maestros y dejar sin efecto las medidas tomadas y la Federación, por su parte, debe dejar en suspenso el voto de huelga, como medidas urgentes que permitan el regreso a la mesa de negociaciones.”

Es decir, partiendo de lo injusto, represivo e inconstitucional de la Ley 45 de Sindicación de Empleados Públicos, y buscando abrir el camino hacia la mesa de negociación, proponíamos que la Comisión de Relaciones del Trabajo de Empleados Públicos dejara sin efecto la descertificación de la FMPR y que la Federación dejara en suspenso la huelga, en ese orden.

A mi juicio, las movidas más recientes del liderato de la Federación han sido muy importantes, todas ellas dirigidas invalidar la descertificación de la organización y de otra parte a conseguir legislación que permita eliminar la cláusula de separabilidad de la Ley 45, a los efectos de que de declararse inconstitucional la prohibición a la huelga por algún tribunal o alguna de las partes de dicha ley, el resto de la misma permanezca vigente. Ésta es una movida muy acertada que, de materializarse, recibiría el endoso de todo el movimiento obrero y eliminaría de paso, un escollo para recibir solidaridad de las uniones que han negociado convenios colectivos con el gobierno bajo dicha Ley.

En mi opinión, los pasos dados recientemente por los dirigentes de la Federación demuestran que están haciendo todo lo posible por evitar la huelga. La Ley 45 tiene que ser enmendada, y éste es el momento, incluyendo limitar los poderes de descertificación que actualmente posee la Comisión del Relaciones del Trabajo.

 No podemos decir lo mismo del secretario Aragunde. No vemos en el Secretario acciones proactivas para facilitar la resolución del conflicto. Por el contrario, de forma demagógica ha expresado que está imposibilitado de negociar con una organización que ha sido descertificada. Lejos de esgrimir argumentos leguleyos para mantener el impasse, Aragunde tiene que sentarse a negociar lo que no ha querido durante 26 meses. A diferencia de la Federación, el Secretario de Educación no ha demostrado que quiere impedir la huelga. Por eso es que la Federación, mientras da los pasos necesarios para regresar a la negociación, se ve obligada a continuar con los preparativos para la eventualidad de tener que implantar el voto de huelga.

Tengo el absoluto convencimiento de que la huelga es evitable, y que se puede obligar al Secretario a sentarse a negociar. Pero al final del camino y agotados todos los recursos disponibles, la huelga es ese último recurso que tienen los trabajadores para obligar al patrono a atender sus justos reclamos por una mejor escuela pública para los hijos de ese mismo pueblo trabajador.

Ante el alboroto de descertificación, derecho a la huelga, Tribunal Federal y enmiendas a la Ley 45, no podemos olvidar que año tras año, de forma repetitiva, se señalan por los maestros y por la comunidad la necesidad de resolver las deplorables condiciones en que se encuentran muchos de nuestros planteles, las vacantes de maestros que no se llenan, la falta de trabajadores sociales y maestros de educación física en las escuelas, el hacinamiento en los salones de clase, los bajos salarios del magisterio, la deserción escolar que ronda en un 40%, el pobre aprovechamiento de los estudiantes en las destrezas básicas de español, ciencias y matemáticas, y muchas otras deficiencias crónicas que viene arrastrando el Departamento de Educación. Ese estado de cosas es, sin duda, una violación crasa al derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes.

Ésos son los asuntos primarios que están sobre el tapete y que el Secretario no ha querido atender. Atienda esos planteamientos, señor Secretario, y evite una huelga que sólo usted puede evitar. Es mejor negociar ahora, con los maestros en el salón de clases, que negociar con los maestros en la calle. Usted tiene la palabra.