Soberanía y Seguridad Alimentarias: “Nos amenaza la posibilidad de hambre”
Claridad en la Nación
Félix I. Aponte-Ortiz*/Especial para Claridad
En semanas recientes los medios de comunicaciones internacionales y nacionales han destacado el afloramiento de la crisis alimentaria que amenaza la estabilidad y prosperidad de grandes sectores de la población humana. Se ha destacado la crisis de alimento que afecta al hermano país de Haití donde la población se ha manifestado en las calles, con violencia, reclamando acceso a alimentos básicos. Hechos similares han ocurrido en Filipinas y en otros países de Asia y África.
La disponibilidad de alimento en cantidad suficiente a su demanda, y a precios accesibles, constituye un serio problema que más tarde que temprano tiene el potencial de generar una crisis en Puerto Rico. Este es un problema complejo que involucra variables y factores de tipo económico, social, científico-técnico y climático. Sin embargo, nuestra situación es precaria por dos razones fundamentales: la gran dependencia en la importación de alimentos a través del mercado estadounidense; y la falta de poderes políticos para fijar una estrategia nacional de producción de alimentos y para acceder libremente al mercado internacional.
Como parte de la discusión pública que se ha producido me ha llamado la atención tres asuntos que se han discutido en días recientes. El primero, tiene que ver con el planteamiento que hizo personalmente, y a nombre de la institución, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoelick, sobre la crisis alimentaria actual y proyectada. Zoelick advirtió que la presente crisis de escasez de ciertos renglones de alimentos, y el alza consecuente en el precio de los mismos, no es un asunto temporal sino que prevalecerá por muchos años en el futuro. En consecuencia, advierte que habrá un notable aumento en la pobreza y en mala nutrición de millones de seres humanos. Citando fuentes de la Organización de Alimentos y Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés) se indicó que los precios de los alimentos han aumentado 45% en los últimos nueve meses y se ha documentado una significativa escasez de arroz, trigo y maíz en muchas regiones del Planeta. El planteamiento del Banco Mundial y de la ONU va dirigido en que este asunto no puede soslayarse en el marco político internacional, sino que debe elevarse a uno de alta prioridad en la agenda global de los acuerdos y arreglos comerciales y políticos internacionales.
El segundo asunto lo comunicó la Inter Press Service News Agency (IPS) en un artículo que se refería a la situación alimentaria de China y la aparente limitación de acceso al arroz que este país produce y cuyas exportaciones han aumentado en años recientes. IPS plantea que China está tomando decisiones de política económica que toman ventaja del aumento en el precio del arroz en el mercado internacional pero sacrificando su seguridad alimentaria. Es decir, dado los bajos costos de producción en China este alimento tiene el potencial de generar grandes divisas al venderlo en el exterior, limitando de esta forma su disponibilidad a nivel nacional. En la prensa puertorriqueña se ha señalado que parte de ese arroz está llegando a nuestro mercado a través de los EE.UU. Existe preocupación en ciertos sectores en China con este cambio de política nacional en relación a los alimentos. Desde la década del 1960 China proclamó una política nacional dirigida a contar con 95% de autosuficiencia alimentaria, sin embargo recientemente la han reducido a 90%. Es importante tener presente el reto que presenta dicha política nacional para un país que posee el 20% de la población mundial pero que sólo cuenta con 7% de las tierras cultivables disponibles en el Planeta.
La política de 95% de autosuficiencia fue adoptada como asunto estratégico nacional después que este país experimentó una de las hambrunas más serias que registra la historia humana. Entre los años 1958 y 1961 se calcula que murieron de hambre en China cerca de 30 millones de personas. Se argumenta que esta hambruna fue el producto de una conjunción de factores relacionados a una política de desarrollo que estimulaba de forma agresiva la producción industrial, particularmente de instrumentos y artefactos de acero. La política de industrialización, acompañada de una política de urbanización y crecimiento de centros urbanos, se llevó a cabo mediante un desplazamiento y movilización masiva hacia la actividad industrial de trabajadores del campo. Esta movilización supuso una merma en la producción agrícola individual y colectiva; incluyó la decisión de suplir los alimentos producidos disponibles a las ciudades en perjuicio de las comunidades campesinas, y descartó la decisión de importar alimentos disponibles en el mercado internacional. Todas estas decisiones políticas se tomaron concurrentemente con una grave sequía que afectó a grandes sectores del territorio chino. La conjunción de todos estos factores produjo la terrible catástrofe humana.
El tercer asunto importante fue el anuncio hecho por una comisión internacional de la culminación de un estudio de varios años sobre la situación agrícola del Planeta. Esta comisión reclamó en su informe la necesidad y urgencia de un cambio significativo hacia un nuevo paradigma en la producción agrícola internacional como respuesta a la crisis actual y proyectada a 50 años. El informe denominado como Evaluación Internacional del Conocimiento, Ciencia y Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD, por sus siglas en inglés), fue solicitado durante la Conferencia Mundial Sobre Desarrollo Sustentable celebrada en Johannesburg en el año 2002 y fue trabajada durante tres años por un grupo de sobre 400 expertos de diferentes universidades del mundo, grupos de pensamiento (think tanks), representantes de 64 gobiernos y de diferentes industrias y empresas. Este Proyecto fue financiado por el Banco Mundial, la FAO y varios gobiernos nacionales. El Informe fue aprobado el 8 de abril de 2008 por 59 gobiernos nacionales pero no fue ratificado, aunque colaboraron estrechamente, por los gobiernos de EE.UU., Australia y Canadá. En este documento se señala que el 35% de las tierras agrícolas del Planeta están seriamente degradadas por los métodos de cultivo convencionales y que se requiere que se descontinúen estos métodos puesto que con la degradación ambiental vigente, el crecimiento poblacional anticipado para las próximas décadas, el efecto del cambio climático producto del calentamiento global, se anticipa una gran escasez de alimento para la población global. Es decir, que está amenazada la seguridad alimentaria de múltiples naciones, y esto incluye a Puerto Rico.
Los autores del IAASTD plantean que si se continúa con las prácticas actuales, la humanidad se enfrenta ante una gestión de desarrollo que contará con menos recursos de agua, menos tierra arable, un incremento de los conflictos en las políticas de usos de terrenos, una seria pérdida de la diversidad biológica, de la genética de las especies y de los ecosistemas; un aumento sustancial en la contaminación y una potenciación del cambio climático. Se reconoce que, paradójicamente, la práctica de producción de alimentos actual contribuye al cambio climático de forma sustancial y directa al producir grandes cantidades de gases de invernadero, pero que a su vez se afecta por éste como consecuencia de los cambios en precipitación (sequías e inundaciones), por la intensificación de eventos meteorológicos extremos (tormentas y huracanes), y por la salinización de acuíferos costeros producto del alza en el nivel del mar, entre otros factores. Advierten estos expertos que la práctica agrícola actual compromete la disponibilidad de alimentos lo que de forma directa tiene un efecto en el alza de los precios, de manera que ambos factores constituyen barreras importantes del acceso a la alimentación de muchas naciones. Es claro que serán más vulnerables aquellas naciones que tengan menos capacidad política y económica para ejercer influencia en los mercados y en el juego geopolítico que toda esta situación plantea. Esta comisión resalta la importancia de que los países mantengan y protejan su seguridad alimentaria. La FAO define seguridad alimentaria como aquella “situación que existe cuando todas las personas en todo momento, tiene acceso suficiente, tanto físico, como social y económico, a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas diarias así como sus preferencias de alimentos que posibiliten una vida activa y saludable”. Define además, la soberanía alimentaria como “aquel derecho que tienen los Pueblos, y la soberanía de los Estados, para de forma democrática, determinar sus propias políticas agrícolas y de alimentación”.
Es de todos conocidos que Puerto Rico importa mucho más del 80% del alimento que consumimos. También es cierto que por décadas hemos seguido una política negligente en la protección de las tierras agrícolas, muchas de las cuales las hemos inhabilitado como resultado de un proceso de urbanización irracional e incoherente. Además, es cierto que Puerto Rico está subordinado a las políticas de desarrollo agrícola que determina el Congreso federal unilateralmente y que el País está privado de ejercer su soberanía para comprar o vender en el mercado internacional a menos que lo autorice un burócrata en una agencia federal. La situación global que aquí se plantea inevitablemente hará crisis en el País en los próximos años. Puerto Rico tiene que establecer una política de soberanía y seguridad alimentaria de forma urgente y esto tendrá que hacerlo en un contexto de soberanía política. La soberanía alimentaria exige la soberanía política de la nación puertorriqueña. Debemos mirar con preocupación y con un gran sentido de responsabilidad la situación que ya afecta a países cercanos al nuestro. Esta generación tiene la responsabilidad de habilitar las condiciones objetivas para asegurar en bienestar de las próximas generaciones. Nos amenaza la posibilidad de hambre. El tiempo para la acción se nos está acabando.
* El autor es profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico y fue miembro de la Junta de Planificación de Puerto Rico.
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