¿Quedarán impunes las ilegalidades en Paseo Caribe?
Claridad en la Nación
Cándida Cotto / Claridad
¿Se llegará a fijar responsabilidades por las acciones ilegales en la construcción del edificio de Paseo Caribe? ¿Verá el pueblo una reparación a los agravios? La suspicacia es inevitable tras la ya debatida decisión del Tribunal Supremo, la determinación del Departamento de Justicia de no apelar la decisión, y su conducta ambivalente y la de otras agencias.
Para el veterano litigante y profesor de Derecho Ambiental, Pedro Saadé Lloréns, en términos legales en el caso de Paseo Caribe se deben terminar las investigaciones que todavía se supone lleva a cabo Justicia y se debe de encauzar a los responsables de violaciones para que sirva de referencia a futuras ocasiones. “Aquí el gran problema es qué se hace con las estructuras ya construidas y eso ha sido objeto de mucha confusión y duda. Al menos con las estructuras que más ofenden a las áreas arqueológicas e históricas no debieran sostenerse”.
Las dudas de que al final haya alguna reparación de agravios y menos que se llegue a demoler alguna parte del proyecto no son simples conjeturas. A juicio de Saadé Lloréns el Gobierno ha tenido una conducta de titubeos con el caso. Esta actitud “por ejemplo se nota en que no acaban de hacer pública la investigación de los procesos de permisos, la Evaluación Ambiental, en no anunciar con más firmeza que van para una segunda reconsideración como debieran hacerlo”. En fin, apuntó a que el caso requiere y requería mucha más claridad y mucha más firmeza. El pasado viernes 22 de agosto el Departamento de Justicia anunció que no apelaría la decisión del TS.
“La regla de oro”, acotó el entrevistado para evitar que se repita la experiencia de Paseo Caribe, es abordar los casos antes de la construcción. “Ésa es la regla de oro, pero ésa es una forma de decir que si se construye se pueden cometer ilegalidades y hay siempre ese peligro”.
La experiencia de Paseo Caribe y otras construcciones ha evidenciado que aun con todos los reglamentos en términos de permisos, las leyes ambientales y otras disposiciones, los desarrollistas llegan a cometer actos de violación que resultan en casos como PC. Denunció que aunque los constructores se quejan, “a la larga logran aplicar y hacer y deshacer con los reglamentos según el área les convenga”.
Según el profesor de Derecho Ambiental, el ambiente de irregularidades es una tendencia que comenzó bajo los gobiernos del PNP y continúa hasta hoy. Destacó que en materia legislativa ambiental Puerto Rico tiene la debida legislación pero en los últimos tiempos se ha ido debilitando. Como evidencia reveló “el presidente que acaba de salir de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) Carlos López Freytes, es uno de los que continuó el debilitamiento del análisis de los documentos ambientales, sustituyendo las DIA por formularios ambientales, aumentando las exclusiones categóricas, debilitando los análisis ambientales, haciendo secretos los documentos de la JCA. Lo curioso de esto es que ésas son políticas que ni siquiera se habían instado bajo gobiernos anteriores”.
Esta práctica, denunció, continúa con el actual presidente de la JCA, licenciado Javier Rúa Jovet. Reveló que en la actualidad está tratando de conseguir unos documentos de la compañía Cemex y la abogada de la JCA le dijo que los documentos eran secretos. Esta política es conocida por nosotros. La JCA le negó a Claridad y a otros medios acceso al informe ambiental de los técnicos de la agencia sobre el proyecto de Costa Serena. En el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) su secretario Javier Vélez Arocho, se niega a dar declaraciones a este semanario.
Tribunal Costa Rica paraliza proyecto El modo de proceder de los constructores parece repetirse por doquier. La falta de cumplimiento con las leyes ambientales y otras acciones fuera de la ley no son privativas de nuestra Isla. Por ejemplo, en el hermano país de Costa Rica su Tribunal Ambiental ordenó la paralización de un desarrollo y confiscó maquinaria a unos constructores tras arrasar con la vegetación del área natural conocida como Uvita de Osa. El sector es un santuario de fauna y flora de ese país a lo largo del frente del Océano Pacífico. En un artículo publicado en el Miami Herald, “Tribunal En Cruzada Por la Costa en Costa Rica” (www.miamiherald.com/news/5min/story/610164.html) se relata cómo jueces de su TA quedaron horrorizados luego de visitar el lugar para descubrir que los constructores arrasaron la vegetación y tenían más de mil lotes de casas señalados. Se estima que el costo del desarrollo detenido sobrepasa un $1 billón de dólares.
Como es de suponer, la acción del Tribunal ha generado un debate público, en el cual los ambientalistas aplauden la decisión, mientras la Cámara Nacional de Turismo (CNT) de ese país acusa a los jueces de “sensacionalistas” y de perjudicar la imagen de Costa Rica y los desarrollistas y las compañías de bienes raíces se quejan de que el daño es “monumental”. Suenan familiares estas excusas.
Los jueces del Tribunal Ambiental de Costa Rica y algunos de sus familiares han recibido amenazas anónimas de muerte y daños en sus vehículos. “Es David contra Goliat”, cita el artículo a Héctor González, director de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FCCA) sobre la confrontación. Aun con las amenazas el juez presidente del TA, José Lino Chaves, ha expresado que en el Tribunal están determinados a hacer cumplir la legislación ambiental.
A demoler en Bulgaria Una experiencia similar ocurre en Bulgaria, donde el gobierno se apresta a demoler unos edificios ilegales construidos en una zona natural en la región llamada Airodi, cerca del Mar Muerto. En el artículo, “Construcciones ilegales en la costa del Mar Negro aguardan por demolición” (http://www.sofiaecho.com/article/illegal-settlement-at-the-black-sea-coast-awaits-demolition), se informa que la acción se produce cinco años después que la Corte Suprema Administrativa de Bulgaria diera la orden. Las edificaciones, cinco edificios estilo villas y casas estilo ‘bungalows’ de madera, fueron descubiertas en el 2003. Con el tiempo los edificios estilo villas aumentaron a 18. Pese a las peticiones de algunos sectores y los propietarios, el Gobierno de Bulgaria se negó a legitimar las construcciones y determinó que aun cuando sus moradores tuviesen documentos legales de que habían comprado las casas la acción no legalizaba la construcción ilegal.
Acciones similares se han producido en muchos pueblos de España, en la región de Mallorca y hasta en lugares como el estado de la Florida, en EEUU.
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