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Posible pérdida de más derechos si se aprueba enmienda del matrimonio |
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Cándida Cotto / Claridad
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Aunque el tema de la Resolución 99 parece haber pasado a un segundo plano en el debate público, no se puede perder de vista que sus favorecedores, sectores religiosos conservadores, continúan su cabildeo en la Legislatura. Según declaraciones de la presidenta de la Comisión de lo Jurídico y Seguridad de la Cámara, el proyecto quedará pendiente para la próxima sesión legislativa. En tanto, activistas defensores de los derechos humanos y civiles reiteran el peligro que representa la resolución que pretende elevar a rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer.
El director ejecutivo del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), licenciado William Ramírez, unió su voz a los que advierten sobre la resolución. Apuntó que no se puede enmendar la Constitución para adelantar doctrinas religiosas, porque se supone que “nuestra Constitución recoge el principio de completa separación entre iglesia y estado”.
Agregó que enmendar la Constitución para negarle un posible beneficio futuro a un sector de la ciudadanía, que ni siquiera goza del derecho del matrimonio, podría abrir las puertas a otras enmiendas para eliminar derechos que sí existen en la actualidad, como lo es el derecho a la fianza o la igualdad de los sexos. “Ni siquiera la Constitución de los Estados Unidos contempla el derecho de la igualdad de los sexos que reconoce la Constitución del ELA desde 1952”, anotó.
El litigante experto en derechos civiles llamó la atención a que a los ciudadanos les debe preocupar que se eleve a rango constitucional la institución del matrimonio basado en principios religiosos, mientras la realidad es que en Puerto Rico más del 50% de la ciudadanía convive en relaciones de hecho y no en matrimonio. “Además 50 por ciento de los matrimonios, que sabemos no pasa de la mitad de las relaciones que conviven en pareja, termina en divorcio. Lo que significa que se estaría elevando a rango constitucional la institución del matrimonio, mientras la mayoría de la ciudadanía, la cual convive en pareja, no sólo no gozaría de igual protección, sino que ni siguiera goza de protección legal alguna que le reconozca actualmente derechos en nuestra sociedad”.
Ramírez calificó de “disparate jurídico” el argumento que emitió el abogado norteamericano Glen E. Lavy, quien fue traído a la Isla por el sector religioso que impulsa la propuesta, de que ‘la no aprobación de lo propuesta para que las personas se expresen sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo afecta gravemente la libertad de expresión’. Aunque todo el mundo tiene derecho a favorecer y expresarse conforme a sus creencias, aclaró que no existe la obligación del legislador de estar de acuerdo con una u otra posición.
“Dicho de otra forma, no se viola la libertad de expresión del bando que el legislador deja de acomodar. Sin embargo, la aseveración del Lcdo. Lavin y los que éste representa es irrelevante ya que lo que está en juego no es una legislación para crear el derecho al matrimonio. Este derecho no existe en nuestro ordenamiento jurídico y no está propuesto en la Resolución 99. Lo que sí está en juego es una resolución que pretende negarle a un sector de nuestro pueblo un derecho que ni siguiera existe en la actualidad”.
Respecto al argumento de que veintisiete estados de Estados Unidos (EEUU) han enmendado sus respectivas constituciones para definir el matrimonio, Ramírez dio de ejemplo la constitución de Alabama. “En Alabama aún perdura en su constitución la supremacía de la raza blanca. Es decir, enmendaron su constitución para negarle derechos a un sector que no goza de ese derecho, sin embargo no han enmendado su constitución para eliminar una doctrina tan nociva a la humanidad como la es la de la supremacía de la raza blanca. ¿Es éste el ejemplo que queremos emular?”
Prosiguió que en Estados Unidos hubo un intento de equiparar los sexos a través de una enmienda a la Constitución, la cual fracasó, dado a que hasta los mismos estados que enmendaron su constitución para definir el matrimonio votaron en contra. La propuesta fue mediante el llamado de igualdad de derechos (Equal Rights Amendment).
“El gobierno de Puerto Rico debe preocuparse más por proveerles la educación especial que necesitan tantos de nuestros estudiantes, y que disponga de los fondos necesarios para que nuestros conciudadanos de la tercera edad tengan disponibles la atención médica y medicamentos que actualmente se les niega. No hay necesidad alguna de alterar nuestra ley suprema ni de desperdiciar millones de dólares del erario que tanto necesitan nuestros ciudadanos más vulnerables”, reclamó el Director Ejecutivo de la ACLU. Reiteró que la enmienda que se pretende lo que hace es “expresar un desprecio hacia un sector de nuestra sociedad tan digno y merecedor de nuestro respeto como cualesquiera otros sectores de nuestra sociedad, puertorriqueños y puertorriqueñas todos y todas. Lo contrario resultaría en la alteración de un documento legal de avanzada, si no en su aplicación, en su texto según se plasmó en el mismo”.
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