Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico los abogados “están obligados a evitar ataques injustificados contra los jueces”. Obviamente, nadie puede estar en desacuerdo con esa afirmación, pero ¿qué hay de los justificados? Siguiéndole la lógica a esa afirmación de la curia boricua, debe concluirse que los ataques justificados serían aceptables y bienvenidos.
El problema que tienen los abogados es que son los propios jueces, en particular los del Supremo, quienes se arrogan el derecho de decidir qué es o no es justificado, y como se trata de una valoración siempre subjetiva, ya puede imaginarse usted el resultado. Ellos, cómodamente ubicados en el Olimpo de Puerta de Tierra, siempre tendrán la razón y se reservarán, también por siempre, el derecho y la oportunidad de disciplinar a quienes osen criticarlos. Es decir, serán siempre ellos quienes decidirán cuándo una crítica es aceptable y cuándo se convierte en un ataque injustificado.
Desde hace bastante tiempo el Tribunal Supremo decidió que tiene el “poder inherente” para disciplinar a los abogados y para reglamentar su práctica y, amparados en ese poder que se adjudican a sí mismos, reparten latigazos cuando quieren. Inherente quiere decir, según el Diccionario de la Real Academia Española, que “por naturaleza pertenece a”, es decir, nadie le dio ese poder al TS, sino que un día ellos decidieron que lo tienen por ser quienes son y desde entonces lo están usando.
Una vez se adjudicaron el poder de disciplinar, crearon un procedimiento que comienza con la presentación de una queja. A veces le dan paso a la queja, en otras ocasiones la desestiman y, para mi sorpresa, acabo de enterarme de que existe un tercer curso de acción mediante el cual reparten latigazos mientras desestiman. Dicho de otra forma, formalmente desestiman la queja porque resulta ser frívola e improcedente, pero de paso, aprovechando el poder de la palabra impresa taladran la reputación del quejado poniendo en blanco y negro los ataques que le tenían guardados. Es puro desahogo, casi desquite.
Ese tercer curso de acción –la desestimación de una queja acompañada de fuertes latigazos– lo acaba de emplear el Tribunal Supremo nada menos que contra el Secretario de Justicia de Puerto Rico, Roberto Sánchez Ramos. El mismo día en que hicieron pública la sentencia favorece a los desarrollistas del proyecto Paseo Caribe, notificaron su decisión en torno a una imputación ética que un político del PNP había levantado contra el Secretario. ¡Vaya coincidencia! El tribunal desestimó la queja pero simultáneamente la emprendió contra Sánchez imputándole hacer ataques injustificados contra la judicatura.
La queja estaba ante el TS desde hacía más de un año y si la iban a desestimar por improcedente es algo que debieron haber hecho hace bastante tiempo, pero se reservaron la piedra para dejarla caer en un momento muy oportuno. Tal vez sabían que, al fallar a favor de Arturo Madero, les vendría encima un aluvión de críticas y que era el momento ideal para lanzar su advertencia.
La base para la queja contra Sánchez Ramos fueron unas declaraciones suyas que señalaban que en los tribunales de Puerto Rico se impartía justicia con “dos varas”. Como se recordará, el Secretario hizo sus declaraciones a raíz de la desestimación de los cargos criminales presentados contra el ex gobernador Pedro Rosselló, quien había logrado que se le concediera una pensión vitalicia gracias a la presentación de varias certificaciones falsas.
Decir lo que dijo Sánchez Ramos no es ninguna falta ética. Esa imputación se les hace a los sistemas judiciales desde tiempos inmemoriales y nadie puede ser sancionado por repetirla. En el caso de Puerto Rico, luego de algunas décadas litigando en sus tribunales, puedo ratificar lo que dijo Sánchez. Existen dos varas y no porque los jueces sean corruptos. Nunca he conocido uno con ese defecto. Las dos varas son resultado del poder económico y del poder político, de las influencias y de la capacidad de intimidar que tienen ciertos litigantes, junto a la debilidad de carácter de algunos jueces.
La capacidad para intimidar surge, además, de la manera en que se producen los nombramientos judiciales, siempre en manos de los políticos. El caso de Rosselló fue un gran ejemplo de todo esto y sólo hay que recordar la cadena de inhibiciones de magistrados que se produjo antes de que el asunto se adjudicara. Por eso fueron muy acertadas las afirmaciones del Secretario de Justicia. Existen dos varas, una para el ciudadano común que no tiene poder para intimidar a nadie, y otra para políticos y grandes empresarios.
Era lógico esperar que los jueces del Tribunal Supremo, sobre todo su Presidente, quien dirige la Rama Judicial, se molestaran con las declaraciones de Sánchez Ramos. De hecho, en aquella ocasión hubo más de una declaración emitida por la Administración de Tribunales contestándole al Secretario. Lo que no creo correcto ni mucho menos “justificado”, es aprovechar la desestimación de una queja frívola para lanzar un ramalazo de desquite contra Sánchez dejándolo por siempre en los libros de jurisprudencia. Eso es sencillamente un golpe bajo.
En cuanto a quien todavía es el Secretario de Justicia de Puerto Rico, creo que el país le debe mucho. El diario El Nuevo Día aprovechó la opinión sobre Paseo Caribe para hacer un recuento de sus supuestos fracasos, olvidándose convenientemente de muchos de los secretarios que precedieron a Sánchez Ramos en el cargo. ¿Recuerdan los cuatro años de Pedro Pierluissi y los casi cuatro de José Fuentes Agostini? Aquellos nunca se equivocaron porque siempre estuvieron de vacaciones y no trabajando y cumpliendo con su deber. En lugar de perseguir a los corruptos los protegieron.
Las supuestas equivocaciones en la lista de El Nuevo Día, donde se destaca su enfrentamiento con el FBI y la judicatura federal, el litigio sobre Paseo Caribe y el mencionado caso de Pedro Rosselló, no son tales. Fueron enfrentamientos con poderosos que no prosperaron en los tribunales, no por deficiencias del Secretario, sino porque el sistema favorece a los primeros.
En el caso particular de Paseo Caribe nunca creí posible que los reclamos del pueblo prosperaran a pesar de su justeza. Los que reclamaban la demolición del proyecto asentado sobre bienes de dominio público se enfrentaban a los $200 millones que ya tienen invertidos el First Bank y el desarrollista Arturo Madero, a todas las asociaciones patronales y de la empresa privada y, finalmente, a la poderosa familia Levis, la de Salomón y Zoila. Los que controlan el capital mueven muchos hilos y es muy difícil derrotarlos, pero si el secretario Sánchez Ramos se atrevió a enfrentarse a esos intereses merece nuestro aplauso y no nuestra condena.
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