“It is important at the outset to avoid any misunderstanding
as to the nature and general scope of the proposed legislation.
Let me say that enactment of (this bill) will in no way commit
the Congress to the enactment of statehood legislation
for Puerto Rico in the future. Nor will it in any way preclude
a future determination by the Congress of Puerto Rico’s
ultimate political status. The bill merely authorizes
the people of Puerto Rico to adopt their own
constitution and to organize a local government...”
Departamento de lo Interior, EUA
sobre el alcance de la Ley 600 de 1950 y la naturaleza del ELA
(This) bill... would not change Puerto Rico’s fundamental
political, social and economic relationship to the United States...
Nor will in any way preclude a future determination by
the Congress of Puerto Rico’s ultimate status.”
Comisión de Terrenos Públicos de la
Cámara de Representantes de EUA, sobre el
alcance de la Ley 600 de 1950 y la naturaleza del ELA
En casi 110 años de dominación colonial, el gobierno de Estados Unidos siempre ha dejado claramente establecido que son ellos los dueños y señores. Así hicieron que se expresara en el Artículo IX del Tratado de París impuesto a España el 10 de diciembre de 1898. Así quedó establecido en las leyes impuestas de 1900 y 1917 —Foraker y Jones—. Así sucedió durante la primera mitad del siglo veinte, hasta que decidieron darle un lavado de cara a su colonia caribeña con la imposición de la ley 600 y así ha sido durante la segunda mitad del siglo veinte, desde la fundación del ELA, y hasta nuestros días.
Ha sido una historia de imposiciones, a la manera republicana, con algún grado de sofisticación cuando se les antoja, con violencia bruta cuando lo prefieren, pero siempre decidiendo ellos y acatando nosotros, independientemente de nuestro parecer.
Ésta es una premisa indispensable, que no soporta interpretación. Es el hecho histórico. Es la realidad concreta, gústenos o disgústenos.
Casi cincuenta y seis años después de la fundación del ELA, casi 110 años después de la invasión y casi 70 años después de la fundación del PPD, el Partido Popular Democrático ha celebrado una asamblea en la que se ha aprobado una resolución cuyo contenido merece nuestra atención; no porque debamos hacernos de ilusión alguna, sino porque ha generado un debate que debe ser de nuestro interés.
No somos incautos. Lo que estaba en juego en esa asamblea era la permanencia de Aníbal Acevedo Vilá como candidato a la reelección y la campaña electoral del PPD. Si se aprobó la resolución mencionada fue gracias a la insistencia de un sector de ese partido, denominado autonomista, de promover un debate que vaya más allá de candidaturas y elecciones.
En dicha resolución, -se reclama la soberanía irrevocable en una asociación con Estados Unidos de carácter no colonial, no territorial y de conformidad con el derecho internacional;
-se exige la creación de un mecanismo para determinar el contorno de esa relación:
-se requiere al Presidente del PPD que acuda ante el Comité de Descolonización de la ONU el próximo 9 de junio, cuando se estará considerando el caso colonial de Puerto Rico;
-y se demanda que se denuncie la renuencia del gobierno de Estados Unidos a tomar cartas en este asunto.
Los estadolibristas suelen utilizar de manera arbitraria e imprecisa conceptos como soberanía, libre asociación, poderes políticos, autonomía y otros. Se refieren al mismo tiempo al derecho internacional y a la autonomía como si lo uno y lo otro fueran compatibles. El temor a la independencia y el sentido permanente de subordinación a Estados Unidos está subyacente en sus expresiones.
Es entonces desde esa realidad tan colonial que debemos valorar lo acordado en dicha asamblea. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo como independentistas? Contribuir a que ese debate sea lo más profundo posible, que adquiera pertinencia en ese sector ideológico como un asunto de primer orden, que trascienda lo electoral y que crezca el reconocimiento de que, sin poderes políticos, este país no va para ninguna parte.
Hay cientos de miles de compatriotas afiliados o votantes del PPD, esos anónimos que no aparecen en radio o televisión, que tienen la sensibilidad y la preocupación suficientes en este momento como para comprender que es hora del reclamo firme y contundente. Han avanzado en el entendimiento del carácter colonial del ELA, del fraude de 1952 y de la urgencia de romper este tranque.
Todo cuanto avance ese debate en la ruta de la descolonización será ganancia. Por eso, sin hacernos de ilusiones, debemos ver con buenos ojos la aprobación de esa resolución, el fortalecimiento de ese sector ideológico en el interior del PPD y todo aquello en cuanto podamos coincidir, desde la diversidad, la amplitud y la diferencia.
Ésa es una de las rutas del crecimiento patriótico y nacional, que deberá conducirnos, por ejemplo, a que se haga realidad la Asamblea Constitucional de Estatus, a superar el tribalismo que nos divide y debilita y a que este pueblo pueda hablar con una sola voz frente al invasor de 1898.
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