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Tiempo para construir una nueva conciencia |
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Comentario
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Noel Colón Martínez
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Muchos amigos se sienten perplejos ante el reexamen que está haciendo una parte del liderato del Partido Popular Democrático (PPD) sobre el futuro de las relaciones políticas con Estados Unidos. La explicación dada por el Gobernador con motivo de la última asamblea de ese partido sobre el problema que le planteaba a Puerto Rico la ampliación de jurisdicción federal en la Isla y la absorción de áreas de autoridad que se han extendido hasta fijar el precio de la leche, dejó a muchos Populares repensando la situación colonial que padecemos. Ese reexamen se da en momentos en que por otro lado se están buscando alternativas para forzar que la situación se modifique.
Aníbal Acevedo Vilá parecía decir que los americanos los han cogido de lo que no son y los han hecho creer que este status tiene capacidad de crecimiento cuando no lo tiene, y los han hecho decir cosas que nunca debieron haber dicho, como cuando dijeron que con el Estado Libre Asociado se había puesto fin al colonialismo y se había creado un sistema de cambios futuros basados en el mutuo consentimiento. Todo el discurso anterior apuntaba a que Estados Unidos actuaría para curar las deficiencias notables del proceso de 1952 y que se respetaría la voluntad de nuestro pueblo cuando éste decidiera pedir cambios. El Gobernador sabe que los cambios se empezaron a pedir casi instantáneamente con el cierre de la Convención Constituyente y ni los esfuerzos del doctor Antonio Fernós Isern, Luis Muñoz Marín o Rafael Hernández Colón, tres actores principales en los esfuerzos de cambio político dentro del PPD, produjeron resultados positivos.
El problema del PPD ha sido que para bailar se necesitan dos, para ponerlo en términos bien tropicales. Muñoz se retiró de la Gobernación en 1964, un año antes de que su amigo John F. Kennedy le diera un manotazo al autonomismo cuando su representante expresó ante el Congreso la imposibilidad de la permanencia del ELA, que era la versión de entonces para lo que ahora se denomina como un status que no es viable dentro de la Constitución de Estados Unidos. “Pero vamos a ver lo que podemos hacer...” pareció decirle el americano para entretener al puertorriqueño y de ahí salió una Comisión de Status (1964) que nos hizo una radiografía que terminó en un plebiscito (1967) de puro corte colonial que dividió al PPD y le costó las primeras elecciones en sus primeros 24 años de vida electoral.
Luego esporádicamente nos surgían todo tipo de planteamientos dándole vueltas a la obstinada idea de que el ELA podía ser permanente como una modificación de todo el sistema federal. Pero el socio no bailaba ese son y para bailar se necesitan dos. Es más, han dicho siempre que el ELA tiene peculiaridades que de reconocerse su permanencia, en cierto modo, desestabilizaría el sistema federal por varias razones. Podrían haber dicho lo contrario si lo hubiesen querido decir porque en última instancia ellos interpretan su constitución como les parezca conveniente a su interés nacional. Pudieron haber creado un sistema territorial por legislación así como su Tribunal Supremo creó la categoría de territorio no incorporado que nos cobija. Lo hicieron los jueces sacando un conejo de un sombrero... y con eso hemos tenido que vivir. Con esa categoría colonial continuamos sin que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se inmute frente a los grandes cambios que han producido en el mundo los esfuerzos anticoloniales dirigidos por Naciones Unidas.
De modo que le ha correspondido a esta generación de Populares enfrentarse al problema desde otra perspectiva. El ELA no es viable constitucionalmente, ha repetido el americano en momentos críticos de nuestras luchas electorales. En el momento actual los Populares están en vías de renunciar a los plebiscitos y a los referéndums, a las comisiones y los proyectos congresionales, a los grupos interagenciales y hasta a los programas de los partidos de Estados Unidos. Se han dado cuenta que no cumplen, y están de buena fe y por necesidad apoyando una Asamblea Constitucional de Status que es el producto de las deliberaciones del Colegio de Abogados y que le restituyen a estos procesos de libre determinación los ingredientes necesarios de transparencia, porque el Colegio hace estas aportaciones desde la más amplia diversidad y con el mayor respeto a la divergencia y a los encontrados intereses que se van conciliando en un filtro de racionalidad, paciencia y respeto.
Pero va más lejos en este momento el PPD. Se ha unido a todo el independentismo en la demanda de que se revise nuestro caso colonial en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobernador ha acudido ya a Naciones Unidas y ha reclamado que se eleve el caso sin haber expresado reservas o condiciones. Todos en el PPD tienen que saber que si el caso de Puerto Rico se discute en ese foro o en la Cuarta Comisión, tanto Estados Unidos como Puerto Rico tendrán que cargar con la responsabilidad de aquel funesto engaño a Puerto Rico que representó todo el trámite que concluyó con sacar a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos aludiendo a los cambios que supuestamente supuso la aprobación de nuestra constitución en 1952.
Ahora se está discutiendo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto del Congresista Serrano y de Luis Fortuño que ha sido enmendado para que una de las posibilidades del proceso sea la convocatoria de una Asamblea de Status. Ya las aguas están subiendo porque el americano también está reconociendo, en un proyecto que no apoyamos pero que recibió el aval del Comité de Recursos Naturales de ese cuerpo, que Puerto Rico tiene el derecho inherente a convocar una Asamblea Constitucional de Status y que al optar por ese mecanismo el Congreso deberá tomar medidas para colocar a Puerto Rico fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos.
Fortuño tiene problemas con ese proyecto porque uno de los Republicanos más influyentes de ese Comité Congresional, John Duncan de Tenessee, sólo recomendaría que se limitara el Congreso a reconocer el derecho de los puertorriqueños a hacer la convocatoria sujeto a las leyes de Puerto Rico y como iniciativa única de los puertorriqueños. Eso es lo que entendemos que harán finalmente pero por ahora la intervención de Fortuño, como autor de la medida, impide las enmiendas que lo convertirían en un proyecto que podríamos manejar en Puerto Rico. El empecinamiento de Fortuño producirá la derrota de su proyecto finalmente. El historial legislativo es claro en el sentido de que Fortuño, bajo ninguna circunstancia reconocería la iniciativa puertorriqueña. Él solo reconoce la iniciativa congresional. Por eso decimos que la estadidad es la culminación del coloniaje.
Quiéranlo o no, éste es el tiempo de la definición, de la autodeterminación política y de la búsqueda de la soberanía, que es como la búsqueda del poder en manos de los puertorriqueños.
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