Continúan las reacciones de rechazo y de cuestionamiento contra el comité energético nombrado por la gobernadora entrante, Jenniffer González Colón, por parte de organizaciones y activistas que favorecen el uso de la energía solar. Las críticas han sido dirigidas tanto contra las personas designadas, así como a lo que se ha divulgado será su encomienda.
Contrario a las expectativas de que de que cancelaría el contrato de Luma, según su promesa de campaña, para dar paso a un nuevo modelo público, el grupo nombrado asesorará a la gobernadora sobre posibles sustitutos de operadores de LUMA, lo que quiere decir que se mantendrá la privatización del sistema eléctrico, además de aumentar el uso del gas metano con nuevas plantas generatrices.
El secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor Alvarado Guzmán, catalogó de “desastre” el comité. “Ese Comité es un desastre y de seguro la ruta que tracen volverá a estancarnos en el lodazal tóxico de los combustibles fósiles”, aseveró.
Alvarado Guzmán compartió que hace varios meses el PIP propuso un Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético con una participación más amplia y diversa. El comité incluía ingenieros y docentes de la Universidad de Puerto Rico, profesionales de Administración Pública, Economía y Derecho, un integrante de alguna organización comunitaria dedicada a la adopción e implementación de fuentes de energía renovable y representación del sector laboral.
El asesor ambiental del PIP también criticó a los políticos que ya se están alineando con el comité de la gobernadora entrante, sin tomar en consideración a las comunidades y organizaciones con experiencia en asuntos energéticos.
“Continúa el contubernio de rojos y azules en contra del bienestar de la gente. Hasta el comisionado residente electo del PPD, Pablo José Hernández Rivera, expresó su apoyo y respaldo a ese comité simplemente porque hay dos populares nombrados. Al parecer su visión es la misma que Jenniffer González, sin importar lo que le conviene al país”, comentó.
Por su parte, la coalición Queremos Sol igual se expresó de manera contundente contra los nombramientos. “Tenemos integrantes de ese Comité de Trabajo de administraciones pasadas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) que participaron directamente en la confección e implementación privatizadora de LUMA Energy, Genera y New Fortress Energy, que nos ha traído al desastre que enfrentamos hoy. ¿Qué cambio positivo para el país podemos esperar de personas que claramente no velan por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y en quienes no se puede confiar?”, expresó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración y Amigos de Río de Guaynabo y portavoz de Queremos Sol.
Queremos Sol denunció los nombramientos del actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, quien también dirigió la AEE bajo la administración Fortuño, y el expresidente de la Junta de Gobierno de la AEE en 2011 y 2013, José Ortiz, quien le abrió las puertas a New Fortress Energy, empresa matriz de Genera, otorgándole, bajo un proceso viciado, un contrato de $1,500 millones para suplido de gas.
Bajo el mandato de Colón y Ortiz se redujo artificialmente la factura de luz de los consumidores meses antes de las elecciones del 2012. Colón, por su parte, aprobó las transacciones de las privatizadoras LUMA y Genera como miembro del Comité de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. El Comité también incluye al actual senador y excandidato a la gobernación por el PPD, Juan Zaragoza, y el exsenador del PPD, Ramón Luis Nieves, quienes han favorecido la privatización del sistema eléctrico.
La organización Queremos Sol censuró, además, que otros participantes del comité sean principalmente del sector privado empresarial. “¿Dónde están los representantes de las comunidades y sectores residenciales del país? La selección de los miembros de este comité continúa un patrón de favorecer al sector empresarial, por encima de los intereses de los ciudadanos que sufren la crisis todos los días, sin que se escuchen sus voces”, añadió la licenciada Ruth Santiago, portavoz de Queremos Sol.
De igual forma expresaron su rechazo al uso del gas: “La gobernadora electa se equivoca nuevamente. El gas natural no es una fuente renovable ni limpia y no resultaría en precios más accesibles, pues también está sujeto a los vaivenes del mercado de combustibles fósiles”, expresó el licenciado Pedro Saadé. Las instalaciones de gas, así como su transporte, representan una amenaza inminente para comunidades, para la economía y nos alejan de lograr los objetivos renovables, advirtió.
“Es necesario cuestionar qué propósito tiene este comité y qué poderes decisionales tendría. ¿A qué información privilegiada tendrán acceso estos integrantes y cómo se evitará que utilicen este acceso y el poder que tendrán para beneficiar sus propios intereses?”, expresó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol.
“LUMA y Genera fracasaron. La privatización la intentaron y fracasó. Aquí hace falta un gobierno que actúe con voluntad y contundencia cancelando el contrato de LUMA y estableciendo un modelo público viable, resiliente y económico, con energía solar desplegada en los techos de las casas y comercios de Puerto Rico,” añadió.
La coalición Queremos Sol urgió al gobierno entrante a devolver el sistema de generación y distribución eléctrica de Puerto Rico a manos del pueblo. A través de un modelo público y participativo, se podrían utilizar gran parte de los $19,000 millones en fondos federales asignados al sector eléctrico para la transformación energética hacia energía solar en los techos y alcanzar el 75 % de energía renovable distribuida en 15 años.
