No la consideran una ley para el desarrollo económico del país. Según se presentó la pasada semana, el Proyecto de la Cámara 4350 que alegadamente pretende sustituir la Ley de Incentivos Industriales por una “de incentivos económicos para el desarrollo de Puerto Rico”, lo que realmente hace es “privilegiar a los empresarios”.
Así catalogó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos, el proyecto que durante meses discutieron en privado representantes del gobierno, legisladores de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), e industriales y que excluyó a cooperativistas, ambientalistas, universitarios y sindicalistas.
Esa crítica no se la han ganado en vano, aseguró Santos frente a legisladores en las vistas públicas sobre el proyecto el pasado lunes. Por ello, dijo, el proyecto terminó respondiendo a los empresarios “cuyo interés no es el desarrollo económico de Puerto Rico, sino el aumento de sus ganancias”.
Pero la objeción principal de la UTIER es a lo que señaló como “el mayor mal de este proyecto de ley, la privatización de la Energía Eléctrica”. Ese asunto ha sido denunciado por la UTIER por los pasados 15 años con la privatización parcial de ciertos servicios como el cobro de la facturación, y la compra de energía a empresas privadas para lo que la AEE ha tenido que apagar algunas de sus plantas.
“Ahora”, aseguró Santos, “aparece en este proyecto de ley blanco y negro la privatización de la Autoridad, ya no con la venta de los activos, como hicieron con la Telefónica, ni con la subcontratación, como han venido haciendo. Ahora pretenden simplemente cederla a compañías privadas”. Eso, insistió, podría llevar a que además del 33 por ciento que ya se compra en energía a las compañías privadas Ecoeléctrica y AES, se abra la puerta para ceder al mercado otro 33 por ciento. Y eso, indicó, haría que cerca del 70 por ciento pase a manos privadas.
Santos advirtió que la otorgación de incentivos de hasta 10 por ciento a aquellos negocios que desarrollen empresas de energía renovable es una trampa que le han puesto al proyecto. Se refirió a que es sabido que se proyecta la construcción en la Isla de dos plantas de energía no renovable, una de carbón en el este y otra de gas en el oeste, alegadamente para cederlas a compañías privadas o con un tipo de proyecto combinado entre empresa privada y la AEE. Según argumentó, eso deja ver que el verdadero interés está en beneficiar a ésas de energía no renovable. Así, aparece, añadió, en la sección 2 (H) del proyecto, página 10, que “la producción en escala comercial de energía para consumo en Puerto Rico, mediante el uso de gas natural o carbón, mediante el uso de fuentes renovables, incluyendo pero sin limitarse a: energía solar, eólica, geotérmicas, océano térmicas, océano cinética, hidroeléctrica, bio-masa o hidrógeno o desperdicios sólidos, recuperación de metano o mediante el uso de alta tecnología para producir energía a costos competitivos, incluyendo fusión y plasma”.
De otra parte, Santos mencionó que con la construcción del gasoducto que es otro de los planes de la AEE para extenderlo alrededor de la Isla –de Peñuelas a Aguirre, de Peñuelas a Mayagüez, de Mayagüez a Arecibo y de Arecibo a San Juan– se puede ver que “se permitirá la operación de alguno que otro molino”, pero las intenciones son las de continuar con energía fósil pero privada.
Por otro lado, informó a CLARIDAD que el costo que tendría el subsidio que se les pretende dar a industrias y comerciantes grandes por producir alguna de las energías contenidas en el proyecto es de unos $2,605 millones de dólares, según cuantificó el asesor económico de la UTIER, el economista José Herrero.
Insistió, además, en que si verdaderamente no estuviera en consideración la privatización de “la primera industria del país, la AEE”, el P. de la C. 2168 que tenía como objetivo evitar la privatización de esa corporación pública no hubiera sido vetado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá con el compromiso de someter un proyecto nuevo con el mismo propósito, que aún no ha sido presentado. Igualmente dijo que también el P. de la C. 3606, que permitió la diversificación de la AEE, lo único que le permitió a la AEE luego de costear la instalación de fibra óptica, fue entregarla para que la explotara el sector privado.
El líder sindical fue crítico de la propuesta del proyecto de crear una Administración de Asuntos Energéticos, que considera un órgano de los empresarios, no sólo para proteger sus intereses, sino para controlar a la AEE.
Aseguró que la AEE terminaría pagando el subsidio de hasta un 10 por ciento en el pago de las facturas que se otorgaría a las empresas, y no el fondo general como establece el proyecto. A la larga, de no poder cubrirlo con los ingresos generados de la transmisión y generación de energía, “terminaríamos pagándolo todos” a través del aumento en las facturas residenciales o indirectamente con el aumento en contribuciones, señaló Santos.
Finalmente, la UTIER dejó establecido que “no se opone al uso de recursos renovables, ni a la tecnología utilizada para la generación de energía”. Pero sí se opone a la explotación de la energía por considerarla un “derecho de los pueblos” y no una mercancía más. Santos trajo a colación ejemplos de estados de Estados Unidos donde la desreglamentación de la energía eléctrica no sólo ha encarecido su costo, sino que ha hecho colapsar el sistema en algunos casos. Mencionó a California y Texas, donde se ha encarecido el costo de la energía luego de la desreglamentación. Igualmente recordó los apagones que sufrieron los estados del este de Estados Unidos y más reciente Nueva York, sobre los que alegó que cuando hay muchas compañías privadas, ninguna quiere responsabilizarse por el mantenimiento adecuado de las líneas eléctricas que resulta ser lo más costoso del proceso. Dijo que ha sido así como muchos estados han abandonado la política de desreglamentación de la industria eléctrica. Preguntó retóricamente cómo es que en Puerto Rico se pretende asumir esa política que ha demostrado ser un fracaso.
Santos solicitó a los legisladores que no aprueben el proyecto “como está”. Que en todo caso, eliminen lo referente a la jornada de trabajo reducida, “y lo más importante, la desreglamentación de la Industria de Energía Eléctrica”. Ese tema, enfatizó, debe ser discutido “no sólo por los industriales”, sino “con todos los sectores afectados” entre los que mencionó a las cuatro uniones de la AEE que pueden ayudar en “la discusión, decisión e implantación de una política energética para el país. “Debemos evaluar ampliamente el impacto de esas políticas en otras jurisdicciones y en Puerto Rico para no repetir los mismos errores”, terminó diciendo.
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