|
Claridad en la Nación
|
|
Argeo T. Quiñones Pérez*/Especial para Claridad
|
La elaboración de la nueva Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico según sus proponentes, representa un hito en la historia del país…“el proceso de redacción de la ley debe utilizarse como ejemplo para que el país busque soluciones a sus problemas educativos y sociales” acotaba uno de los signatarios.
Nada más distante de la verdad. En toda la cobertura que recibió el evento resalta la ausencia de representantes de sectores sociales concernidos por el “Desarrollo de Puerto Rico”. Ambientalistas, sindicalistas, líderes y representantes comunitarios y otros, fueron los grandes ausentes en la celebración. No podía ser de otra manera. La nueva ley contiene cambios importantes que impiden contemplarle como una para el “bienestar de Puerto Rico”. De aprobarse, según presentada, trastocaría la situación fiscal del país, la distribución de la carga contributiva y las relaciones en el mundo del trabajo, entre otras cosas.
La página 84, última del documento, contiene el Artículo 4.- “Enmienda a la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948”. Con esta enmienda los negocios exentos bajo la nueva ley y aquellos exentos bajo leyes de incentivos análogas anteriores, pueden, sujeto al acuerdo entre patrono y empleado, redefinir la duración de la jornada de trabajo diaria de modo que las cuarenta horas de duración de la jornada laboral semanal se compriman en cuatro días. Se trata de la infame reforma laboral propuesta por la administración de turno a mediados de los 90 y que todavía, insisten en imponer algunos miembros de la legislatura y del sector empresarial. Esta muestra de intención invita a un examen riguroso de toda la ley. La eliminación de la citada sección no resuelve el problema fundamental de la ley de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios.
Cuando el sector público es dominado por las mentalidades o representantes del sector privado, que temporalmente ocupan puesto públicos, con pocas excepciones, el interés público recibe pobre servicio. Aunque la articulación de un proyecto de desarrollo requiera de la incorporación del sector empresarial en su formulación, el interés social no puede reducirse o equipararse al interés empresarial, como pretende la lógica neoliberal. Cuando se da paso a esa lógica, el estado “liberal” –supuesto árbitro social- se convierte en burdo y descarado instrumento de dominación, al servicio de aquellos que pretenden mantener la competitividad a costa de la explotación desenfrenada del trabajo en nombre del desarrollo.
* El autor es Catedrático de Economía en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
|
