El informe del CCPA es “una estrategia planificada y coordinada para hacerle creer al pueblo de Puerto Rico que en efecto el problema que hay en este país es un gigantismo gubernamental, que no existe. Puerto Rico es un país con una economía en desarrollo y los países en desarrollo tienen que atender un problema de pobreza que en Puerto Rico ya alcanza aproximadamente un 50% aunque la gente no lo quiere aceptar. El rol del gobierno en una economía en desarrollo es precisamente crear empleos y ofrecer servicios básicos, las necesidades que tiene el pueblo, como son salud, educación. Ahora, en la medida en que se convierte en un país desarrollado la empresa puede ofrecer servicios, pero ese no es el caso de Puerto Rico ahora, ni en mucho tiempo”, sostuvo enfático Claudio Crespo.

El Director Ejecutivo de AEELA describió como nefastas para los empleados públicos y para el pueblo en general las repercusiones de la privatización. “Aquí no se está hablando de que van a consolidar agencias o que van a privatizar determinados servicios para ver si funcionan mejor. Aquí están hablando de privatización a gran escala”. Denunció que las recomendaciones de privatización se “adornan como que van a generar grandes economías, pero por otro lado sabemos que la privatización lo que significa es poner los servicios en manos de gente que no sabe lo que es el servicio público”.

La cantidad y el perfil de las agencias propuesta por el CCPA para su privatización sorprenden por lo sensible del trabajo de algunas de éstas, como son Departamento de Educación (DE), Departamento de la Familia (DF), Compañía de Parques Nacionales (CPN), Universidad de Puerto Rico (UPR), y Fondo Seguro del Estado (FSE). Propone también la eliminación de todas las procuradurías. Recomienda que se les elimine al Consejo General de Educación y al Consejo de Educación Superior el subsidio del Fondo General y que le cobren a las instituciones educativas por sus servicios. Propone también que se elimine la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR Radio y TV), que se privatice el Centro Cardiovascular y que el Gobierno “venda las propiedades que estén innecesariamente, en manos públicas”.

Los entrevistados denunciaron que el estudio del CCPA no tiene base científica para sostenerse. “Estamos hablando de que una compañía que va a cobrar por administrar los servicios sociales de un país, en el caso del Departamento de la Familia, nunca va a procurar que esa familia salga de su crisis, porque mientras haya crisis seguirá cobrando. Estamos hablando de que si queremos que la problemática social se erradique la empresa privada va a perpetuar el deterioro para mantener el contrato de servicios”, aportó Lebrón, quien trabaja en el Secretariado de dicha agencia. Recordó que en la agencia se intentó en el pasado privatizar algunos servicios como el de emergencias e intervención en crisis y no lograron su objetivo.
En tanto, el Director Ejecutivo de AEELA cuestionó las motivaciones de algunos sectores del país para proponer una privatización motivada por un llamado gigantismo gubernamental. “La pregunta es si existe ese gigantismo. Eso no existe. Tenemos datos comparando Estados Unidos con Puerto Rico que demuestran que no hay tal gigantismo gubernamental”.

Reveló que el estudio conocido como el Informe Brookings publicado en el 2006 por el Centro para la Nueva Economía (CNE) tiene datos que compara que el sector público de la Isla es de 9.3% mientras que en Estados Unidos es de 10.6%. “Entonces, ¿hay gigantismo gubernamental en Estados Unidos? ¿Hay alguien en Estados Unidos diciendo que hay que reducir, eliminar agencias? Yo no he visto eso en ningún sitio, pero en Puerto Rico lo usan como caballo de batalla para destruir el servicio público porque lo que se pretende es achicar la nómina del gobierno para que los grandes intereses paguen menos contribuciones, ganen más y paguen menos”, declaró indignado Crespo Claudio.

AEELA, que publicó un manifiesto público rebatiendo las propuestas de los Contadores Públicos, describió su documento como uno atrevido, pero a su vez necesario, que ha impresionado al país. “Vamos a partir de la premisa de que a lo mejor nosotros no tenemos la razón, pero hay que traer el asunto a la mesa de discusión para comprobar científicamente si tenemos o no tenemos razón. Y los datos nuestros apuntan a que tenemos razón en lo que estamos señalando”, reiteró el Director Ejecutivo con el respaldo de su Junta de Directores.

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Otros datos del estudio del CNE citado por AEELA para rebatir la falsa impresión de que aquí hay un gigantismo gubernamental es una comparación de la tasa de empleo de las personas de 16 años o más entre Estados Unidos y Puerto Rico para el 2000. De acuerdo a los datos, la tasa de empleo total en Puerto Rico de las personas consideradas adultas es 37.5%. Donde está el contraste es en el empleo en el sector privado, donde en Puerto Rico es 28% y en EU es de 58%. “Esto lo que significa no es que haya muchos empleos en el sector público, lo que significa es que el sector privado no está creando los empleos que necesita el país. Así que lo que tiene que hacer el sector privado es crear empleos, pero no a costa del servicio público”, reclamó el portavoz de los empleados públicos.

Sin disminuir en su asombro e indignación, los directivos de AEELA describieron como inconcebibles las propuestas del CCPA de privatizar agencias como la UPR, la ACAA, el FSE y la CPN. Como una referencia del sentir de los empleados públicos, comentaron que la Asamblea de Delegados que aprobó la publicación del manifiesto lo hizo de manera unánime. “A ningún empleado público le pasa por su cabeza que eliminen su agencia y de que con una administración privada va a funcionar mejor”, expresó Lebrón.

El Director Ejecutivo de AEELA reconoció que es necesaria una reestructuración en el Gobierno, aunque llamó la atención de que “la reestructuración de la que hablamos es que hay que hacer un estudio comprehensivo de las agencias gubernamentales y los problemas que tiene el país, hay que reubicar, readiestrar, redistribuir empleados según las necesidades que tiene el país. Eso es lo que hace la misma organización privada cuando tiene un problema. El Gobierno tiene que hacer lo mismo, lo que pasa es que tiene que haber la capacidad y tiene que haber la voluntad. No hay duda de que el servicio público, los empleados públicos, los sindicatos, las organizaciones que representamos a los empleados públicos, también tenemos que poner de nuestra parte porque nosotros, de una manera u otra, tenemos que valorar por encima de todo el servicio público, lo que significa. Hay que honrar el servicio público, no es uno pelear por intereses particulares siempre”.

Al apuntar que hay mucha gente que permanece callada porque está logrando para su sector lo que quiere, exhortó a que primero se piense en el país. Apeló a que AEELA “somos una sombrilla grande donde cobijamos a todos los empleados públicos por igual, no importa si son unionados, gerenciales, sindicados, nosotros vemos el marco completo. Pero también tiene que haber el compromiso del empleado público de aportar. Los empleados están deseosos por participar y aportar, especialmente los de nivel intermedio, que son los que realmente mueven la rueda todos los días”.

Entre las pretensiones del sector privado de apoderarse de actividades o servicios del Gobierno, están los intentos de la banca en Puerto Rico el año pasado de que se eliminara la misma AEELA. La entidad, con 91 años de existencia, tiene casi 200 mil asociados empleados públicos y un capital de 2 mil millones de dólares.

Crespo Claudio cuestionó si el informe del CCPA y la amenaza que representa viola los principios éticos de la profesión de los contadores. “No soy CPA, ni abogado, pero a mí me parece que debieron haber hecho un estudio más profundo de las implicaciones de estas propuestas antes de lanzarlas como las lanzaron”.


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