Acevedo Vilá está acusado de un cargo (cargo 1) que incorpora tres conspiraciones en una, lo cual según Abreu Elías no está permitido por ley. Asegura que se trata de actos prescritos desde marzo de este año, antes de que fuera sometido el pliego acusatorio. Explicó que para mantener las acusaciones, fiscalía federal lo entrelazó con colectas que realizaron ejecutivos de Filadelfia para AAV que aun así no se justifican porque en la propia acusación dice que ésos tuvieron el propósito de impresionar al Gobernador con grandes donativos, contrario a la motivación de las otras dos alegadas conspiraciones del comité del mandatario que supuestamente recogió dinero de más para pagar deudas de la campaña. Opinó que “la conspiración tiene que tener un núcleo común” que no existe en este caso. Insistió en que el trío de conspiraciones son “en tiempo, espacio y distancia distintos” y “técnicamente, ese cargo, tan largo como es, no debe sostenerse. “No vale ni el papel donde está escrito”.
El fraude
El Gobernador también está incluido en otro cargo (# 22), que se refiere a haber obtenido dinero fraudulentamente (conocido en inglés como “program fraud”); y otros 12 cargos (del 10 al 21) que lo involucran en fraude electrónico.
¿Esos correos fueron a Estados Unidos?, le preguntamos a Abreu Elías. “No. Eso es lo raro”, respondió. “Es de la gente de (Pan) American Grain”, detalló, que tendría que haber sido catalogado como comunicación interestatal, lo que no le daría jurisdicción a los federales. Esa contradicción, explicó, el tribunal federal la sostiene como “una cuestión de hecho a ser determinada por el jurado”, algo que Abreu Elías insistió se podría establecer de antemano si el tribunal federal dice si los alegados mensajes pasaron por un servidor de Estados Unidos y no por uno local. La falta de esclarecer ese aspecto, insistió, “está tratando de obligar al juez, de engañarlo, para que no desestime los cargos 10 al 21 ni el 22”. Opinó que someter a un jurado un aspecto tan técnico como ése cuando desde ahora se podría definir, “es cuestionable”. Aseguró que existe jurisprudencia que establece ese tipo de jurisdicción y citó un caso entre Nueva York y Nueva Jersey en el que un Tribunal determinó que no había base para la jurisdicción federal aún siendo entre un estado y otro.
El togado reclamó que ni siquiera se especifica en qué consistió el fraude y tampoco qué parte de los dineros no reportados había que reportar en el caso de los vinculados a planillas de contribución. Alegó que aunque la regla siete de procesamiento criminal contiene un lenguaje “muy laxo”, “debe incluir algún hecho que oriente la persona en cuanto a qué se le imputa”. Informar sobre esos detalles al acusado es un requisito del propio tribunal federal que no se cumplió y ese aspecto, señaló, “equívocamente también determinaron los federales que deberá ser evaluado por el jurado”.
Para Abreu Elías, someter a una persona, indistintamente de si es o no el Gobernador, ante un jurado sin decirle de qué realmente se le está imputando, “es muy injusto”. Y los cargos 10 al 21, advirtió, son de los más serios, que podrían conllevar penas de hasta 20 años de cárcel y multas de hasta $250 mil.
El otro caso de fraude, que según el abogado, podría exponer al Gobernador a 10 años de cárcel, es “por supuesta e ilegalmente haber obtenido siete millones del fondo estatal cuando en realidad se gastaron más y supuestamente no haber reportado eso para obtener los fondos”. Sobre eso, puntualizó, existen dos leyes que le aplican, la de Contribución sobre Ingresos de Puerto Rico, y la de la CEE, que tienen requisitos y penalidades distintas, pero aplicables sólo a violaciones locales y no federales.
Precisó que la ley de la CEE establece que todos los gastos e ingresos de una campaña se tienen que reportar. No hacerlo está tipificado como delito menos grave y conlleva penalidades de seis meses de cárcel y/o $500 de multa y posible devolución del dinero no reportado. Sin embargo, dijo que la Ley de Contribuciones no tiene ese requisito para desembolsar fondos, “ni lo requiere el estatuto que así sea. Lo único que requiere es que se le envíe a Hacienda un desglose de los gastos de proveedores, y de hecho, no requiere la factura de gastos aunque lo lógico sería presentar la factura como prueba de que se ofrecieron los servicios. Se supone que una vez enviado el desglose de gastos, en una semana Hacienda pague a esos proveedores. Y eso es independiente de cuánto recaude el candidato después y si recoge dinero en exceso”.
Pero el Tribunal Federal establece jurisdicción en este caso “diciendo que se engañó a Hacienda”, señaló Abreu Elías. “Pero a Hacienda no se engañó, porque a Hacienda lo que hay que enviar son las facturas; y además el pliego acusatorio en ninguna de sus partes dice que las facturas que se sometieron a Hacienda son falsas”.
Otro aspecto que desarrolló Elías Abreu fue que si se hubiera sido reportado en las planillas locales el ingreso en exceso que se alega recibió el mandatario por el que lo acusan de haber sometido planillas falsas, el efecto hubiera sido una reducción en la contribución de las planillas federales.
Otro disparate en este caso, alegó el abogado, es que para acusar a alguien del fraude (“program fraud”), se exige que la persona sea funcionario del estado cuando cometió el supuesto delito, pero entonces Acevedo Vilá no era gobernador sino candidato. “Por tal razón, no se dio el elemento de fraude al programa”.
Pero la fiscalía federal trata de vincular esa acusación diciendo que Hacienda pagó algunas facturas después del 2005 cuando ya Acevedo Vilá era gobernador. Sobre eso, Abreu Elías apuntó “ah, pero las facturas estaban sometidas antes. Y no dice qué influencia tuvo él para que Hacienda pagara eso y las pagara todas. Es más, Hacienda cometió un error en no pagarlas semanalmente como dispone la ley. El hecho de que Hacienda se tardara más de lo que la ley exigía para pagarlas no hace responsable al Gobernador”, insistió.
Los viajes y los trajes Sobre los viajes de Acevedo Vilá y su familia cuando era Comisionado Residente, y los trajes que se alega debió reportar como regalos, Abreu Elías aseguró que en el pliego acusatorio los menciona “de una forma bien confusa y de muy mala fe. Dicen que le pagaron un viaje a China a él y a su familia, que le pagaron a él y su familia un viaje a Disney World y que le regalaron unos trajes”. Subrayó que lo que no dice la acusación es que el viaje a China fue a Taiwán, en el que Acevedo Vilá iba con congresistas que al igual que él, llevaron a sus familias. Asimismo, que el viaje a Disney World fue luego de ir a una celebración del 4 de julio a Wáshington y de regreso a Puerto Rico paró en Disney World con sus hijos y esos gastos fueron pagos como parte del viaje.
Aseguró que tanto las leyes como los códigos federales y la interpretación que se les ha dado a las leyes federales de contribución sobre ingreso disponen que los funcionarios federales cuando hacen un viaje que tenga algún aspecto político, económico o comercial relacionado con su trabajo, pueden llevar a su familia y hasta quedarse en un “resort”. Al igual que hizo Acevedo Vilá, ningún Congresista sometió esos viajes como regalo en sus planillas, “porque no se les requiere. Y además, el Código de Ética del Congreso exime de someter eso como un regalo”.
Otro elemento que trajo a colación sobre los $55 mil en trajes caros que le regalaron al Gobernador fue que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que eso no era delito. Pero “a fiscalía federal no le importa lo que resolvió el Tribunal Supremo. No respetan lo que diga el Tribunal Supremo y ponen eso como un regalo ilegal que él tenía que reportar en las planillas federales. Óyeme, pero si el Supremo de aquí dijo que no es ilegal, Fiscalía debió considerar esa decisión del Supremo de Puerto Rico”. Ésas son las acusaciones en los cargos el 25, 26 y 27, explicó Elías Abreu, “que tampoco dicen cuánto debió reportar el gobernador según ellos”. Insistió en que lo absurdo de ese cargo es que el reclamo de fiscalía no afectó el recaudo de contribuciones federales, que debe ser su interés, y que de haberse reportado en Puerto Rico, hubiera tenido el efecto de una responsabilidad contributiva menor en las planillas federales. Igualmente mencionó que tampoco el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS) ha hecho acción de cobro alguna al mandatario. “Sin embargo, ahora los federales van a traer un perito de IRS para que diga si esos fondos ellos quieren reclamarlos” como parte del juicio.
Sobre ese supuesto acuerdo de conspiración, el pliego acusatorio también alega que Acevedo Vilá escondió ingreso personal y que envió facturas de su tarjeta personal de American Express a su asesora Luisa Inclán, y que ella dirigió a otros para utilizar el dinero de la tienda del PPD para comprar cheques (“Money orders”) para pagar a American Express.
La defensa del Gobernador ha tratado de lograr que esos cargos se eliminen. “El Fiscal siempre se opone a las peticiones para desestimar. Y en todos los casos que ha habido en todos los circuitos solicitando desestimación por duplicidad, que es como se le llama a eso, los fiscales siempre se han opuesto. Es un proceso que lo dejan a que sea el jurado quien adjudique”. Pero advirtió que un caso como ése “someterlo a un jurado lego es inconcebible”. Dijo que si se desestimara el cargo de conspiración antes del juicio, “le quitaría peso a los demás cargos y a un montón de basura que no debía entrar a considerarse”.
Abreu Elías ha anticipado que este juicio será largo, “con el riesgo de que el jurado dé un veredicto de culpabilidad impresionado por actos de gente que hizo cosas malas ahí, que pagó cuentas que no debió pagar, además porque exista un traqueteo con los candidatos a jurado”.
Al preguntarle cuál entiende que es el área que más tendrá que argumentar la defensa, respondió que contrario al procesamiento selectivo, que él llama la “defensa imposible”, debe ser que hubo gente que hizo cosas ilegales pero que el Gobernador no le dio instrucciones a nadie sobre eso. Argumentó que insistir en procesamiento selectivo sería prácticamente imposible de probar, porque en el descubrimiento de prueba los tribunales, incluyendo los de Puerto Rico, se han negado a dar información de otros acusados que hayan sido investigados por hechos similares y no se han procesado. Y uno de los requisitos de esa defensa es establecer que a otras personas en situaciones similares no las acusaron.
Abreu Elías es conciente de que algunos acusados en este caso podrían resultar convictos. Destacó como “curioso”, que la coacusada Eneidi Coreano pidiera la desestimación de cargos en los que no está acusada. Por eso asegura que a ella tienen que haberle dado inmunidad. Incluso “que otros han hablado buscando algún acuerdito”.
Según Abreu Elías, los federales “han tratado de asesinar al Gobernador y en parte lo han logrado”. Por lo menos la mitad de la población ya encuentra culpable al Gobernador, refiriéndose a los penepés; la mitad de los Populares va a creer que es posible de que su líder sea culpable y la otra mitad del partido tendrá duda. Y sobre los independentistas, que muchos van a decir que sí es culpable.
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