La ciencia de la historia nos enseña que, para lograr las grandes transformaciones que conduzcan a un país a un nuevo y más alto desarrollo político, económico y social, es necesario, a veces, atreverse a romper con los viejos y anquilosados sistemas que impiden su desarrollo, o que han dejado de servirle bien a la mayoría de su población. En Puerto Rico, ha llegado la hora de romper con el bipartidismo que ha dominado la política puertorriqueña durante los últimos 60 años.
La historia moderna de nuestro país ha sido dominada por dos fuerzas políticas que una vez fueron formidables y niveladas electoralmente. Primero, el Partido Popular Democrático (PPD), que gobernó a Puerto Rico, aglutinando grandes mayorías electorales, por los primeros 20 años de la segunda mitad del siglo veinte, desde 1948 hasta 1968. En las elecciones de 1968 fue derrotado por primera vez por el Partido Nuevo Progresista (PNP), un desprendimiento del viejo Partido Estadista Republicano (PER) que reunió a viejos y nuevos partidarios de la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos en un reciclado y renovado instrumento electoral. Ambos partidos se han turnado la.administración de la colonia durante las pasadas seis décadas.
Esto no ha sido por casualidad, sino por diseño. La metrópolis colonial se ha beneficiado del cambio de sillas cada cuatro u ocho años en Puerto Rico, que no es otra cosa que un calco del cambio de sillas, cada cuatro u ocho años, entre Republicanos y Demócratas en la capital federal. Las dos grandes tribus políticas de aquí han servido para garantizar la permanencia y estabilidad del modelo colonial de ocupación y explotación de Puerto Rico, y supeditarlo al capricho de los grandes intereses que, en cada ciclo histórico, han manejado los hilos del poder del capitalismo imperial. Sean estos intereses militares, o energéticos, o agrícolas, o industriales, o financieros, o comerciales, o cualquier combinación entre ellos, el gran capital estadounidense es el principal beneficiario de cualquier incursión en Puerto Rico. Así lo garantizan ambos gobiernos, de Estados Unidos y Puerto Rico, y los cuatro partidos, dos de allá y dos de acá, que controlan el aparato electoral y mantienen a raya cualquier posible reto a la hegemonía del capital estadounidense sobre el archipiélago borincano.
El resultado final de este dominio ha sido el colapso del proyecto colonial en Puerto Rico. Nuestro país, en bancarrota fiscal, empobrecido, carente de un plan serio y coherente para su desarrollo, y sometido por décadas a una mezcla letal de irresponsabilidad, corrupción, codicia, incompetencia, dejadez e indiferencia, por parte de las fuerzas políticas tradicionales en San Juan y Washington, ha comenzado a dar señales de impaciencia y disgusto con un modelo bipartidista que se ha tornado deficiente e insostenible para grandes sectores de su población.
Especialmente, los sectores productivos de Puerto Rico- las y los trabajadores asalariados, pequeños y medianos empresarios, profesionales en todos los campos, sectores de la academia, el conocimiento y la cultura- entre otros, han comenzado a buscar nuevas formas de organizarse política y electoralmente, de otras maneras y al margen de los dos viejos y anquilosados partidos del estatus quo colonial.
Esto ha ocasionado una gran erosión en el apoyo electoral hacia el PPD y el PNP, que han visto reducir sus otroras mayorías, hasta cada uno recibir de los votantes apenas un 30 por ciento de apoyo en las pasadas elecciones generales. Tras décadas de dominio electoral, sus mayorías se esfuman por sus propios errores y ante el avance de un nuevo liderazgo político joven, talentoso y sin lastres en el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana(MCV) y sus propuestas atractivas, viables y de avanzada para un desarrollo económico propio y sostenible, democracia participativa, buen gobierno y amor a la Patria.
Por eso, como último recurso, el PNP y PPD se escudan en una ley electoral sesgada y antidemocrática, creada por ellos mismos para controlar y manipular el proceso eleccionario, reducir y suprimir los derechos de los demás partidos y autoperpetuarse en el poder.
Ante la trampa, es un buen primer paso de desafío la demanda presentada ante el Tribunal por el PIP y MCV, solicitando remedio ante una ley claramente contraria a la Constitución de Puerto Rico porque vulnera el ejercicio de participación electoral en igualdad de condiciones para todos los partidos.
Independiente de lo que decida un juez en un tribunal dominado también por el bipartidismo, este reto judicial del PIP y MCV contribuye a romper el cerco que el colonialismo y el bipartidismo han tendido sobre Puerto Rico, y a crear conciencia de la urgencia de devolver la integridad, la equidad y la democracia al proceso electoral como un bien en favor de nuestro pueblo.
