CLARIDAD
Puerto Rico nunca ha tenido su propia política pública para atender la necesidad de vivienda asequible. Su gestión se ha concentrado en seguir la política pública establecida por el Gobierno de Estados Unidos, expone el planificador Raúl Santiago Bartolomei.
CLARIDAD entrevistó al planificador respecto al reciente anunció del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DV), de que se dispone a desarrollar sobre 3,000 viviendas para alquiler por 30 años. Santiago Bartolomei, quien ha estudiado las repercusiones de la Ley 22 (ahora Ley 60) y el negocio de alquiler a corto plazo en la situación de la vivienda en el país, trajo a la atención el anuncio del DV de que hace ya más de una década el Gobierno federal abandonó la política de vivienda pública, lo que se conoce por residenciales o caseríos. Aunque indicó que siempre es importante tener algún tipo de vivienda de alquiler, porque lo cierto es que no todo el mundo puede ser propietario y en muchos aspectos tampoco es deseable, señaló que en términos regionales los países que han tenido las tazas de accesibilidad a vivienda más altas en el mundo no lo han logrado a través de procesos de préstamos hipotecarios, que es como funciona en buena parte de Occidente. La mayor asequibilidad la tienen los países que estaban en el bloque soviético socialista, que una vez desaparecido el bloque, privatizaron sus viviendas públicas. Por eso es que la tasa de titularidad es tan alta.
La realidad en otros lugares como Alemania, Suiza y Holanda es que la tasa de titularidad es de 40 % o menos porque en esos países hay unas protecciones para inquilinos tan fuertes que estos saben que no van a perder la casa, por lo que a nadie le cruza por la mente tener que pasar por un proceso de pedir un préstamo para una hipoteca de 30 años.
“Pero eso es diferente a la realidad de aquí. En Puerto Rico, como nosotros lo que hemos hecho es adaptar lo que establece el Gobierno federal como política pública para atender la necesidad de vivienda asequible, pues nos vamos con lo que haga el Gobierno federal: si hacia vivienda pública, hacia vivienda pública”.
Este explicó que el Gobierno federal dejó de hacer vivienda pública en los 70 para moverla a lo que es la Sección 8 y, ahora, a los vales para personas de ingresos bajos. El Gobierno federal ha dejado de expandir la Sección 8 y ha optado por los créditos contributivos. Este programa es el que financia los proyectos anunciados por el secretario del DV. Quien los maneja los créditos contributivos es el IRS; no se manejan a través del Departamento de la Vivienda de Estados Unidos (HUD, siglas en inglés). Observó que el programa de los créditos contributivos se creó en el 86 y es todavía el único programa federal que constantemente expande vivienda de alquiler subsidiada. “Como nunca hemos procurado una versión criolla de la vivienda de alquiler subsidiado, una vez se elimina la vivienda pública, nos tenemos que adherir a lo que tiene el Gobierno federal”, afirmó.
Según anunció el secretario del DV, el costo de las viviendas de 23 proyectos sobrepasa los $200 mil por unidad y dos de estos proyectos exceden los $300 mil. Santiago Bartolomei observó que la razón por la que las viviendas salen tan caras es porque para acogerse a los créditos contributivos el desarrollador tiene que mantenerlas a niveles subsidiados por 30 años. Es decir, al costo tiene que incorporar todo el mantenimiento de 30 años. En una vivienda unifamiliar para compraventa esos costos no se incorporan, sino que le tocan al dueño.
Santiago Bartolomei reparó en que el DV no cuenta toda la historia. “Hay proyectos que veo con buenos ojos. No hay razón para oponerse a vivienda de interés social. Lo cierto es que va a ser la opción de vivienda para mucha gente y la gente que vive en estas viviendas que son de crédito contributivo tiende a quedarse por muchos años”. Este manifestó que hay dos aspectos que objeta del programa. Primero, que los criterios de elegibilidad para la vivienda de alquiler no son los mismos que para viviendas pública ni para Sección 8. En los últimos dos, los criterios de elegibilidad son por ingreso, pero la renta que se calcula es por lo que una persona puede pagar individualmente. Segundo, que en los programas de los créditos contributivos el nivel de renta se calcula a nivel regional. Lo que puede terminar pasando es que si en una unidad de vivienda pública se paga $200 de renta, en una unidad de vivienda de créditos contributivos la persona puede pagar $600 o más al mes.
El planificador expresó su preocupación al ver que la realidad en Puerto Rico es que los sueldos de los trabajadores en muchos casos no permiten pagar esa renta. Sí hay gente que puede pagar, pero son los menos. “Aquí el problema ahora es que de esos proyectos hay tres que son para sustituir hogares de vivienda pública. Esos son Gautier Benítez en Caguas, Bayshore en Puerta Tierra y, el tercero, Las Gladiolas. El problema es que esos programas contributivos no sustituyen uno a uno la vivienda pública jamás, porque el nivel de pago no es el mismo”. Es decir, que esa vivienda de los créditos contributivos le da una oportunidad de vivienda de alquiler para un grupo que tal vez no pueda tenerlo en otros programas, pero deja fuera a la gente de los ingresos más bajos.
Otra observación que hizo es que cuando se creó este programa de créditos contributivos se pensó en vivienda multifamiliar en áreas urbanas para que la gente pudiera acceder al trabajo, servicios, etc., no para vivienda unifamiliar en urbanizaciones que quedan cada vez más lejos y remotas de las áreas urbanas.
Con relación a lo anterior, algo que no dice el secretario de la Vivienda de Puerto Rico y que tal vez es la preocupación mayor, según Santiago Bartolomei, es qué va a pasar después de los 30 años. En el caso de Estados Unidos, en donde el programa existe desde el 86, hay proyectos que están cumpliendo ya casi los 40 años y lo que ha pasado es que muchos de ellos, en especial en donde las áreas están más caras, el dueño opta por no renovar los créditos, quita las unidades que estaban en el programa y las ofrece a precio de mercado.
“En Puerto Rico, la última vez que miré, muchos de los proyectos que se hicieron habían renovado los créditos; pero no hay ninguna garantía de que eso siempre vaya a ser así. Creo que es una responsabilidad del DV analizar qué pasó y qué ha pasado con los que ya cumplieron, qué ha pasado con ellos. Si deciden no renovar pueden aumentar el alquiler”.
Santiago Bartolomei reconoció que la idea de ser propietario no es única de Puerto Rico, ya que cuando la persona viene por décadas siendo desplazada, eso es terreno fértil para el ideal de tener su propio espacio. El asunto está en cómo la persona o las personas tienen certeza de que están seguras donde viven y de que no van a perder su casa. Explicó que hay distintas maneras de hacer eso y alertó que aun los que son dueños, muchas personas de edad avanzada, pueden perder la casa.
En fin, la titularidad individual se convierte en protección para los que tienen cierto nivel de ingresos. En el caso de Puerto Rico, apuntó, la única política de vivienda coherente que tiene el Gobierno es subsidiar la titularidad individual. Eso requiere pensar que la vivienda pública se convierte en la vivienda permanente para mucha gente porque aquí no hay la movilidad social para ser titular.
