Un fallo del Tribunal de Apelaciones eximió al ayuntamiento de su responsabilidad pública
En 2023, un conductor atropelló a seis personas en la plaza pública de Cayey. Dos quedaron gravemente heridas. El incidente provocó numerosas demandas en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, donde el Municipio de Cayey figuró entre los acusados por asuntos de mala planificación e impericia profesional. No obstante, el ayuntamiento habría quedado libre de pagar $75,000 en daños causados a los afectados.
Así lo registra la sentencia del caso TA2026AP00836, evaluado por el juez del Tribunal de Apelaciones Carlos Candelario Rosa. Como abogado de la defensa– es decir, del Municipio de Cayey– aparece el exgobernador que ascendió al togado en 2014: Alejandro García Padilla. La sentencia exime al Municipio de responder a la acusación de que el diseño de la plaza no estaba hecho para prevenir este tipo de accidente.
“La responsabilidad del conductor por el atropello no elimina la necesidad de examinar las decisiones de quienes diseñaron, remodelaron, supervisan y administran ese espacio público. Una plaza equipada con barreras de protección vehicular adecuadas pudo haber detenido o desviado el automóvil antes de que alcanzara a las personas que disfrutaban del lugar, evitando así las graves lesiones y el sufrimiento de víctimas”, comentó una fuente residente en Cayey, que prefirió mantenerse en el anonimato.
William Ortiz Colón, exdirector de ventas digital en WAPA TV, formó parte de los perjudicados por el atropello, igual que Daiana Robles Vélez, su esposa. Ambos conformaron la parte demandante, donde García Padilla aparece de nuevo como abogado de defensa del Municipio. El togado Rodney Ríos Medina atendió el caso.
Asimismo, la Oficina del Contralor reportó, entre otras cosas, $97,000 que el Municipio de Cayey invirtió en “materiales de baja calidad y trabajos deficientes”. El informe OC-24-01, publicado en 2023, recoge también incrementos en precios de trabajo y pagos indebidos. El espacio no contaba con barreras protectoras, de manera que nada detuvo el vehículo del conductor accidentado.
“(El Tribunal de Primera Instancia) determinó que tanto el conductor del vehículo como el Municipio de Cayey incurrieron en negligencia. En el caso del Municipio, señaló que había promovido actividades públicas en la plaza sin adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedir el acceso de vehículos al espacio peatonal. El Tribunal reconoció daños por $350,000 a favor de William Ortiz Colón: $300,000 por daños físicos y $50,000 por angustias y sufrimientos mentales. De esa suma, ordenó al Municipio de Cayey pagar $75,000”, agregó la fuente conocedora del caso.
Empero, el Municipio llevó el caso al Tribunal de Apelaciones, donde García Padilla y Candelario Rosas compartirían la misma sala para dirimir el mismo caso. La decisión del foro apelativo contó con la participación de los jueces Ana Mateu Meléndez y Alberto Pérez Ocasio. La corte planteó que había insuficientes argumentos a favor del fallo del tribunal menor.
“¿Fue una asignación completamente aleatoria? ¿Qué funcionarios intervinieron en la composición del panel? ¿Existen registros que permitan reconstruir y verificar ese proceso? Estas preguntas adquieren especial importancia cuando la sentencia termina favoreciendo al Municipio que había contado con la representación legal de un exgobernador con vínculos personales con el magistrado que redactó la decisión”, cuestionó la fuente.
La sentencia del caso ha levantado suspicacias entre los ciudadanos de Cayey puesto que García Padilla, además, forma parte de algunos esfuerzos municipales de expropiación forzosa. Estos proyectos adquieren parcelas y terrenos con dueños para adelantar la construcción de carreteras o parques. El nombre del exmandatario aparece en numerosos casos, más allá del accidente de tránsito ocurrido en 2023.
Por otro lado, Candelario Rosas fue objeto de acusaciones éticas en 2017. El Tribunal Supremo determinó que el funcionario habría archivado una querella en su contra, en la que actuó contra el abogado de un caso. El alto foro resolvió suspender, por tres meses, las funciones del togado al incumplir varias estipulaciones del Código de Ética Judicial.
“Otras víctimas mantienen reclamaciones pendientes ante los tribunales. No corresponde afirmar, sin prueba, que existió una conspiración entre el alcalde, el exgobernador y el juez.
Pero sería igualmente impropio descartar las preguntas que surgen de la secuencia documentada sin investigarlas. Cada uno debe responder, dentro de su ámbito de responsabilidad, a las preguntas que sus actuaciones y circunstancias plantean”, aseveró la fuente.







