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“La Junta no nos ahorra, nos cuesta” fue el dictamen de varias organizaciones de la sociedad civil en su análisis La Década Perdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico, que concluye que, tras diez años de improvisación y errores, la Junta de Control Fiscal (JCF) deterioró las finanzas públicas y la calidad de vida del país sin atender las verdaderas raíces de la crisis.
El estudio presentado en conferencia de prensa en días recientes, fue una colaboración entre la Comisión Ciudadana para la Auditoría de del Crédito Público, su directora ejecutiva, Lcda. Eva Prados Rodríguez; la Liga de Ciudades su directora ejecutiva, Cristina M. Miranda Palacios; Sembrando Sentido, su directora, Issel Masses, y la codirectora de Right To Democracy, Adi Martínez Román. El estudio, se indicó, surge a partir de la narrativa de éxito con que la JCF presenta su gestión en temas de reestructuración de la deuda, la administración pública y gobernanza a una década de su llegada.
Comenzando con el pago de la deuda del Gobierno central, denuncia como una media verdad la alegación de la JCF de que rebajó la deuda en un 57 %. Se indica que la Junta no incluye en sus cálculos los pagos en efectivo que se le hicieron a los bonistas y a otros acreedores como parte de los acuerdos y planes de ajuste de la deuda. El análisis acota que para viabilizar la reestructuración de la deuda del Gobierno central, la Junta acordó pagos en efectivo con la firma del acuerdo de $10 mil millones – estos fondos fueron recolectados de la reducción en el presupuesto de distintas agencias y municipios— y, sin embargo, el informe no los contabiliza.
A lo anterior se añade que dicha reestructuración también incluyó la emisión de instrumentos de valor contingente (IVC) que son bonificaciones extra cuyos pagos se activan en el caso de que los recaudos del IVU sobrepasen las proyecciones de ingresos que hizo la Junta en su Plan Fiscal del 2020.
El análisis recoge que las proyecciones han sido superadas en cada uno de los años desde la confirmación del acuerdo, por lo que Puerto Rico ha tenido que pagar a los bonistas del Gobierno central y otras corporaciones públicas $1.5 mil millones adicionales al pago o servicio regular de la deuda en bonos. “Por tanto, en la práctica, se ha tenido que pagar mucho más a los bonistas, reduciendo el alivio real en el pago final de la deuda anunciado por la Junta”, lee el informe.
Entre los hallazgos resaltados por las organizaciones están el que la JCF ha basado su estrategia en tres ejes: uno, en el ámbito fiscal, con la implementación de medidas de austeridad; dos, profundizar la dependencia en los fondos federales, y tres, “reformas estructurales” para, supuestamente, facilitar el crecimiento económico.
El resultado de dichas políticas, denuncian las organizaciones, es que se han desarrollado de manera paralela y solo han deteriorado las condiciones de vida en Puerto Rico. Subrayan que con su apuesta fiscal y sus reformas estructurales la Junta arriesgó el futuro de Puerto Rico y, ella misma, de manera implícita, ha tenido que reconocer los serios peligros que amenazan su estrategia.
Las estrategias políticas de la Junta han conllevado aumentos a los peajes y multas gracias al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Carreteras y décadas de pago del impuesto por la venta y uso (IVU) para poder cumplir con el acuerdo de COFINA; un alza en el costo de los alimentos y servicios por los múltiples aumentos en la factura de luz, al imponer el requisito de privatizar la energía en los planes fiscales de la AEE; recortes al presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura en los Planes Fiscales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, junto con nuevos aumentos en la factura del agua; un recorte de más del 40 % al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y haber triplicado el costo de la matricula; más de 60,000 personas pensionadas del Gobierno central viven por debajo de la línea de pobreza y, en el PAD del Gobierno central, la JCF prohibió cualquier aumento a las pensiones o ajuste por inflación por los próximos 10 años, aun si hay fondos disponibles.
En el caso de los municipios, la Liga de Ciudades señaló que la eliminación del Fondo de Equiparación afectó de forma desproporcionada a los municipios más pequeños y que 43 municipios están en riesgo de desaparecer.
En cuanto a la gestión pública, el estudio advierte que bajo la supervisión de la JCF, la contratación pública y la privatización se consolidaron como el principal mecanismo de reforma gubernamental. Antes de la entrada de la JCF, cerca del 30 % del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico se destinaba a la contratación y adquisición de bienes, servicios y obras. Bajo su supervisión, esa proporción aumentó hasta alcanzar un 59 % en el año fiscal 2026.
Mientras la JCF impone la privatización, señala el estudio, en los procesos de Alianzas Público-Privadas, 53 presentan importantes deficiencias en transparencia, monitoreo y rendición de cuentas y serias limitaciones para garantizar procesos de competencia abiertos, efectivos y suficientemente participativos en la adjudicación de proyectos de alto impacto para el país.
En conclusión, los gastos operacionales del ente fiscal reafirman la denuncia de que “la Junta no nos ahorra, nos cuesta”. En estos diez años, la Junta ha gastado en costos operacionales la suma de sobre $2 mil millones, lo que es cinco veces más de lo estimado por el Congreso.
