Ideología, política económica, retos y oportunidades
Claridad en la Nación
Argeo T. Quiñones Pérez*/Especial para Claridad
I. Ideología y Política Económica: Estados Unidos y Puerto Rico En común A poco terminan las elecciones, vuelven las aguas a su nivel luego del histórico evento político en Estados Unidos y el debate económico reclama preeminencia en la discusión pública. No podía a ser de otra forma; las tendencias en la economía mundial y la norteamericana presagian escenarios de corto y posible mediano plazo, peores aún de lo que ya enfrentan. Fue la economía el factor principal para la histórica hazaña de Barack Obama, y en Puerto Rico, donde la recesión y crisis fiscal comenzaron mucho antes, para la derrota del PPD también.
Sin embargo, la similitud entre los dos escenarios no llega más lejos. Todo lo contrario, después de reconocido el deterioro económico en ambos países, los caminos se dirigen por direcciones opuestas.
Ideología y política económica norteamericanas El discurso económico triunfante en Estados Unidos, además de estar dotado de una gran empatía por los que sufren la crisis, se fundamenta en la disponibilidad masiva de evidencia sobre las dimensiones de los procesos, las variables económicas en juego y remedios esperanzadores, fundamentados en la posibilidad concreta de los mismos según muestra un breve repaso de la historia. La confianza inherente a la frase “sí, podemos” descansa sobre la convicción de que se ha hecho antes y se puede repetir.
La visión económica que promueve el presidente electo es la receta opuesta a la doctrina Republicana neoliberal, a la economía del Vudú, como le llamó Bush en 1980, a la propuesta de Reagan de reducir contribuciones y balancear el presupuesto, manteniendo el mismo nivel de gasto público, por vía del crecimiento acelerado. Debutaba triunfalmente entonces el “Supply Side Economics”, escuela de pensamiento que profesa la convicción en la cuasiperfección del mercado frente a la intervención del estado en la economía.
Bush tuvo la razón. Durante los últimos cuarenta años el único gobierno capaz de generar un presupuesto balanceado y superávit fue el del Demócrata Bill Clinton, quien presidió durante la más larga expansión de la economía norteamericana en el período de la posguerra (1947 →), a pesar de haber aumentado las contribuciones en los niveles de más altos ingresos de la sociedad. Luego de casi treinta años de política económica basada en la doctrina y práctica de “Reaganomics” -redistribuyendo ingresos hacia arriba mediante “reformas contributivas” regresivas, para que luego se “filtren” hacia bajo con el crecimiento económico; privatizando; desreglamentando; alimentando la demanda agregada mediante el complejo militar industrial y la guerra- el resultado es un desastre de dimensiones épicas.
El legado catastrófico de la ortodoxia económica del libre mercado, evidente en los resultados sobrecogedores que hoy se experimentan por todo el planeta y del cual dan testimonio otros datos contundentes, debería servir de lección para su abandono definitivo.
Amparados en el cínico reclamo de los promotores de la ortodoxia conservadora de que “las corporaciones norteamericanas enfrentan una de las tasas contributivas más altas del mundo y la doble tributación de las ganancias de capital”, Bush Jr. hizo todo lo que estuvo a su alcance por favorecer al gran capital y sus aliados.
Además de dos tandas de reducciones contributivas regresivas, próximas a caducar y apoyadas por Alan Greenspan, el gobierno de Bush aprobó también el “American Job Creation Act” de 2004. Esta ley permitió la repatriación de cientos de billones de dólares de ganancias multinacionales norteamericanas a Estados Unidos durante 2005, a una tasa preferencial del 5.8% en lugar del 35% estatutario. La iniciativa no logró mucho en materia de empleos y contribuyó a la enorme liquidez que alimentó la burbuja especulativa que hoy continúa desplomándose. La carga contributiva corporativa en Estados Unidos actualmente es menor al promedio para los países desarrollados agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). Las empresas en la OECD pagaron en promedio 16.1% de contribuciones sobre sus ganancias entre 2000 y 2005, mientras sus homólogas norteamericanas pagaron 13.4% durante el mismo período (CBPP: 2008).
Un informe del “Government Accountability Office” (GAO: 2008) señala que la mayoría (60% +) de la empresas norteamericanas -domésticas o controladas por el exterior- no reportan carga contributiva alguna, ya sea por pérdidas, por el abuso de los precios de transferencia y el desplazamiento de la ganancia a zonas de parcial o total exención contributiva [Puerto Rico] y por los créditos contributivos.
En síntesis, el discurso neoliberal promueve políticas contributivas regresivas basándose en la decadente ortodoxia económica –descendiente directa del pensamiento económico dominante hasta la Gran Depresión de los 1930– y en supuestos sobre el funcionamiento del actual sistema económico que empíricamente no se sostienen.
Ideología y política económica puertorriqueñas Es todo un fenómeno para la sociología política explicar cómo, a pesar de los desastrosos efectos de la política neoliberal y su rechazo en Estados Unidos y gran parte del mundo, en Puerto Rico el discurso económico dominante en los medios y la agenda gubernamental –presente y electa– sigue aferrado a tan desprestigiada ideología.
Mientras el sistema financiero y económico mundial se estremece por los efectos de la crisis con epicentro en Norteamérica, y la recesión y crisis fiscal alcanzan su tercer año en Puerto Rico, los defensores criollos de la ortodoxia neoliberal continúan repitiendo las viejas consignas: exigiendo disciplina fiscal, menores contribuciones y reglamentos.
No conformes con el asalto a pobres y asalariados que representó la imposición del IVU y los aumentos en tarifas de servicios básicos –luego del multimillonario derroche privatizador franco-puertorriqueño en la AAA– y como para echar sal en la herida, legislativo y ejecutivo aprobaron de manera vergonzosa -secreta, apresurada y entreguista- la nueva Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico y otra similar para los Pequeños y Medianos Negocios (PYMES). Colgada quedó la propuesta “reforma contributiva para los asalariados”, propósito central de la supuesta filosofía de justicia contributiva que guió la reforma que culminó con la aprobación del IVU en 2006. Cuando le llegó su turno a los asalariados no quedaba nada por repartir. A pesar de que en los últimos diez años la participación de la ganancia doméstica en la distribución funcional del ingreso nacional neto aumentara 83%, mientras la participación de la compensación a empleados solo aumentó 47%. Durante el mismo período la ganancia remitida al exterior aumentó en 56% (JP: 2008) Con poco análisis y reparo se le reducía la carga contributiva a los sectores de mayor avance en la distribución del ingreso, mientras a los asalariados, sector de menor aumento, se le incrementaba la carga contributiva directa e indirecta y de otras fuentes mediante el IVU, las tarifas por servicios públicos, derechos, licencias, multas, penalidades, y otros renglones que nutren los Ingresos Netos al Fondo General.
Con las quejas, lamentos y exigencias –hasta dictatoriales- del sector empresarial como trasfondo, ocurrió este asalto contributivo regresivo en el país. Basados en anécdotas y apasionadas defensas y sin la disponibilidad pública de los estudios de rigor para la reformulación de la política contributiva, los poderes legislativo y ejecutivo cedieron ante los reclamos de un sector que ha hecho del empleo público y los “costos de hacer negocios en Puerto Rico” axioma y origen de su desdicha y la de todo el país.
A pesar de la evidencia en contra, se procedió irresponsablemente a la extensión e intensificación de la estrategia de exenciones contributivas, como principal herramienta para la atracción de inversión al país y además, al intento relativamente inútil, de la reducción recesiva del gasto público.
No basta con repetir incansablemente consignas de gigantismo gubernamental y altos costos de hacer negocios para guiar la elaboración e implantación de la política económica, especialmente la contributiva. Se necesita investigación en áreas medulares como: • Los niveles de rentabilidad de las empresas que operan en Puerto Rico comparados con otros países competidores.
• El por qué Hacienda ha dejado acumular y no es capaz de cobrar más de $3 billones de deuda contributiva tasada y cobrable en la calle. • La existencia y localización, a nivel de agencias y unidades, del supuesto “exceso de empleo público”.
• El impacto fiscal y la redistribución de la carga contributiva resultantes de todas las “reformas” contributivas aprobadas recientemente.
• La explicación para la pobre fiscalización de la carga marítima y los arbitrios que ciertas mercancías deben pagar todavía al entrar al país.
• El tamaño y estructura de la economía informal, que no se fundamente exclusivamente en histéricas anécdotas audiovisuales sobre la compra de televisores plasma durante varios días en algunos comercios.
• La estrategia adecuada contra la evasión contributiva concentrada en los sectores de altos niveles de ingreso.
• La lógica que justifica que una empresa con fines de lucro opere indefinidamente a largo plazo con pérdidas.
• ¿Por qué en Puerto Rico se reportan menos de veinte mil planillas de individuos con ingresos brutos de $100,000+ anuales? Todavía, y más importante aún, se espera por la evaluación crítica de la contribución al crecimiento y desarrollo económico de todo el conjunto de leyes que otorgan exenciones contributivas actualmente (Cao García: 2004) [y por necesidad metodológica, los decretos acordados al amparo de estas también].
II. Crisis y transformaciones en Estados Unidos Con el derrumbe de la invertida y frágil pirámide financiera global, montada sobre la especulación y el manejo criminalmente irresponsable del riesgo en las inversiones públicas y privadas junto al avance de la recesión, el gobierno neoliberal de Bush Jr. “mediante cabriola” forzada se transformó de no intervencionista en una nueva especie de capitalismo de estado, abandonando, como necesidad en un período especial, los postulados de la ortodoxia neoliberal. No quepa duda que el apoyo de McCain al Plan Paulson le ganó opositores dentro de su propio partido, por desviarse radicalmente del postulado de la no intervención y por la rabia populista contra Wall Street y Wáshington que, a la vez y contradictoriamente, el mismo candidato promovió. De forma acelerada y en dimensiones no recordadas el estado norteamericano interviene para salvar básicamente todo el sector financiero nacional –y parte del internacional- la industria automotriz y los seguros. Otras industrias y sectores sociales pronto seguirán el camino de lo que se perfila como el Nuevo Trato del Siglo XXI.
Entre los que ya anunciaron que pronto tocarán en la puerta de este Nuevo Trato encontramos a los estados de la unión norteamericana. Más de la mitad enfrenta crisis fiscal incluyendo la poderosa California. Víctima en parte de la “revuelta contributiva” neoliberal conducente a la enmienda #13 en la constitución del estado (1978); del ciclo anterior de saqueo corporativo perpetuado por ENRON y Reliant Energy en los mercados de servicios públicos, desreglamentados por Clinton en 1996 y la consiguiente Crisis Energética del Oeste Norteamericano (2000-01).
Con la victoria de Obama los electores norteamericanos aprobaron la polémica propuesta contributiva dirigida a la redistribución del ingreso (“Spreading the wealth”) que tanto criticó y manipuló inútilmente el Partido Republicano. También validaron el resto de sus propuestas económicas, entre ellas: fortalecer la red de seguridad y servicios públicos, especialmente salud y educación; inversión en infraestructura; mitigar la creciente desigualdad en la distribución del ingreso con una nueva y favorable relación con el movimiento obrero, una política salarial que le haga justicia a la clase media y trabajadora, una reforma contributiva progresiva, y el fomento de las industrias que desarrollan fuentes de energía renovable entre otras.
A medida que avanza la crisis y se utilizan los mecanismos de la política monetaria para contener su avance y mitigar sus efectos, se hace evidente que esos mecanismos no serán suficientes. Pronto, el gobierno norteamericano recurrirá a una nueva ronda de iniciativas fiscales, de gran escala y con alcances de amplio espectro, para el corto, mediano y largo plazo. Tendrán que recurrir a iniciativas que vayan más allá del pasado estímulo fiscal, del cual un 80% terminó siendo ahorrado (Feldstein: 2008).
Precisamente, porque no se trata de salir de la fase recesiva de un ciclo económico y sí de una crisis, deben producirse cambios estructurales en la economía norteamericana. Por ello, la nueva administración en Wáshington se propone corregir muchos de los desequilibrios económicos fundamentales en Estados Unidos. Entre estos destaca la desigualdad en la distribución del ingreso, que alcanza niveles no registrados desde 1928 y que figura como una de las variables causante de la Gran Depresión. Las medidas redistributivas progresivas tienen que ser parte de una solución posneoliberal al dilema económico norteamericano, por razones de justicia social y como herramienta eficaz para estimular la demanda agregada y el crecimiento económico. (Reich: 2008)
Mientras más tarde en elaborarse e implantarse esta política fiscal más profunda será la crisis y más fuerza cobrarán las diferencias y conflictos de clase en la sociedad norteamericana. Ante la rapidez y magnitud de los desembolsos, créditos y compra de activos por parte de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro para el rescate de “Wall Street”, el público en general está atento a las iniciativas para ayudar a la “gente común”. Quien lleve contabilidad del monto de las iniciativas para el rescate financiero sabe que “Main Street” necesitaría recibir una inyección masiva, superior al trillón de dólares, para balancear el acto y no sesgar aún más el cuadro distributivo.
En el caso de la relación entre préstamos hipotecarios, valor de las viviendas y propiedades reposeídas –una de las raíces principales de la crisis financiera y la recesión– más de 12 millones de familias norteamericanas tienen deudas hipotecarias con valor superior al de la propiedad, el cual ha descendido en un 26% y continúa bajando. (Feldstein: 2008) El valor estimado de la burbuja inmobiliaria (sobre valoración relativa) en Estados Unidos, a marzo de 2008, era de $8 trillones. (CEPR: 2008) Aunque no representa la totalidad de lo que costaría un programa de ayuda para los dueños de vivienda, da una idea de la inmensa pérdida de riqueza para las familias norteamericanas y la magnitud del esfuerzo que conllevaría corregir esta situación parcialmente que, según datos de la propuesta de la Cámara de representantes federal, requeriría unos $300 billones (cbsnews.com: 2008)
III. Retos y Posibilidades para Puerto Rico El gobierno electo no podrá mantenerse ajeno a las múltiples medidas monetarias, fiscales y de otra índole que decida implantar el gobierno norteamericano mediante un posible Nuevo Trato del Siglo XXI. Para ejemplo tenemos que, así como el objetivo de la “armonización” del sistema contributivo puertorriqueño con las tendencias norteamericanas prevalecientes “obligó” a cambios conservadores y regresivos durante la era neoliberal, la ola de cambios que se avecina debería arrastrar el sistema contributivo en la dirección opuesta, hacia uno más progresivo.
Dejando atrás barreras ideológicas, debemos preguntarnos lo siguiente: • ¿Qué ocurriría con la economía de Puerto Rico de poder recibir, para propósitos de inversión en infraestructura, garantías de hipotecas y préstamos para familias necesitadas; desarrollo de fuentes de energía renovable; conservación ambiental y otras áreas, una cantidad sustancial de fondos federales, similar a lo ocurrido durante la época del Nuevo Trato original con la PRERA, el Plan Chardón y la PRRA?
• ¿Cuál sería el resultado económico si finalmente se suelta el lastre neoliberal y se replantean las funciones del gobierno, para reincorporar decididamente entre ellas su intervención efectiva como empresario, socio o promotor, en mercados y sectores que el capital abandone total o parcialmente y que sean esenciales desde la perspectiva de la reproducción de la vida y el desarrollo social?
• ¿Que tal si, al amparo de la nueva corriente contributiva progresista en Estados Unidos, el gobierno del ELA procede a cerrar escapes y frenar tendencias erosionantes de la base contributiva para ampliar los recaudos, relanzar el crecimiento mediante una política fiscal bien diseñada de gasto e inversión pública inteligentes, a la vez que se reduce el ritmo de crecimiento de la deuda y su servicio, se legislan presupuestos balanceados que atiendan todas las áreas programáticas y se alivian limitaciones, cuantitativas y cualitativas, en la oferta de servicios públicos?
Todas estas preguntas y muchas más que existen, como las monedas, tienen otra cara. En este caso opuestas y procede pensarlas también. ¿Puede repetirse un escenario similar al de la relación entre la coalición republicana-socialista, liberales y gobierno federal de la década de 1930, desaprovechando la coyuntura y postergando la transformación? ¿Puede el país darse ese lujo?
La capacidad para dar el salto transformador e incorporarse a la ola del Nuevo Trato del Siglo XXI que se avecina y a otras iniciativas progresistas de cambio que se gestan en otras zonas del planeta, tiene que generarse, si es que se aspira a la posibilidad de crecimiento y desarrollo inteligente de Puerto Rico en el futuro inmediato.
Por la naturaleza de su especie parecería lógico que un gobierno colonial, astuto y bien sintonizado, acepte el reto y se transforme en su opuesto, aunque sea para tratar de mantenerse en el “poder”. Más aún, cuando lo que le espera para administrar es un cuadro -en nivel y velocidad- de deterioro mucho más avanzado que el norteamericano, y para el cual, las posibles soluciones endógenas no son nada fáciles y presagian traumas severos. Aunque, honestamente, no se puede negar la posibilidad contraria dado el margen para la conducta irracional y recalcitrante siempre presente.
Sin embargo, la apuesta es a que la visión y la política neoliberal cederán ante el empuje de la nueva realidad económica posneoliberal, hacia una posible modalidad de capitalismo más regulada, concertada y menos desigual. En síntesis, más social demócrata. Para aprovechar al máximo esta ventana de oportunidades que parece asomarse, tienen que transformarse con urgencia mentalidades e instituciones. Especialmente aquellas vinculadas a la formulación de política económica para el país. Si no ocurre por iniciativas propias, la agitación política y social deberá, y muy posiblemente tendrá que promover el cambio.
El posicionamiento estratégicamente concertado y acertado para un nuevo despegue económico, dependerá de la velocidad y efectividad con que se realicen estos cambios y se disponga de claridad en el análisis, perspectiva concertada de futuro y eficiencia operacional en las instituciones pertinentes. Esta visión es, posiblemente, condición necesaria para poder comenzar a repensar y montar la nueva estrategia económica en un contexto distinto, y con toda posibilidad mejor, al trazado por el antiguo y decadente “Consenso de Washington”.
* El autor es Catedrático de Economía en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
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