Los empresarios están más que felices con el Proyecto de la Cámara 4350, “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, que pretende sustituir la vigente Ley de Incentivos Industriales. Sin embargo, las críticas que recibe el proyecto parecen ir en crecimiento según se van descifrando sus implicaciones.
PIP: Habría menos recaudos
Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato a gobernador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Edwin Irizarry Mora, quien hizo críticas y recomendaciones al proyecto.
Acompañado de Carlos Frontera, asesor económico del PIP, de la senadora María de Lourdes Santiago y del representante Víctor García San Inocencio, Irizarry Mora advirtió la pasada semana en conferencia de prensa que si se aprueba el proyecto como se presentó, contrario a lo que hacen otros países, incluyendo Estados Unidos y a las tendencias modernas mundiales, privilegiaría a las empresas de capital externo por sobre las empresas locales y podría implicar además reducción en los recaudos del fisco.
El también economista catalogó el proyecto como una ley que “copia demasiado la que se ha aprobado desde 1941 y que está vigente actualmente” y aseguró que “tomaron la ley vigente casi textualmente para beneficiar al capital extranjero”.
Las críticas fueron hechas junto a una serie de enmiendas que Irizarry Mora enviaría nuevamente a la Legislatura. El PIP se las había enviado al Comité que preparó la ley pero no fueron consideradas. Proponen que se elimine los privilegios especiales que se le conceden al uso de fuentes no renovables y a la incineración, ya que trata igual a éstas que a las centrales termoeléctricas y generadoras de carbón y gas. Igualmente sugiere que se elimine de la propuesta la jornada laboral reducida, la cual catalogó de inconstitucional. Recomendó que se aumente a 10 por ciento la tasa básica de contribución sobre ingresos que paguen las corporaciones y empresas extranjeras, en lugar del cuatro por ciento. También propuso que a las compañías que quieran continuar operando bajo los decretos vigentes, se les cobre un dos por ciento adicional a la tasa actual. Igualmente insistió en que se eliminen las exenciones a las contribuciones municipales que podrían reducir los ingresos.
Irizarry Mora mencionó como factor negativo que el proyecto propone extender su vigencia por 15 años, cinco más que la ley actual, sin contemplar una revisión de los decretos que garantice que se cumplan los objetivos que se proponen conseguir con la ley, en beneficio del país.
FTPR: Profundizaría las desigualdades
Por su parte, la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR) denunció lo que llamó “el proceso turbio en que se discutió, negoció y radicó” este proyecto de ley.
En un comunicado de prensa, el presidente de la FTPR, José Rodríguez Báez, opinó que aún cuando los portavoces tanto del Partido Popular como del PNP alegaron que el proyecto fue aprobado por consenso, el lenguaje adoptado fue uno patronal que además excluyó a otros sectores, que “interesamos aportar a la elaboración de una nueva política de desarrollo económico para el país”.
Rodríguez Báez denunció que la medida legislativa representa “un catálogo de exenciones y créditos” que reitera la visión de la actual ley de que las grandes empresas aporten cada vez menos al fisco. Anticipó que de aprobarse como se redactó, esta medida legislativa profundizaría la desigualdad en la aportación al erario, ya que las grandes empresas aportarían menos, mientras sobre los trabajadores recaerían nuevos gravámenes para cuadrar el presupuesto del gobierno.
Rodríguez Báez también se opuso al propuesto aumento de ocho a 10 horas de la jornada laboral, aún cuando sea por cuatro días laborables.
MINH: Conspiración para aumentar los privilegios
Por su parte, en declaraciones públicas, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), señaló que “El proyecto de ley 4350, que está bajo consideración de la Legislatura, es una conspiración de las multinacionales radicadas en Puerto Rico, en contubernio con el Gobierno y la Legislatura, para mantener y aumentar los privilegios contributivos de los inversionistas, y de paso privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y colar por la cocina aumentar la jornada de trabajo a 10 horas diarias”.
Los co-presidentes del MINH, Sonia Cepeda, Julio Muriente Pérez y Héctor L. Pesquera Sevillano, criticaron además que en la discusión sobre este tema se excluyera a representantes de los trabajadores organizados, ambientalistas, liderato comunitario y a la sociedad civil. También criticaron que el proyecto proponga exenciones contributivas por un plazo de 15 años.
Para el MINH, “Ese proyecto no es enmendable. No es útil para el pueblo de Puerto Rico. Lo que hace falta urgentemente en Puerto Rico es un nuevo modelo económico, que impulse como prioridad el desarrollo social y la creación de empleos, no el aumento en las ganancias de las multinacionales.”
Según el MINH “lo que tenemos que incentivar en Puerto Rico es la creación de empleos, no la inversión económica. Incentivar la agricultura para dirigir el país hacia la autosuficiencia alimentaria y erradicar la Leyes de Cabotaje.”
CPT: Paralicen el proyecto
La Central Puertorriqueña de Trabajadores anunció también su oposición a este proyecto y reclamó su paralización, a la vez que solicitó la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales en la discusión de un asunto tan importante para el país.
HEEND: No a la jornada de 10 horas
La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico volvió a manifestar su oposición al aumento de la jornada laboral, según había hecho en agosto de 2007 cuando la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes quiso aprobar una medida similar en el P. de la C. 3747 presentada por el representante popular Héctor Ferrer Ríos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
|
