Especial para CLARIDAD
Reflexionando sobre los 49 casos criminales fabricados a Mariana Nogales Molinelli, representante a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de Puerto Rico, a su madre Rita Molinelli y la corporación que manejan, es una conspiración legal del Gobierno, al estilo “lawfare” colonial. De los 49, 2 habían sido investigados y procesados por la legislatura. Ante este despilfarro de recursos públicos, la pregunta que todos se hacen en una colonia llena de corrupción y crimen, ¿Por qué la persecución judicial contra Mariana Nogales? ¿Por qué aplicar el modelo “lawfare” versión colonial? ¿Qué viene para Puerto Rico que hay que atemorizar a Mariana? ¿Por qué le tienen miedo?, por las alianzas, su lucha ambiental, por los derechos humanos o a las nuevas voces o por ser mujer atrevida y retadora. O es que ha investigado algo que molesta a los poderes económicos y políticos.
Creo que los juristas puertorriqueños deben investigar a fondo este caso de “lawfare versión colonial”, que abre un capítulo nuevo en la persecución política, judicial y mediática contra los liderazgos en la colonial. O sea, una nueva modalidad de persecución política estilo siglo XXI.
¿Qué es “lawfare”? según lo definen es “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare) es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales” – en este caso colonial-, que “manteniendo una apariencia de legalidad” se utiliza para “para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”. Proviene de una contracción gramatical de las palabras inglesas «law» (ley) y «warfare» (guerra), persecución que se ha instalado en la colonia (guerra o persecusión en la colonia), aparentando que actúan bajo la más estricta legalidad formal. La pregunta sigue siendo, ¿por qué Mariana Nogales?, a qué grupo de poder político, económico o corporativo y a los intereses políticos o económicos que representan, ha tocado con sus acciones. Puede ser por los casos ambientales, de derechos humanos o por otras investigaciones que realiza. La persecución se mediatizó, los medios de comunicación tomaron el caso sembrando la desmoralización y criminalización en el ámbito de la opinión pública y desviando la discusión de otros casos que le hacían daño al pueblo, al que se une los otros medios sociales de comunicación.
Esta modalidad de persecución, a los que todos los luchadores sociales están expuestos, son las nuevas formas de guerra centradas en el uso del “poder blando” para subsumir o amedrentar al enemigo (luchador social, ambiental, o rival político) evitando la implementación de fuerza directa. Lo legal que incluye una amplia gama de componentes, desde la presión jurídica por medio de denuncias y demandas, hasta las sanciones económicas, fabrican pruebas e incluso se llega a prescindir de lo que marcan la Ley y el Derecho solicitando información privada. Son procesos de persecución política por la vía judicial contra determinados sectores de la política, líderes y militantes, para lograr su inhabilitación política y la pérdida de legitimidad.
Pero es mucho más, esta guerra es librada en varios frentes (o dimensiones), que operan en paralelo y que confluyen, al menos en cuatro dimensiones: la jurídica, la mediática, la político-económica y la geopolítica, que hay que investigar.
Brevemente. En el ámbito judicial el “lawfare” opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que representa a una élite económica y política. En lo mediático construyen el relato que incluyen los medios de comunicación y redes sociales, que operan manufacturando consenso en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos, recurriendo a voces expertas o analistas, que contribuyen al espectáculo. Y desvían la atención de otro asunto, como el caso de los primos del Gobernador. Es curioso que el relato sobre la corrupción en el mundo empresarial (los primos) o incluso vinculada a sectores de derechas, no cuenta con el mismo protagonismo mediática.
El ámbito de lo político-económico, la persecución judicial abunda contra sectores (ambientales, sociales, feministas, universitarios, trabajadores, sindicalistas, comunitarios, anti aborto, anti neoliberalismo, etc.), líderes y sectores que promueven la intervención del Estado en la economía (en contra de la Junta de Control Fiscal), sectores contra la deuda pública, sectores por las pensiones, sectores del reclamo sobre la protección de los recursos y el medio ambiente, contra la gentrificación y venta de las playas, o la explotación económica, sectores universitarios, sectores que reclaman los derechos de las poblaciones de preferencias sexuales diferentes, de las mujeres, de los pobres, de los que no tienen hogar, o que simplemente reclaman que exista igualdad social y económica.
El ámbito geopolítico, aunque parezca extraño tiene que ver con la lucha contra la Ley 22 del 2012 que fomenta la llegada de inversionistas extranjeros que no pagan impuestos y no son evaluados en su efectividad, las expropiaciones, la Junta de Control Fiscal y los otros intereses ocultos del lawfare, como son los acreedores de la deuda.
Hay mucho que investigar, estudiar y analizar en este caso. Hay muchas tesis que crear. Sin olvidar la permanente presencia de EE. UU. en aspectos políticos, económicos y geopolíticos en la colonia de Puerto Rico que está detrás de esos administradores coloniales que hacen la persecución.
Y lo que se ve, es que es una cacería de brujas que refleja el poder misógino de los políticos detrás. La desmoralización y criminalización de la mujer dedicada a la política, con amplia capacidad de liderazgo, que hay que disciplinar. La criminalización y acoso político contra Mariana Nogales (luchadora por los derechos humanos, ambientales y civiles), es contra todas las mujeres que luchamos, es contra todas nosotras y contra el pueblo.
El “lawfare versión colonial” otorga un marco privilegiado para la profundización de estas prácticas misóginas y violentas, querer controlar a la mujer, para que otras no repitan su atrevimiento de ser política, luchadora, que denuncia y va de frente. Esa persecución es reflejo de ese patriarcado-colonial-misógino que existe que no se atreve a llevar un caso contra un hombre, pero si contra una mujer, creyendo que así la asustan y detienen.
A su vez es evitar que un movimiento político que había contribuido a ensanchar la democracia ampliando la participación y que busca las alianzas para conquistar nuevos ámbitos de justicia social y política, pudiera persistir o reaparecer en el futuro, que nuevas voces se levanten, es perseguir, proscribir o eliminar adversarios políticos, no es un fenómeno nuevo, pero es una versión diferente. Por eso debemos denunciar esta persecución e investigar.
