No puede haber otra interpretación. La forma sigilosa en que el Senado aprobó el martes 24 de junio, mediante el mecanismo de descargue, el proyecto de ley 2177 que pretender robarle los terrenos al Fideicomiso de la Tierra del Caño de Martín Peña, responde a la codicia de inversionistas del gran capital. Mientras ese mismo martes dos periódicos del país destacaban lo novedoso del proyecto del Fideicomiso, la oportunidad y el esfuerzo comunitario que representa para los residentes de las comunidades pobres que circundan el Caño de Martín Peña, la Legislatura le daba el golpe.
El Fideicomiso de la Tierra del Caño de Martín Peña (FTCMP) fue creado mediante la ley 489 del 24 de septiembre de 2004. Esta ley permitió la transferencia de 200 cuerdas de terreno a la corporación cuasi pública Proyecto ENLACE, también creado por la ley para la administración del Fideicomiso. Con el Fideicomiso se pretende legalizar el derecho a uso de la tierra de sus residentes, asegurar la permanencia de las comunidades y el acceso a una vivienda digna. En marzo de 2006 la Junta de Planificación adoptó el Plan de Desarrollo Integral y el Plan de Usos de Terreno para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña. ENLACE es la llamada a integrar todos los aspectos de desarrollo urbano, social y económico de las G8, que representa las comunidades de Barrio Obrero, Barrio Obrero Marina, Buena Vista de Santurce, Península de Cantera, Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas y Buena Vista de Hato Rey.
A las comunidades y los miembros de ENLACE les tomó por sorpresa la aprobación del proyecto. “No lo sabíamos” fue la primera reacción de la directora ejecutiva de ENLACE, Lyvia Rodríguez del Valle. La idea del Fideicomiso no surgió de la noche a la mañana. Los residentes de las comunidades que conforman el Grupo de las G8 sostuvieron 700 reuniones para lograr dar forma al proyecto.
“Siempre hemos vivido bajo la amenaza de desalojo”, expresó Juanita Otero Barbosa, ante el atentado contra el Fideicomiso. Sus 55 años de vivir entre los sectores de Israel-Bitumul y su trabajo de maestra le permiten a esta líder comunitaria conocer al dedillo la historia de las comunidades que circundan el Caño de Martín Peña.
La Directora Ejecutiva de ENLACE relató que los primeros intentos de eliminar el Fideicomiso fueron en el 2006. En ese momento se propuso enmendar la ley para eliminar la manera en que se compone la Junta de Directores de ENLACE. La Junta de Directores de ENLACE o G8 (como se conoce entre los residentes) debe estar integrada por un mínimo de 11 personas, seis nombrados por el Gobernador y cinco por el Alcalde. De los designados por el Primer Ejecutivo dos deben ser residentes del G8. De los nombrados por el Ejecutivo Municipal tres también deben ser residentes. Los candidatos son suministrados por la misma comunidad mediante el método de terna. Los nombramientos son escalonados a seis años.
Lo segundo que la Legislatura buscaba era cambiar el Artículo 16 que obliga a las agencias y corporaciones públicas a traspasar al Fideicomiso el excedente de sus terrenos en el sector. La Legislatura pretendía estipular el traspaso de forma voluntaria.
“En ese momento la Junta de Directores (de ENLACE) se opuso y el liderato comunitario se movilizó y se movió cielo y tierra para evitarlo. Lo más interesante fue cómo se trascendió las divisiones políticas y más de 80 líderes se opusieron, y todas las comunidades”, recordó Rodríguez del Valle. En aquel momento (2006) aunque el proyecto se aprobó en la Cámara, se quedó pendiente en el Senado.
“Yo estuve en todas las reuniones que se dieron con los legisladores y todos indicaban que estaban a favor de la comunidad y que no iban a aprobar el proyecto. Ahora lo presentan en la última sesión del cuatrienio y lo tiran por descargue por lo que no hubo oportunidad de que la comunidad reaccionara”, denunció Doña Juanita.
Ahora los legisladores fueron “bien creativos”, describió la Directora de ENLACE. Se refirió a que los legisladores han pretendido hacer creer que la ley aprobada en esta sesión es para corregir un error de la anterior. Esto es sólo una treta según se desprende del análisis legal de los asesores de la comunidad, los profesores de Derecho licenciados Michel Godreau y Érika Fontánez. La exposición de motivos de la actual ley dice que no puede haber una transferencia de título “automáticamente con la aprobación de una ley”. Los expertos en Derecho rebaten que el “artículo 16 de la Ley 489 sustituyó el requisito de la tradición (en este caso la transferencia de la propiedad mediante escritura pública) por la transferencia automática de títulos a la Corporación (ENLACE), en armonía con la Sec.9 del Art. VI de nuestra Constitución”.
En segundo punto, en ausencia de una prohibición constitucional, la Asamblea Legislativa es quien dicta las pautas a base de las cuales se transfieren propiedades y los fondos públicos. A lo anterior hay que traer a la atención que la Asamblea Legislativa en otras ocasiones ha transferido mediante legislación títulos de propiedades patrimoniales del Estado de una agencia pública. La transferencia no requiere de una escritura pública para que se materialice.
Según el análisis de los profesores, en el proyecto aprobado este martes al eliminar el Artículo 16 de la ley 489 lo que de facto se constituye es una expropiación dado a que los títulos de las propiedades forman parte del patrimonio de la Corporación del Proyecto ENLACE. En estos momentos se supone que la medida se encuentra ante la consideración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
“Aparentemente muchos legisladores votaron sin estar conscientes de las consecuencias del proyecto, así no se puede legislar”, comentó el trabajador social comunitario de ENLACE, Alejandro Cotte. El hecho es que en el Senado los únicos legisladores que votaron en contra del proyecto fueron Sila María González Calderón, Jorge Suárez Cáceres y Cirilo Tirado Rivera. El resto votó a favor a excepción de los ausentes Roberto Arango, Héctor Martínez, Carmelo Ríos y Pedro Rosselló. En la Cámara, a excepción del Presidente, que se abstuvo, toda la delegación PNP (27) votó a favor del proyecto, mientras los miembros de las delegaciones PPD y PIP (18 votos) votaron en contra.
El futuro del Caño
“El concepto del Fideicomiso pone en manos de la comunidad unos terrenos que hoy día pudieran estar a precios deprimidos porque están al lado de un caño contaminado de inviabilidad que es justamente el problema que hay en el Caño Martín Peña, pero le va a dar la oportunidad a la comunidad de ser protagonistas, no de boca, sino con poder, porque serán el mayor terrateniente en la zona de San Juan”, manifestó Rodríguez del Valle.
El secreto es que las ahora 200 cuerdas de terrenos mal olientes del Fideicomiso, muchas de ellas sin alcantarillado, una vez dragado el Caño se convertirán en el frente acuático más importante de San Juan. Con el dragado del Caño de Martín Peña, éste se convertirá en una vía acuática navegable para propósitos recreativos y turísticos que conectará el área de la Laguna de Condado, la Bahía de San Juan, el Centro de Convenciones y hasta Piñones.
“Eso es el sitio más hermoso que tú te puedas imaginar”, expresó Rodríguez del Valle. No hay dudas de que ante esas proyecciones haya intereses que busquen el desplazamiento de las históricas comunidades que circundan el Caño. La población de las comunidades del G8 se estima en casi 27 mil personas, lo que representa mucha más población que algunos pueblos de la Isla.
“La gente está consciente de que hay que recobrar el estuario pero para quién. Justamente por la conciencia de la comunidad fue que se logró el Fideicomiso”, reiteró la Directora de ENLACE.
“El Fideicomiso es el instrumento más importante que tiene la Corporación para poder desarrollar el Plan de Desarrollo Integral que a nosotros nos interesa porque es precisamente el devolverle la vida a tantos seres humanos que ya de por sí somos seres dignos de enfrentar nuestros problemas con la mayor tradición de dignidad humana. Para mí es sumamente importante que exista el Fideicomiso para que con el paso del tiempo la tierra no vaya a pasar a manos de especuladores porque una vez se drague el Caño nosotros sabemos que esas cosas se pueden dar. A la gente se le puede olvidar en un momento dado lo que significa esa tierra a la luz de un dinerito. Es importante que se pueda mantener ese espíritu de comunidad”, reclamó la líder comunitaria de Israel-Bitumul.
Sin descartar movimientos de presión para evitar que el Gobernador firme el proyecto, los residentes del G8 continúan con sus planes de autogestión. Para el mes de agosto esperan llevar a la discusión de las comunidades el Reglamento del Fideicomiso, el cual contó con el asesoramiento de las licenciadas María Hernández Corrales y Lourdes Alfonso Grajales. “Aquí no hay improvisación, hay un plan que fue discutido y aprobado por la comunidad. Inversionistas que quieran venir están invitados pero la tierra es nuestra”, manifestó con firmeza Rodríguez del Valle, quien también es residente del sector.
La figura legal del fideicomiso de tierras existe en otras partes del mundo. En Estados Unidos hay 110 de ellos en 31 estados, entre éstos uno en “Dudley Street Neighborhood”, en Boston, Burlington en Vermont y Alburquerque en Nuevo México.
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