|
EDITORIAL: Nuevas vías para proteger a Puerto Rico |
|
|
|
La reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico validando el desarrollo conocido como Paseo Caribe, obliga a que los defensores del ambiente y del patrimonio nacional consideren nuevas vías para canalizar su lucha.
Con su decisión, el más alto tribunal del país desoyó el reclamo de que los bienes de domino público no pueden ser objeto de enajenación y abre una peligrosa puerta por la cual la voracidad de los desarrollistas podrá transitar a sus anchas.
Hay un gran escollo ante el cual los defensores del patrimonio nacional poco podrán hacer en el actual sistema político y económico de Puerto Rico. Nos referimos a la composición de los tribunales y a la tendencia de éstos a ubicarse al lado de los poderosos. Desde que hace más de un siglo el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que un esclavo negro no tenía el derecho a invocar derechos constitucionales porque no era “persona” sino una mera “propiedad”, cualquier legislación o norma legal, por más clara que sea, puede ser interpretada para favorecer intereses contrarios a su intención. Pero eso no quiere decir que no se debe seguir luchando por lograr leyes más protectoras y normas legales más resistentes a interpretaciones forzadas. El pueblo puertorriqueño, por conducto de sus organizaciones políticas, comunales y sindicales debe insistir y presionar por nueva legislación que ayude a proteger lo poco que nos queda de nuestro patrimonio ambiental.
Un área de atención debe ser nuestra Constitución. Este documento se elaboró en 1952 cuando la protección de los recursos naturales no era aún un tema de discusión pública y, más importante, cuando todavía no se tenía conciencia de las graves consecuencias que la destrucción de nuestros recursos naturales y contaminación del ambiente tienen para la salud de las poblaciones, para su calidad de vida y para el futuro mismo del país y del planeta. Esa conciencia comenzó a desarrollarse después y nos sentimos orgullosos al afirmar que CLARIDAD fue pionero en el apoyo a las luchas que ayudaron a forjarla. Por tal razón entendemos que es necesario que todos los que luchan por la defensa de nuestro patrimonio ambiental, incluyan entre sus objetivos el logro de nuevas protecciones constitucionales, mucho más claras y específicas que la declaración general que ahora existe. Nuestra Constitución se limita a señalar que “será política pública” del Estado “la más eficaz conservación de nuestros recursos naturales”.
Lo logrado en otros lugares nos puede servir de ejemplo. En Colombia, por ejemplo la Constitución señala que es “deber del Estado velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”; que “las personas tienen derecho a gozar de ambiente sano” y que se garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. También se establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Se dispone, además, que se “planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.
Como vemos, éstas son declaraciones que proveen una protección mucho más clara que lo que se establece en nuestra constitución.
En algunos estados de Estados Unidos también se ha avanzado en esa dirección. En Pennsylvania, por ejemplo, la constitución establece el derecho a tener agua y aire limpios y a la preservación de los valores naturales, escénicos, históricos y estéticos del ambiente. Dispone también que los recursos naturales son propiedad comunal del pueblo, incluyendo las generaciones futuras.
En Rhode Island se garantiza el disfrute de las costas. En Virginia, Hawai y Nueva York se prohíbe la venta, arriendo e intercambio de las reservas forestales.
En nuestro país, aún cuando existe cierta legislación protectora, como la que garantiza el acceso a las playas, la corrupción administrativa o decisiones judiciales forzadas las vulneran. En otros casos, la protección es aún más precaria, como las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Acevedo Vilá para crear el Corredor Ecológico del Noreste y la reserva de Piñones, que otro gobernador puede cambiar con un simple plumazo. Nuevas disposiciones constitucionales no garantizan que los males de ahora se detengan, pero darían un marco legal más protector sobre el cual la lucha de las comunidades puede operar.
CLARIDAD invita a las comunidades que sufren las consecuencias de la destrucción del ambiente, a las asociaciones y grupos de lucha, a entidades estudiantiles como la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, entre otros sectores y agrupaciones de la sociedad civil, a trabajar en el diseño de las enmiendas constitucionales que se deben impulsar cuanto antes para lograr un marco legal más protector de nuestro patrimonio nacional. Esos mismos grupos y todos los que luchamos por nuestro País nos encargaríamos entonces de desarrollar la lucha para que esas enmiendas se vuelvan realidad, más temprano que tarde.
|
