A diez años de la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), la recién determinación del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston (TA) que resolvió que la Junta no puede usar el Plan de Ajuste de la deuda (PAD) de Puerto Rico para bloquear demandas contra funcionarios públicos demandados en su carácter personal, es la mayor victoria en terrinos de defensa de derechos civiles que se ha logrado en la última década. Así lo catalogó Fermín Arraiza Navas, director Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capitulo de Puerto Rico.
En entrevista en el marco de los 10 años de la imposición de la JCF y lo que significa dicho ente en términos de los derechos civiles, Arraiza Navas, del saque afirmó que lo que nosotros llamamos la junta, porque el nombre se supone es una ‘Junta de manejo y supervisión’, pero es una junta de control realmente. En efecto la Junta si constituye una violación a los derechos civiles y colectivos de nuestro pueblo.
Hay que repasar que la Junta se creó a base de una ley promulgada por el Congreso de Estados Unidos, la cual en la práctica sustituye al gobierno de Puerto Rico por siete integrantes que no fueron electos por el pueblo. “Empezando por ahí. Es una junta que se crea por decreto, por una orden de parte del presidente para que el Congreso actúe sobre la situación fiscal de Puerto Rico situación que responde a su vez al dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto rico y la falta de supervisión de parte de la ONU sobre el manejo y administración del territorio que se supone sea en beneficio exclusivo de los habitantes del territorio no de la metrópoli como ha ocurrido”.
El director Legal de ACLU apuntó a que aunque la JCF se supone represente al Estados Libre Asociado (ELA), en realidad; “No es otra cosa que un supra gobierno que se nos ha impuesto por unos grupos oligárquicos de EE UU. Hemos escuchado a distintos congresistas federales denunciar la situación de Puerto Rico en Estados Unidos como un problema de oligarquía y esto comenzó de mucho antes desde que se promulgó la ley Promesa y se creó la JCF”.
Denunció que las decisiones tomadas por la Junta sobre el futuro de Puerto Rico son en beneficio de compañías multimillonarias de Wall Street, no es en beneficio de las y los puertorriqueños, determinaciones que es obvio crean una crisis económica y social mayor a la que teníamos sin que EE UU esté asumiendo su responsabilidad por el disloque económico y social que tenía el país y que se supone que Promesa viniese a remediar.
Al respecto señaló que hay que ver a Promesa como un elemento adicional en todo el organigrama colonial en que vive Puerto Rico. Desde los casos insulares se tiene en el 2016 el caso Sánchez Valle que confirma el carácter colonial del estatus político del país. Con posterioridad a esto cuando entró en vigor Promesa se llevó el caso de Aurelius que también llegó al Tribunal Supremo de EEU que reafirmó básicamente lo que son los casos insulares.
“Es decir Promesa viene a ser el jaque mate a todo el discurso aquel de que el proceso de 1953 para sacar a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales había sido un engaño, Promesa lo que hace es que desenmascara la realidad colonial de Puerto Rico”.
Para el director Legal de ACLU es una contradicción el que Promesa se aprueba bajo una administración demócrata- del presidente Obama- y quien pide que se apruebe una ley de quiebra para Puerto Rico, que no existe para ninguna otra jurisdicción es el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de Garcia Padilla.
ACLU contra Promesa
Cómo llega ACLU a pleitear contra la JCF?
El licenciado Arraiza Navas, relató que a la ACLU le sorprendió que cuando se radicó la quiebra del gobierno central se comienzan a paralizar los pleitos de derechos civiles, porque no se puede crear una zona sin derechos civiles y Promesa lo que intentó fue precisamente hacer eso. La paralización incluyó pleitos de derechos civiles en Puerto Rico y pleitos radicados en el Tribunal Federal contra funcionarios en su capacidad personal. ACLU observó que esto es muy importante porque los funcionarios en su capacidad personal no pueden en términos generales estar protegidos por la quiebra.
Señaló que la JCF comenzó a impulsar medidas neoliberales de privatización en Puerto Rico y como parte de estas políticas neoliberales comienzan a paralizar y convencer a la Corte Federal de que estos pleitos contra funcionarios en su capacidad personal debían paralizarse.
Con el caso del juez Salgado Schwars, (que demandó a la JCF por el recorte de las pensiones de la Judicatura) el TA confirmó el hecho de que aunque las demandas pro derechos civiles no sean contra el estado como tal sino contra los funcionarios en su capacidad personal debían paralizarse. El tribunal hizo la salvedad de que eso era para darle un respiro al gobierno.
“No obstante estamos hablando de que la ley Promesa se crea en el 2016 la decisión fue en el 2017 y desde el 2017 para acá se han paralizado cientos de casos de violación de derechos civiles. Cuánto tiempo hay que esperar para que se levanten estas paralizaciones. El país no sabe que son cientos no uno o dos como ha hecho saber ACLU”.
Desde el 2019 para acá dijo que ACLU comenzó a solicitar al tribunal que se levantaran las paralizaciones y no fue hasta que se aprobó el PAD que la corte de quiebra -se refiere a la federal- en Puerto Rico estuvo dispuesta a analizar los argumentos de la ACLU. Previo a eso los estuvo desestimando hasta que llevaron el caso de Jonathan y y Yadira, que es el caso que llega al TA. Acotó que este caso llega a Boston luego de que ya se había aprobado el PAD contrario a los pleitos anteriores.
El licenciado Arraiza resaltó que el otro paso que quería la JCF no era solo que se paralizaran los pleitos, sino que luego de aprobado el PAD se desestimaran. Esa es la controversia que ACLU ganó ante la jueza Swain -con el caso de Jonathan y Yadira- que no se limitó solo al caso de ACLU, sino que fue un poco mas allá y le indicó a la JCF en su opinión que tenia la obligación de notificar a todas las personas que tengan pleitos pendientes por violación de derechos civiles, notificar que sus casos deben continuar su curso, que se debe levantar la paralización y que ellos tienen derecho a continuar con sus reclamaciones.
“Ahí la Junta puso el grito en el silencio y acudió al TA es en esta argumentación en Boston que ACLU tuvo que defender la postura de la jueza Swain que es una consona con la protección de los derechos civiles en Puerto Rico con el acceso a la justicia para que no se desestimen estos casos, el Tribunal de Boston confirmó a la jueza Swain”.
El licenciado Arraiza Navas, coincidió que a la luz de lo que dice la ley Promesa, la JCF se ha abrogado mas poderes de los que tiene y el caso de Jonathan y Yadira es el mejor ejemplo. Expuso que en términos de derechos civiles la JCF está ignorando el hecho de que cuando se demanda por violación de derechos civiles bajo la ley federal no se está demandado al estado y la Junta a quien se supone representa es al estado y quiere equiparar dichas demandas como si fuesen contra el estado y no lo son.
Aclaró que el estado tiene la prerrogativa de proveer al funcionario representación legal gratuita a través de la ley 9 que es una ley local, eso no significa que el demandado es el estado porque esta es una disposiciones que el estado puede aplicar o no aplicar, son discrecionales. “Si el estado decide ponerle representación legal es una decisión que tomó el estado. Pero el demandado sigue siendo un funcionario en su capacidad personal, no está protegido por la quiebra”, recalcó.
Reiteró que a la insistencia de la JCF de presentar ante la jueza Swain que las demandas contra los funcionarios en su capacidad personal, se deberían desestimar luego de aprobado el PAD, la jueza le dijo que no. “Este es el primer caso en que se nos da la razón en cuanto a la importancia que tienen los pleitos de derechos civiles en nuestra jurisdicción y cualquier otra y que una quiebra no puede utilizarse como subterfugio para desestimar las demandas”.
El director Legal de ACLU denunció que de hecho eso es lo que ha estado pasando con la Policía, que “hace lo que le da la gana”. En una opinión muy personal atribuyó que desde la paralización de los pleitos de derechos civiles en el 2017 para acá lo que ha hecho es enviar un mensaje equivocado y peligroso a la Policía. “Hemos visto como por ejemplo Kilometro Cero ha documentado como han ido aumentado y proliferando las muertes de personas inocentes a manos de la Policía, con intervenciones viciosas en ciertos casos”.
Luego de la decisión del TA de este 12 de junio la JCF tiene 90 días para acudir al TS EE UU, si es que decide apelar. De no apelar la decisión del TA se hace final y firme y ACLU entonces notifica al tribunal los distintos casos para continuar con el descubrimiento de prueba.
“Esos son los caso que tiene ACLU hay cientos de casos que deben estar paralizados esperando por lo mismo. Yo creo que la decisión de Boston es una victoria muy grande diría que es la mayor victoria en terrinos de defensa de derechos civiles que se ha logrado en la ultima década estamos hablando desde que se aprobó Promesa de todas las batallas que hemos dado contra la ley Promesa y la Junta esta es la mayor victoria que hemos obtenido”.
Vale por último traer a la atención que el caso ante el TA la JCF fue representada por los abogados: Lucas Kowalczyk, Timothy W. Mungovan, John E. Roberts, Adam L. Deming, Brian S. Rosen, Mark D. Harris, del bufete Proskauer Rose LLP, el cual le ha facturado a la JCF cerca de $358 millones desde el inicio de la reestructuración de la deuda bajo la ley PROMESA. Esto incluye sus costos en el litigio de quiebra del gobierno central y las corporaciones públicas. Ademas este mes de mayo la firma presentó una solicitud final de honorarios y gastos por $179 millones por el trabajo especifico durante el proceso de reestructuración y confirmación del plan de ajuste.
