Campamento Pelícano firme contra la privatización de nuestros recursos

"Tiene una mentalidad de hacendado, y la parte de la construcción de las casas está en proceso"Foto: Alina Luciano/ CLARIDAD

 

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Desde el 2018, diversos grupos de ciudadanos de Aguadilla han estado denunciando la construcción ilegal y la apropiación de bienes de dominio público en el litoral costero de Aguadilla que alberga el antiguo muelle de azúcar y la Cueva las Golondrinas. Esta apropiación ilegal es obra del “desarrollador” Carlos Román González con su proyecto Cliff Hotel & Country Club.

No fue hasta el reciente mes de enero que los activistas decidieron levantar el campamento Pelícano al ver que los trabajos de la construcción continúan a pesar de la orden del Departamento de Recursos Naturales. “Hace meses, el Departamento de Recursos Naturales emitió una orden de demolición y de paralización de la construcción en general porque no se hizo un manejo de escorrentías adecuado y porque  no se supone que los permisos abarquen para un proyecto tan grande como este”, expone el joven Alvin Alejandro Ortiz, uno de los activistas del campamento.

El  campamento Pelícano se encuentra en los límites que la empresa de Román González, Aguadilla Pier Corporation,  ha impuesto a pasos del antiguo muelle de azúcar en lo que antes era la vía franca que llegaba hasta el muelle y permitía recorrer toda la costa de la playa hasta Crash Boat. En otra acción cuestionable, apostados antes de ese portón, hay Policías Municipales que no permiten que los carros pasen y hay lo que aparenta ser otro campamento de Policías Municipales frente al portón. Estos tienen la clara encomienda de que nadie que no tenga que ver con Aguadilla Pier acceda al sector. En la visita de CLARIDAD se contaron aproximadamente 15 guardias.

“El hombre hizo lo que le dio la gana. Se apropió de un camino vecinal que está registrado hace más de 100 años y que la gente lo utilizaba para correr bicicleta y llegar hasta la playa, tapó lo que era el camino del tren, el camino vecinal, y se apropió incluso de una parte de la servidumbre de paso del alcantarillado de Acueductos”, describió Alejandro Ortiz.

El proyecto de construcción de 86 apartamentos de Román González sí constituye la privatización de la playa y de todo el sector de la cueva. De hecho, ya no se puede pasar a esa parte de la costa de Aguadilla, entre el almacén de azúcar al área de Crash Boat ni a la cueva, a no ser que sea por mar.

Alejandro Ortiz explicó que es irónico porque el “desarrollador” pidió unos permisos para una construcción de un complejo de vivienda; sin embargo, se ha enfocado en crear algo parecido a una hacienda sobre la cueva. “Tiene una mentalidad de hacendado, y la parte de la construcción de las casas está en proceso. Ahora mismo, continúa la destrucción de lo que queda del mogote para hacer las casas. Hay partes en que uno ve de la diferencia del terreno, unos 30 o 40 pies de altitud.  Lo que están trabajando ahora mismo es eso,  aun teniendo una orden de paralización. Se supone que no estén haciendo nada”, reiteró.

La orden de demolición que emitió el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en mayo del 2022 se refiere a la construcción del gazebo y el potrero sobre la cueva. Agregó que con la construcción se instaló grama, por lo que la  cueva se ha visto afectada al no percolar el agua. La falta de agua en la cueva tiene repercusiones en el ecosistema y daña, no solo los  nidos de las aves,  sino también los de arañas y a la boa puertorriqueña, que se trepa en las estalactitas en el techo para cazar y buscar presas.

Se supone que sobre una caverna no se construya por el peligro de que el peso de las personas y los vehículos pueda provocar que colapse. Además de la construcción ilegal del gazebo y el potrero, el desarrollador removió terreno de la zona cársica para rellenar el terreno de la construcción, que incluye  un campo de golf. “Ahora está coqueteando con la idea de hacer una zona de carga y descarga de combustible para aviones y hacer un tipo de muelle para cruceros”, denunció.

El joven historiador e investigador, quien estuvo presente el día de las agresiones a los manifestantes por parte de la guardia privada SJA Security Police, también ha presenciado cuando funcionarios, ingenieros y agrimensores del DRNA en más de tres ocasiones, así como arqueólogos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) han intentado visitar la zona para  verificar las colindancias de la ZMT y del resto de los colindantes.  La guardia de seguridad privada no le permitió el acceso a ninguno de estos funcionarios gubernamentales y les exigió una orden judicial para el acceso.

“Al proyectista Carlos Román le permitieron hacer unas reparaciones luego de los huracanes Irma y María y luego comenzó hacer movimientos y terminó apropiándose de la ZMT, de terrenos públicos, la parte del camino vecinal, y tomó parte de la colindancia de algunos vecinos. Si se permite el proyecto,  se privatiza el acceso a la playa pública y el otro sector de la cueva. Aquí tenemos mariposas, aves endémicas del área, algunos animales en peligro de extinción, como el pelícano pardo, cuya población ha disminuido de 300 a 50 ahora tras el inicio de la construcción”.

Mientras, el Campamento Pelícano continúa firme. “Ya hemos hecho varias actividades  educativas y culturales para llevar el mensaje de la necesidad de preservar, además de los recursos naturales, la economía local y el ambiente”, concluyó.

 

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