Después de dos años de gestión desastrosa por parte de LUMA Energy, y de decenas de “apagones”-algunos de larga duración- y de otros signos que evidencian la incapacidad de la empresa para manejar nuestra red eléctrica, el gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP está “trancao” ante el masivo reclamo del pueblo puertorriqueño para que se cancele- o al menos se revise sustancialmente- el acuerdo actual con la empresa privada contratada para la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, el cual vence al cierre de esta edición. Es un acuerdo provisional que se convertirá en permanente una vez se apruebe por el Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Si no se altera, el contrato terminará costándole al pueblo de Puerto Rico más de $1,725 millones en 15 años, sin incluir las alzas por inflación, como la primera que ya se ha anunciado, ni otros costos imprevistos. Además, el acuerdo brinda a LUMA Energy el acceso a los cerca de $5 mil millones en fondos del gobierno de Estados Unidos que ya se han aprobado para la reconstrucción de nuestra red eléctrica. Este contrato ha sido rechazado en consenso por los principales sectores económicos, sociales y profesionales, y por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Solo Pierluisi y sus subalternos, y los procónsules de la Junta de Control Fiscal (JCF) lo defienden. Ni siquiera en Estados Unidos hay consenso. Allá también se ha levantado una fuerte oposición por sectores activistas de la diáspora boricua, y hasta por miembros individuales del Congreso de Estados Unidos que cuestionan las extremas ventajas que el contrato le otorga a LUMA Energy, sin exigencias claras para proteger el interés del pueblo de Puerto Rico.
Es siniestro el empeño de Pierluisi en continuar con el acuerdo de LUMA Energy, sin siquiera contemplar cambios. Su actitud es de menosprecio a la voluntad y al sufrimiento del pueblo puertorriqueño. Quiere imponer el contrato “a la trágala”, una actitud que no es cónsona con su habitual estilo resbaloso ante las controversias que se suscitan en el País. “LUMA o LUMA” parece ser el ultimátum que le da el Gobernador a nuestro pueblo.
Puerto Rico tiene un récord tortuoso con las privatizaciones impuestas. Hace veinte años, en el 2002, el entonces gobierno de Sila Calderón y el Partido Popular anunció la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mediante la otorgación de un contrato por diez años a una firma francesa de nombre Ondeo, para la operación y mantenimiento de nuestro sistema de aguas y alcantarillados. Por los diez años del contrato, la empresa privatizadora recibiría $3,820 millones. Según las expresiones públicas de los oficiales del gobierno entonces, y del presidente de la empresa privatizadora, el francés Jacques Petry, la llegada de Ondeo a Puerto Rico sería el fin de los problemas de salideros de agua y la solución para alcanzar las métricas trazadas por la EPA y el gobierno federal sobre la calidad del agua, la eficiencia en la distribución, el mantenimiento de las plantas, y la excelencia en el servicio al cliente. En sus primeras declaraciones públicas en Puerto Rico, Petry anunció como su primer compromiso la eliminación de todos los salideros de agua en los primeros seis meses de gestión.
Hoy sabemos cómo terminó aquello. Siete meses después, el malestar del pueblo con Ondeo ya empezaba a costarle políticamente a la administración de turno. Dos años después, el contrato fue cancelado y Puerto Rico se ahorró $2mil millones. Ondeo regresó a Francia y la AAA regresó a la sombrilla gubernamental.
Cualquier parecido entre aquella experiencia y la de LUMA no es casualidad. Los gobiernos coloniales de Puerto Rico se especializan en repetir los mismos errores una y otra vez. Ondeo era de Francia y LUMA es un “carapacho corporativo” creado para Puerto Rico por las empresas ATCO de Canadá y Quanta de Estados Unidos. Pero, mientras el contrato malo de Ondeo se canceló, el pésimo de LUMA parece escrito en piedra. Hay una diferencia que favorece a LUMA: los padrinos, sus cabilderos poderosos y sus aliados en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos. Además del respaldo de McKinsey & Company, asesores principales de la JCF y también de Quanta. El anzuelo son los miles de millones de dinero federal al que tendrán acceso y un nuevo mercado cautivo de 1.5 millones de abonados residenciales y comerciales. Puerto Rico es una plaza fácil y un negocio redondo para ellos. Monopolio garantizado, acceso a fondos federales en cifras billonarias, reglamentación “pro forma”, aumentos en tarifa a demanda y pobre fiscalización. Además están los jugosos salarios, beneficios y lujos que podrán darse los altos oficiales a costa del pueblo de Puerto Rico. ¿Acaso alguien cree que Pedro Pierluisi, Fermin Fontanez, Omar Marrero, o los “comisionados” del Negociado de Energía van a cuestionar a los poderosos para defender al pueblo de Puerto Rico? ¿Acaso alguien piensa que van a estar dispuestos a fiscalizar como se debe y enfrentar “la ira de los dioses”?
Es irónico y cruel, pero Puerto Rico sigue contra la pared por el mal gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP, y por todos los partidos y malos gobiernos que se han turnado el poder en esta colonia de Estados Unidos. También seguimos atropellados por la misma metrópolis imperial que, una vez más, nos impone el interés de su gran capital, por sobre lo que le conviene a nuestro pueblo.
