CLARIDAD
Si ya los dos proyectos presentados para una reforma de permisos que quedaron pendientes en la pasada sesión legislativa resultaban perjudiciales para la planificación y recursos naturales del país, la intervención de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la confección de un nuevo proyecto de reforma de permisos tampoco augura nada bueno.
El 27 de agosto, Robert Mujica, director ejecutivo de la JCF, cursó una carta a la gobernadora, Jenniffer González; al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara, Carlos J. Méndez Nuñez, en la que les solicita “participación inmediata” en la reforma de planificación y permisos. Según la JCF, la reforma de permisos es una “prioridad compartida y un componente estructural del Plan Fiscal para Puerto Rico”.
El director ejecutivo plantea que la Junta “apoya los esfuerzos de ambas ramas del Gobierno para lograr una reforma duradera y está preparada para destinar recursos a dicha labor”.
En su carta, la Junta recoge que, el 7 de abril, el presidente del Senado designó un enlace para trabajar con la JCF en asuntos de infraestructura, desarrollo económico y permisos. Mientras que a la Cámara les recuerda que, el 15 de mayo, el presidente Méndez Núñez, le solicitó observaciones sobre el PC 1213. Con relación a esa solicitud, la carta de la Junta hace referencia a otra carta enviada el 4 de junio, en la cual indica que al proyecto se le hizo una “revisión preliminar favorable”, según estaba redactado, y que eso no se extendía “automáticamente a cualquier sustitución o texto subsiguiente”.
Para no dejar de advertir, Mujica deja plasmado que la ley PROMESA requiere que la gobernadora le presente a la Junta las leyes promulgadas, le permite a la Legislatura solicitar una revisión preliminar de legislación propuesta y requiere que la Junta “revise leyes que podrían afectar el Proceso Expedito de Otorgamientos de permisos para proyectos críticos”.
En entrevista sobre sus impresiones de lo planteado por la JCF, el planificador José Rivera Santana, quien ha examinado tanto los proyectos presentados como los planes fiscales, indicó que en los planes fiscales del 2020 y 2021 la Junta siempre incluyó que se acelerara una reforma de permisos. Aunque después lo dejaron de incluir en esos años, incluso se estableció un cronograma por etapas de cuándo se tenía que terminar la reforma. “Así que desde ese momento ha sido un interés de la Junta hacer cambios al proceso de permisos”.
En esa dirección, acotó que las versiones de reforma de permisos presentadas no hacen otra cosa que responder a la insistencia de la JCF sobre todo el proyecto de la gobernadora. De hecho, señaló como una de las cosas reveladoras de la carta de la Junta el que se expresa favorable al proyecto de la gobernadora.
“Lo que la carta revela es que le está dando un jalón de oreja tanto a la gobernadora como a Jhony Méndez y Rivera Schatz de que no se pongan a inventar con los proyectos sometidos porque tiene que ser el proyecto que según la Junta encuadre con los cuatro criterios que establece en la carta. Cualquier proyecto que no esté dentro de esos cuatro criterios, la Junta lo va a rechazar”.
Rivera Santana apuntó que, en particular, la Junta está detrás del proyecto de la gobernadora, que es el más detrimental para la planificación del país y para la defensa de recursos naturales. También lo estuvo detrás del proyecto de la Ley 82, el cual, denunció, está a la medida de Esencia, pero permite dentro de ese marco cualquier otro proyecto que tenga las mismas características.
Sobre la participación de la JCF en la reforma de permisos, el exmiembro de la Junta de Planificación (JP) trajo a la atención que hay que partir de la premisa de que los intereses del ente fiscal responden a sectores económicos, por lo que busca que se permita que se aprueben proyectos en suelos rústicos especialmente protegidos después que se declare un proyecto estratégico.
“Creo que la carta es una bien arrogante contra la gobernadora y los presidentes legislativos. Les están diciendo que lo que ellos están considerando no tiene ningún sentido, que si no cumplen con los criterios establecidos por la Junta y se ajusta al Plan fiscal, que si no es así, no le van a dar luz verde. Eso es como una parar de casco. Habrá que ver la reacción de los presidentes de ambos cuerpos, en particular de Rivera Schatz”, manifestó Rivera Santana.
Entrevistado por separado, el planificador Pedro Cardona Roig, expresó de primera intención que le parecía “interesante” la intención de la JCF de dirigirse a los presidentes de los cuerpos legislativos y a la gobernadora sobre lo que espera de la reforma de permisos. Aun cuando dejó de entrada su postura de rechazo a la imposición de la JCF, su análisis de la carta es que lo que dice la Junta es que está buscando agilidad en los permisos, que se concedan sin tener tanta burocracia, que se aclare el estado de derecho con relación a los trámites, que espera que el procedimiento añada certeza y que se pueda cumplir con un trámite ágil de unas autorizaciones que son conformes a la política pública del uso de suelo.
“Ahí es donde viene el reto grande: esta reforma de permisos no tiene una estructura que sea lógica desde un punto de vista de la relación de la política pública del uso de suelo y el trámite de permisos, dos cosas que siempre deberían estar alineadas. Aquí lo que se ha planteado es hacer una reforma de permisos para atender el interés de un grupo particular, que es el grupo que ha estado detrás de este proyecto: los constructores de hogares, la Cámara de Comercio, los contratistas generales”, manifestó Cardona Roig.
El exmiembro también de la JP y conocido como El Urbanista denunció que la JCF no tiene posibilidad de ser objetiva y que lo está mirando es solo la parte cuantitativa y no cualitativa de una reforma de permisos. Al igual que su colega, reparó en que la encomienda de la JCF es sacar el dinero de los bonistas como puedan, y mientras más rápido, mejor “y ese es el objetivo. La reforma la ven desde esa perspectiva”.
Cardona Roig expuso que la situación en la que se encuentra en la actualidad todo el andamiaje de la planificación y el sistema de permisos y las enmiendas que se hicieron en la Ley de Reforma del 2009 han provocado una situación indeseable. Aun cuando admitió que el no hacer nada no le parece que sea una alternativa, recalcó que los proyectos presentados tanto el del presidente del Senado como el de la Gobernadora, e incluso el proyecto sustitutivo que se circuló, pero que no se ha presentado de manera oficial, no son la solución.
“Realmente no le sirven ni siquiera a los que propusieron la reforma del 2009. Es un mal proyecto para todo el mundo y eso es lo que no acaban de entender” concluyó.
