El pasado, 12 de septiembre, en feliz coincidencia con el natalicio de don Pedro Albizu Campos, distinguido jurista, además de indiscutible líder de la lucha por la independencia patria, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico llevó a cabo su asamblea número 186. Sin oposición alguna, la profesora constitucionalista, líder feminista, activista por los derechos humanos, doctora en Derecho y Sociología, Yanira Reyes Gil, fue reconocida como la nueva presidenta de la institución que dentro de catorce años cumplirá dos siglos de vida. Es la primera vez en la historia del Colegio que de forma consecutiva la presidencia recae en dos féminas. La matrícula reconoció y agradeció la destacada ejecutoria de la saliente presidenta, Lcda. Vivian Godineaux Villaronga, al frente del Colegio.
La profesora Reyes Gil asumirá su puesto en la ceremonia de juramentación que tendrá lugar el 26 de septiembre.
Otro aspecto destacado de la Asamblea fue su dedicatoria al abogado isabelino, Eduardo (Tuto) Villanueva, expresidente del Colegio y pasado dirigente del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Quedó evidenciado el gran trabajo que llevó a cabo el homenajeado durante el bienio que presidió el gremio y las aportaciones que como defensor de los derechos humanos ha hecho para beneficio del pueblo puertorriqueño. El orador invitado fue el escritor Cezanne Cardona Morales. El cerrado aplauso que recibió de la matrícula evidenció que su mensaje en torno al tema de este año, Justicia, Arte y Entretenimiento, muy bien atado por él a la realidad política, social y económica del Puerto Rico en el que estamos viviendo, fue acogido y refrendado con entusiasmo.
Una de las deliberaciones más importantes de las abogadas y abogados durante su asamblea anual fue la discusión y aprobación de cinco resoluciones relacionadas con el quehacer nacional puertorriqueño, los derechos humanos y el compromiso que con su defensa tiene el Colegio. Las resoluciones que aprueba la matrícula en asamblea marcan las posturas institucionales con relación a las controversias y problemas que afectan el archipiélago boricua y a nuestra gente; establecen el análisis que sobre ellos hace el gremio y establecen las acciones que adoptará la organización.
En primer lugar, se aprobó una Resolución sobre la crisis de vivienda que sufre el país. El Colegio adoptó como política pública institucional que el acceso a una vivienda digna, adecuada, segura, accesible y asequible, constituye un derecho humano fundamental cuya protección debe orientar las políticas públicas del Estado. Como estrategia se destaca el rol que pueden desempeñar el cooperativismo y las organizaciones comunitarias para dar respuesta a la crítica escasez de vivienda existente.
Para atender la peligrosa tendencia en el país por parte de políticos y fundamentalistas religiosos de pretender borrar la línea constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado, como dispone la sección 3 del artículo II de la Carta de Derechos, la matrícula del Colegio reafirmó su compromiso con la defensa de esa separación y de la libertad religiosa, lo que incluye a las personas creyentes y a las no creyentes. Se comprometió, además, a denunciar cualquier intento gubernamental que privilegie o discrimine por razón de credo. La Resolución se refiere a nuevas legislaciones sobre el “Nasciturus” y otras mal llamadas de libertad religiosa, aprobadas sin transparencia y sin ninguna o muy limitada participación ciudadana, que interfieren con derechos adquiridos, con el manto de fundamentos religiosos.
La Resolución de apoyo y solidaridad con Palestina levantó alguna polémica, pero fue aprobado por abrumadora mayoría el respaldo a la libre determinación del pueblo palestino y la condena al genocidio perpetrado por Israel. De forma específica, fueron repudiados los recientes acercamientos llevados a cabo por el gobierno de Puerto Rico en el estado de Florida, a través de la gobernadora Jenniffer González, con funcionarios del estado de Israel.
La amenaza al ambiente y los recursos naturales por medio de legislaciones y mega proyectos por el estilo de Esencia en Cabo Rojo, que colocan en riesgo áreas de conservación como la zona cárstica de Puerto Rico, importantes zonas agrícolas y las costas, recibieron el repudio de las abogadas y abogados que reiteraron la existente política institucional de protección del territorio borincano y del medioambiente.
No hay duda, de que el devenir de los años ha fortalecido la pertinencia en la vida civil puertorriqueña del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, para la defensa de su gremio, pero igualmente importante, para servir de fuente de orientación sobre los derechos de nuestro Pueblo y para su defensa. En los malos tiempos que vivimos, con la amenaza de los gobiernos de derecha, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de menoscabar derechos humanos y constitucionales sin recato alguno y en total menosprecio por las protecciones de garantías básicas, la voz y las acciones de la casi bicentenaria institución son un escudo protector de confianza para la sociedad. Vemos en el liderazgo de su próxima presidenta, Lcda. Yanira Reyes Gil y en su Junta de Gobierno, un bienio de activa vida organizativa en beneficio de su matrícula y de nuestro Pueblo.
