Que nuestros legisladores del PNP y el PPD son un lastre, parece ser el consenso nacional. Encuesta tras encuesta, la opinión de los entrevistados les otorga las peores calificaciones. Los medios de prensa truenan contra sus excesos. Los ciudadanos protestan contra sus desmanes y ya se ha convertido en rutina el dar cuenta pública de sus reiterados disparates y metidas de pata, así como de la pobreza de su producción legislativa. Sin embargo, nada de eso parece hacer mella en ellos. Seguros y confiados de que los electores de sus respectivas tribus votarán por ellos en noviembre no importa qué, ellos siguen asentados en la parte ancha del embudo, disfrutando alegremente todos sus beneficios y despilfarrando los dineros del pueblo en aceitar su maquinaria política.
La más reciente hazaña del Presidente de la Cámara, José Aponte, comprueba el proceder que denunciamos. Casi al filo de cerrar la presente sesión legislativa, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para comprar un nuevo edificio para su uso por la friolera de $8.9 millones. Por sí sola, dicha acción representa una burla a este pueblo sumido en la peor crisis económica de años recientes. Pero lo es aún más, porque se asegura que el edificio en cuestión pertenece a la familia de Tomás Habibe Arias y Tomás Habibe Vargas, empresarios ex convictos por corrupción en el sonado caso de fraude al proyecto de digitalización del catastro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Cuestionado sobre la posible ilegalidad de realizar negocios con personas convictas de cargos de corrupción, Aponte se zapateó del asunto y pasó la papa caliente a sus asesores legales, a quienes, según él, corresponde evaluar la legalidad de dicha transacción. Mientras Aponte impulsa vigorosamente la compra del nuevo edificio, aduciendo que la Cámara de Representantes necesita el espacio, hay cientos de entidades sin fines de lucro, dedicadas al trabajo comunitario o cultural -como lo son Casa Protegida Julia de Burgos, Casa Aboy e Iniciativa Comunitaria, entre muchas otras- que hacen malabares para poder seguir prestando sus esenciales servicios con los fondos limitados que la Legislatura les asigna, lo que nos confronta con la pertinente pregunta: ¿Hasta cuándo nos durará la paciencia?
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