Especial para CLARIDAD
Alguien dijo que la historia que no se cuenta, no existe. Si un observador no los reporta o algún investigador no los escudriña, los eventos que sucedieron y, más importante aún, que nos afectaron, efectivamente desaparecen. Lo anterior es aún más cierto con las historias individuales. Los investigadores de la historia concentran su atención en los que por alguna razón particular en determinado momento sobresalieron, pero no en quienes con su trabajo facilitaron que alguien sobresaliera.
Vemos un ejemplo. Juan Mari Brás es recordado, entre muchas otras cosas, por sus batallas en los tribunales para hacer valer derechos fundamentales. La jurisprudencia puertorriqueña recuerda aquellas luchas con el nombre de su principal promotor, Mari Brás, o el de la organización política que él dirigía, Mari Brás v. Alcaide (1972) o PSP v. ELA (1978), para mencionar sólo dos de los casos más sonados. Cada una de aquellas batallas legales requirieron del trabajo capaz, intenso y dedicado de un grupo de abogados y abogadas, ninguno de los cuales cobró un solo centavo durante los largos meses de cada litigio. Ludmilia Rivera Burgos, cuyo fallecimiento sobrevino hace apenas unos días, siempre fue parte destacada de todos aquellos litigios, aunque su nombre ni siquiera aparece en la opinión o sentencia que recoge la jurisprudencia.
Ludmilia participó en aquellos litigios, no sólo por ser una abogada con profundidad jurídica y gran capacidad de trabajo, sino porque fue una destacada militante del Movimiento Pro Independencia (MPI) y el Partido Socialista Puertorriqueño. Su trabajo legal, junto a Enrique “Chino” González, Fermín Arraiza y tantos otros, fue una de sus muchas aportaciones a la lucha patriótica a lo largo de varias décadas.
Su incursión en el movimiento patriótico comenzó muy temprano, poco tiempo después de haber terminado sus estudios de derecho. En 1964 formó parte de un grupo de jóvenes que se integró al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), revitalizando su organización juvenil junto a Carlos Gallisá, Jenaro “Tuto” Marchand y Jaime Córdova, entre otros. Posteriormente se integró al MPI, luego convertido en PSP, donde estuvo mientras las organizaciones existieron.
Su trabajo como abogada no se limitó a lo que Mari Brás llamó “experimentos jurídicos”, como los mencionados previamente, que surgieron cuando el MPI o el PSP decidieron retar legislación o reglamentaciones utilizadas para perseguir o coartar los derechos de las organizaciones patrióticas. Si revisamos los periódicos de las décadas del ´60, ´70 y ´80 encontramos a Ludmilia Rivera como abogada de los dirigentes estudiantiles víctimas de represión, como resultado de las luchas contra el ROTC y el servicio militar en los años intensos de 1969 a 1973; como abogada defensora de trabajadores y líderes sindicales (entre otros, Arturo Grant Pardo) arrestados y acusados durante las múltiples huelgas que se sucedieron a lo largo de las décadas de 1970 y 1980; y como representante legal de los rescatadores de terreno que el gobierno de Carlos Romero Barceló desalojó a la fuerza de sus humildes hogares. En uno de aquellos rescates -Villa Sin Miedo en Río Grande- representó a los residentes tanto en el proceso de desahucio incoado, como en las acusaciones criminales que se presentaron cuando los rescatadores resistieron el desalojo.
Como otros dirigentes y militantes de aquellos años, Ludmilia incursionó en áreas en las que fue necesario aprender sobre la marcha. Cuando el PSP decidió participar en las elecciones generales estudió a fondo la legislación y reglamentación electoral, representando a la organización en numerosos litigios incoados para defender sus derechos frente a los partidos que hasta el momento habían controlado el proceso, el PPD y el PNP. En las elecciones de 1980, una de las más cerradas de nuestra historia y, como muchas, marcada por el fraude, como Subcomisionada Electoral del PSP, se empleó a fondo en los litigios que se produjeron antes y después de votar, y en el recuento cargado de incidentes que se prolongó durante meses.
Posteriormente utilizaría esa experiencia en el proceso eleccionario para presidir la Comisión Electoral el Colegio de Abogados con la que la ilustre institución cumplió una función fiscalizadora y revisora de los eventos electorales. Hace algunos años el Colegio le otorgó la medalla Nilita Vientós con la que la institución distingue a abogados o abogadas que se destacan en la profesión legal y la actividad cultural.
Por sus dotes en el campo legal y, además, por la gran necesidad de abogados litigantes que hubo durante aquellas décadas de intensa lucha, las aportaciones de Ludmilia Rivera Burgos en ese campo fueron más conocidas. Pero su aportación al trabajo del MPI y el PSP fue más amplia, incursionando también en la lucha cultural, sindical y en la defensa de los derechos de la mujer. También participó en la lucha clandestina armada que se desató en Puerto Rico durante aquellos años como integrante de los Comandos Armados de Liberación. De esa faceta no es posible hablar en detalle. En primer lugar, porque por su naturaleza clandestina y por la necesaria compartimentación, hay poca información disponible y, en segundo lugar, porque el enemigo que entonces acechaba lo sigue haciendo. No obstante, es necesario apuntar el dato para la historia que falta por escribirse.
Por esa lucha efectiva y amplia Ludmilia fue objeto de muchos actos represivos, incluyendo una cobarde y brutal golpiza que en una ocasión recibió en su propio hogar. Como nunca pudieron detenerla en los tribunales ni en la calle, pretendieron callarla a golpes.
