Especial para CLARIDAD
Hay noticias que duran un día. Y hay noticias que arrancan el velo de una mentira que llevamos más de un siglo intentando disfrazar. La decisión del gobierno de Donald Trump de impedir la entrada de Ada Colau a Puerto Rico pertenece a esta última categoría. No porque afecte únicamente a una líder política española, sino porque vuelve a exhibir la realidad desnuda de nuestra condición colonial. Puerto Rico no controla sus fronteras, no ejerce soberanía sobre su territorio y no tiene autoridad para decidir quién entra o quién participa de su vida pública. Esa decisión la toma otro país.
La pregunta que debería indignar a todo puertorriqueño, sin importar su ideología, es simple: ¿cómo puede una persona invitada a una actividad en Puerto Rico ser excluida por una decisión de Washington, sin que el gobierno puertorriqueño pueda intervenir?
La respuesta es igualmente sencilla y mucho más incómoda.
Porque somos una colonia.
Nos han enseñado durante décadas a discutir la colonia como si fuera un concepto abstracto, una categoría jurídica o un asunto para expertos constitucionales. Pero la colonia se manifiesta precisamente en momentos como este. La colonia es descubrir que las decisiones fundamentales sobre nuestro territorio se toman en otro lugar. La colonia es la incapacidad de actuar sobre aquello que afecta directamente a nuestro país. La colonia es observar impotentes cómo una potencia extranjera determina quién puede cruzar nuestras fronteras y quién no.
Lo ocurrido con Ada Colau no es un accidente administrativo. Es una demostración de poder.
Según diversas informaciones, las preguntas realizadas por funcionarios estadounidenses estuvieron centradas en su participación en la Flotilla Global Sumud y en su activismo a favor de los derechos del pueblo palestino. Posteriormente se le negó la entrada alegando una supuesta intención de inmigrar ilegalmente a Estados Unidos, una explicación que resulta difícil de sostener tratándose de una figura política internacional, exalcaldesa de Barcelona, actual candidata a la presidencia de España de una coalición política española y participante de un evento público con fecha de regreso establecida.
La coincidencia resulta demasiado conveniente.
Porque el verdadero problema no parece ser la inmigración.
El verdadero problema parece ser el disenso.
El verdadero problema parece ser que Ada Colau ha denunciado la masacre que se desarrolla en Gaza. Que se embarcó en una misión humanitaria para desafiar el bloqueo israelí. Que ha dedicado parte de su capital político a denunciar el sufrimiento de una población civil sometida al hambre, la destrucción y el desplazamiento.
Y entonces surge una comparación inevitable.
Mientras a Ada Colau se le cierran las puertas de Puerto Rico, el presidente argentino, Javier Milei, ha recorrido España lanzando insultos contra el gobierno de Pedro Sánchez, atacando a ministros, provocando crisis diplomáticas y utilizando territorio extranjero como escenario de confrontación política.
Uno entra sin obstáculos.
La otra es excluida.
Uno representa a una derecha internacional alineada con Trump y Netanyahu.
La otra ha denunciado las políticas del Estado israelí y ha defendido la causa palestina.
La diferencia es demasiado evidente como para ignorarla.
Pero incluso esa discusión es secundaria. porque el asunto central no es Ada Colau.
El asunto central es Puerto Rico.
Lo verdaderamente ofensivo es que el gobierno de Puerto Rico no tiene poder alguno para corregir la decisión. Lo verdaderamente humillante es que los puertorriqueños debemos limitarnos a observar. Lo verdaderamente indignante es que un país de más de tres millones de habitantes carezca de autoridad sobre las puertas de su propia casa.
Ninguna nación soberana aceptaría semejante situación como normal.
Imaginemos por un momento que España prohibiera la entrada de una persona invitada por el gobierno de Argentina. O que Francia decidiera unilateralmente quién puede participar en actividades políticas en Portugal. Sería considerado un atropello intolerable.
En Puerto Rico, sin embargo, se nos pide aceptarlo con normalidad.
Esa es quizás la consecuencia más profunda del colonialismo: convertir la subordinación en costumbre.
La historia de Puerto Rico está llena de estos episodios. Desde la persecución contra el movimiento independentista, las carpetas políticas, la vigilancia del FBI y la represión de quienes desafiaban el orden colonial, hasta el presente, donde las decisiones fundamentales continúan tomándose fuera de nuestro alcance democrático. Lo que cambia son los métodos. Lo que permanece intacta es la relación de poder.
Por eso la izquierda puertorriqueña ha insistido durante generaciones en que la cuestión colonial no es un asunto del pasado ni una obsesión ideológica. Es una realidad concreta que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida colectiva. Se manifiesta cuando una junta impuesta desde Washington controla nuestras finanzas. Se manifiesta cuando las leyes federales prevalecen sobre nuestra voluntad democrática. Y se manifiesta cuando una potencia extranjera decide quién puede poner un pie en Puerto Rico.
La prohibición contra Ada Colau es también un mensaje de nuestro tiempo. Un tiempo en que resurgen proyectos autoritarios. Un tiempo en que se criminaliza la solidaridad con Palestina. Un tiempo en que denunciar la violencia de los poderosos comienza a considerarse una amenaza.
Resulta imposible no recordar las palabras del luchador independentista Pedro Albizu Campos: “La patria es valor y sacrificio”. Porque el valor consiste precisamente en levantar la voz cuando otros prefieren callar. Y eso fue lo que hizo Ada Colau al exigir que el mundo no apartara la mirada de Gaza.
Pero también conviene recordar otra advertencia fundamental del pensamiento anticolonial puertorriqueño. Como señaló Juan Mari Brás, “la colonia es la negación permanente de la voluntad de un pueblo”. Pocas veces esa definición se manifiesta de forma tan clara como en este caso. La decisión sobre quién podía o no entrar a Puerto Rico no fue tomada por el pueblo puertorriqueño, ni por sus instituciones, ni por un gobierno elegido por quienes viven aquí. Fue tomada por una potencia extranjera que continúa ejerciendo poderes soberanos sobre nuestro territorio. El caso de Ada Colau no es simplemente una controversia migratoria; es una demostración práctica de la negación de la voluntad colectiva de Puerto Rico.
Pero esta historia tampoco trata únicamente sobre Gaza.
Ni sobre Trump.
Ni sobre Israel.
Ni siquiera sobre Ada Colau.
Trata sobre nosotros.
Trata sobre un país que todavía no puede decidir por sí mismo.
Trata sobre un pueblo cuya soberanía continúa secuestrada por otro gobierno.
Trata sobre la amarga realidad de que, en pleno siglo XXI, Puerto Rico sigue siendo un territorio donde los asuntos fundamentales no los decide su gente.
No se le negó la entrada únicamente a Ada Colau.
Se le recordó a Puerto Rico quién manda.
