Indudablemente las recientes acusaciones contra el Gobernador han provocado gran indignación entre un sector importante del pueblo puertorriqueño que, más allá de la corta visión político-partidista estiman que se trata, una vez más, de un atropello contra nuestro país por parte de las autoridades federales. No obstante, con relación a estos hechos, es fundamental preguntarnos qué factores propiciaron que los federales se lanzaran a la caza del Gobernador de Puerto Rico, con el riesgo de la potencial desestabilización política que ello implicaría. A mi juicio, son varios los factores que explican tal acción por parte del gobierno de Wáshington.
En primer lugar, Aníbal Acevedo no cuenta con un padrinazgo político dentro de las esferas del PPD. Su enfrentamiento con José Alfredo Hernández Mayoral, por la candidatura a Comisionado Residente y sus posteriores desavenencias con la gobernadora Sila María Calderón, le ganaron a Aníbal la enemistad de un sector político poderoso e influyente dentro de esa colectividad. Con esa ruptura Acevedo Vilá, se convirtió en una especie de paria político dentro de su propio partido. Esto explica en gran medida la debilidad de su liderato en el interior de esa organización política.
Esta situación es fundamental en las intenciones de los federales en iniciar y continuar un proceso investigativo contra el Gobernador. Cabe preguntarse, ¿qué hubiese sucedido si personajes como Rafael Hernández Colón hubiesen colocado del lado de Aníbal su influencia política para tratar de disuadir la agenda de los federales contra este último? El ex gobernador emitió unas tibias manifestaciones con respecto a las acusaciones mientras su hijo, José Alfredo, realizó unas contundentes declaraciones contra la supuesta estrategia de Aníbal para enfrentar las acusaciones. Explosiva combinación, ¿no? Por otra parte, otro factor, el cual ha sido señalado por distintos analistas, es el antagonismo con las autoridades federales que ha protagonizado Aníbal Acevedo y, posteriormente el gobierno de Puerto Rico bajo su mandato. Ejemplo de esto son los casos de la salida de la Marina de Vieques y la oposición a la aplicación de la pena de muerte a nivel local. Sin embargo, dos asuntos adicionales son los causantes del mayor enojo y la ira de los federales en Puerto Rico y que estimo fueron esenciales en su cruzada en contra de Aníbal. Por un lado, tenemos los eventos con relación al asesinato de Filiberto Ojeda Ríos. La decisión del Departamento de Justicia de investigar las actuaciones del FBI, sin duda, colocó a Aníbal en franca confrontación con el organismo históricamente más represivo en nuestra condición de colonia estadounidense. A esto se une el colateral de la agresión de los agentes federales contra los periodistas, evento que también fue motivo de una pesquisa por parte del gobierno de Puerto Rico.
El otro asunto se relaciona con el llamado caso de los “pipazos”. El Tribunal Federal de manera temeraria, prepotente y obstinada, pretendía alterar el resultado de las elecciones y colocar a Pedro Rosselló en la gobernación. Ese burdo intento le costó un monumental regaño al juez Daniel Domínguez y, de paso, al Tribunal Federal local en decisión que emitió la Corte del Primer Circuito de Boston. Sin lugar a dudas, este evento en particular frustró y exacerbó grandemente los ánimos de muchos de los jueces de ese Tribunal. Es así que, “como” si se tratara de un capítulo de la serie “Law & Order”, en su enfrentamiento con el FBI y la Corte Federal, Aníbal se hizo de enemigos de las autoridades coloniales responsables tanto de “investigar” como de “procesar” a los “delincuentes”. Mortal combinación para el gobernador de una colonia, ¿no?
El último factor concierne al interés del gobierno de Wáshington en mantener polarizado el país utilizando como instrumento mediático el partidismo político. Sin duda alguna la acción de los federales tiene como uno de sus objetivos principales castigar al Gobernador por retar su autoridad y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a la población sobre las consecuencias de asumir posturas similares. Siempre un imperio quiere dejar bien claro quién es el que manda en una colonia y gusta de la intimidación para recordarlo. Sin embargo, con las acusaciones a Aníbal Acevedo y personas ligadas a su comité de campaña los federales, particularmente algunos jueces y fiscales estadistas del Tribunal Federal, pretenden vender la idea al pueblo puertorriqueño de que la corrupción gubernamental la practican políticos de los dos partidos principales. Mi hipótesis es que con esta acción los federales, más que la condena de Aníbal, buscan la exoneración de Rosselló y el PNP. Esto con el propósito de forzar al pueblo puertorriqueño a concluir que no hay partidos y políticos más corruptos que otros, por el contrario, la corrupción es un mal de todos. Con sus acciones recientes los federales pretenden alterar la realidad de que el gobierno de Rosselló y su partido representan la época más corrupta en nuestra historia reciente. En su lugar, pretenden proyectar la realidad de que el actual gobierno es igual de corrupto, tanto así, que se arrestó al Gobernador. No es casualidad que la fiscal Rosa Emilia Rodríguez gritara a los cuatro vientos que con este caso (el de Aníbal) las autoridades federales pretenden continuar su incansable lucha contra la corrupción política.
El caso contra Aníbal Acevedo es, sin duda, un típico acto de intimidación y persecución por parte del FBI en contubernio con el Tribunal Federal en Puerto Rico. Pero, ¿qué hacer? Estimo que es un momento de grandes oportunidades. Las recientes acciones de los federales han generado un clima de desasosiego e incertidumbre entre los puertorriqueños. Esto unido a la inestabilidad económica por la que atraviesa el país destaca la necesidad de resolver nuestra condición política. El gran perdedor en toda esta situación es el ELA, porque estas acciones revelan de manera patética nuestra condición colonial. Intuyo que tras estos eventos una parte importante del país, incluyendo muchos miembros y políticos del PPD, tienen una mayor disposición a buscar vías para resolver nuestra condición colonial. Es necesario unir esfuerzos para colocar la discusión del estatus como el asunto político principal de Puerto Rico. Es preciso, más aún, es urgente, destruir la falsa idea de que el “estatus no está en issue”. Basta de esa mentira, el estatus NO está resuelto y es nuestro mayor problema como pueblo.
Asimismo, el independentismo puertorriqueño tiene un papel fundamental en el logro de este objetivo. Considero que la estrategia principal en la agenda del independentismo debe ser, por un lado, concienciar a los puertorriqueños de que la actual relación política con Estados Unidos es la raíz de nuestros problemas sociales y económicos. Hay que problematizar el asunto de nuestra condición política. Del otro lado, paralelamente, es necesario denunciar que nuestro proceso electoral fomenta un partidismo absurdo que nos distrae, divide y confunde. En estos momentos los partidos políticos representan un obstáculo para nuestras aspiraciones de un mejor país.
Finalmente, nunca he sido partidario de que Wáshington resolverá la situación política de Puerto Rico porque no representa una prioridad en su agenda. Nuestra condición de colonia es un problema que los puertorriqueños tenemos que priorizar y solucionar. En esa dirección es que debemos encaminar nuestros esfuerzos. Afortunadamente, en estos días percibo una gran indignación entre la gente y ése ha sido siempre el principal elemento para que los pueblos se levanten y luchen.
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