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Claridades
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La tragedia ocurrida en estos días en Juana Díaz vuelve a traer a primer plano el serio problema de violencia contra las mujeres que padece nuestra sociedad. En este caso, las víctimas fueron una joven madre y sus hijitos pequeños, un varón y una niña. Ya en los pasados meses se han sucedido, uno tras otro, varios incidentes similares, donde destacan la virulencia de los asesinos y los modos cada vez más dramáticos que utilizan para perpetrar sus crímenes. Destaca también la inhabilidad de nuestro sistema de justicia criminal para anticipar y prevenir estas tragedias. Las órdenes de protección que expiden los tribunales son uno de los pocos recursos legales con que cuentan las víctimas para intentar detener a sus victimarios. Si el proceso de tramitarlas e implantarlas es tan burocrático que resulta inoperante, entonces es hora de cambiarlo. De poco sirve una orden, prácticamente convertida en letra muerta y perdida en un mar de papeles en la oficina de algún funcionario. Cierto es que, incluso con una orden de protección en vigor, algunas mujeres son asesinadas por sus parejas. Pero, también es cierto que algunas logran con dicho recurso mantener a raya al agresor. Urge que los integrantes del sistema de justicia criminal examinen con seriedad el procedimiento de expedir y poner en vigor las órdenes de protección y tomen las medidas para hacerlo más ágil y eficiente. Urge también que el Senado se deje de politiquería y confirme el nombramiento de Marta Mercado como Procuradora de las Mujeres, reafirmando la importancia de la política pública con respecto a este importante sector de la población. Pero, sobre todo, es urgente que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas cobremos una mayor conciencia de este gravísimo problema social y de la necesidad de ponerle fin en nuestro país.
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