El juez Oscar Dávila Suliveres debería suspender el proceso judicial que se ventila en su sala sobre la titularidad de los terrenos donde se construye el proyecto de Paseo Caribe, hasta tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) lleve a cabo el deslinde de la zona marítimo terrestre, opinó la profesora de Derecho Ambiental Jessica Rodríguez Martín.

“Cualquier iniciativa para adjudicar la titularidad requiere como paso previo que se conozca de manera científica y utilizando las fotografías y datos históricos, el alcance de los terrenos rellenados artificialmente y ganados al mar, así como la extensión de la marea previo a que la alteración ocurriera. El Departamento de Recursos Naturales anunció hace varias semanas que la delimitación de la zona marítimo terrestre está en curso. Es a esta agencia, como custodio de las costas de Puerto Rico, a quien le corresponde hacer la determinación. La zona marítimo terrestre es de dominio público”, destacó Rodríguez Martín, quien tiene una amplia experiencia en pleitos ambientales.

El asunto de la titularidad de los terrenos de Paseo Caribe llegó al Tribunal a raíz (septiembre de 2007) de la opinión del secretario de Justicia, licenciado Roberto Sánchez Ramos, la cual le ordenó a todas las agencias de Gobierno que revisaran sus permisos sobre el debatido proyecto. Tras una primera vista ante la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), se ordenó la paralización de la obra por 60 días. De ahí los abogados del desarrollista Arturo Madero llevaron el asunto al tribunal.

Rodríguez Martín resaltó que el Juez está impedido de dictar sentencia en el caso sobre la titularidad de los terrenos donde se construye Paseo Caribe dado a que es la delimitación de la ZMT la que puede indicar cuáles terrenos son de dominio público y cuáles son privados. Para eso se necesita prueba científica y hasta el momento se sabe que el Juez no ha pedido material sobre el particular. Hay que anotar, además, que Dávila Suliveres no permitió la participación de grupos opositores al proyecto, entre ellos los residentes colindantes del edificio Puerta del Sol.

“Esto último viola la cláusula constitucional del debido proceso de ley, ya que los vecinos se exponen a una sentencia que les puede ser adversa y afectarles directamente sin que se les haya permitido participar y aportar prueba”, acotó la directora de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA).

En tanto, en una nueva opinión el Secretario de Justicia le atribuyó al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) la capacidad de emitir endosos por separado del Consejo para el Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico (CPAT) en el proceso de la emisión de permisos relacionados con proyectos de construcción. A la luz de las denuncias contra la ilegalidad de los permisos y la construcción de Paseo Caribe entre las dos agencias se atribuían una a la otra la responsabilidad del endoso.

Sánchez Ramos indicó que por su naturaleza el ICP y el CPAT son entidades jurídicas distintas que atienden asuntos distintos y deben emitir endosos por separado.

Según la opinión, al CPAT le corresponde emitir endosos relacionados con el material arqueológico, mientras el ICP es la entidad responsable de considerar otros endosos requeridos en sitios o zonas históricas. Como son endosos distintos, son independientes uno del otro. La opinión fue el resultado de una consulta presentada por el ICP respecto a la relación jurídica entre esa agencia y el CPAT. En específico si en el caso de Paseo Caribe además de las autorizaciones emitidas por el Consejo a favor del proyecto se requería el endoso de la División de Patrimonio Histórico Edificado del ICP.

El director ejecutivo del ICP, Dr. José Luís Vega, declaró en comunicado de prensa que la opinión de Justicia confirmaba su posición de que Paseo Caribe no cuenta con el aval expreso del Instituto para la totalidad del proyecto. Agregó que los asesores legales de la agencia estaban estudiando la opinión y las recomendaciones del Secretario de Justicia para determinar el curso legal y administrativo a seguir.

La opinión de Justicia recomendó además a la Junta de Planificación (JP) a que revalúe sus determinaciones anteriores en cuanto al proyecto a la luz de esta nueva interpretación legal sobre las facultades y deberes estatutarios del ICP. Eso implica, y así lo indicó Justicia, que el Instituto tiene la facultad y responsabilidad de presentar cualquier planteamiento de falta de endosos necesarios como parte de la reapertura en la Junta del proceso de consulta de ubicación de la mencionada construcción.

Aunque se supone que con la orden de ARPE no se esté construyendo en Paseo Caribe, los activistas ambientales han denunciado que el constructor continúa trabajando en la obra.