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Violación de un derecho constitucional

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

El proyecto sustitutivo del PS 1173 y el PC 1183 de la llamada Reforma de Permisos quedó pendiente para la próxima sesión legislativa en enero del 2027. La versión de la Cámara,  aprobada el 12 de noviembre, que fue el proyecto enviado por la gobernadora, quedó a merced del Comité de Conferencia,  debido a que ambos cuerpos no llegaron a un acuerdo sobre  las enmiendas recibidas en la Cámara.

Aprobado primero en el Senado, sin vistas públicas, semanas después en la Cámara, igual sin vistas públicas, en ambas ocasiones los presidentes de ambos cuerpos negaron la entrada al  Capitolio a miembros de organizaciones ambientales, comunitarias y grupos profesionales que reclamaban la celebración de vistas públicas.

En el debate de ambos proyectos, más allá de su contenido, destaca el proceder de la Legislatura de no permitir la entrada del pueblo a la llamada “Casa de las leyes”. En el caso de la Cámara, el presidente Carlos Méndez Núñez, se había comprometido en expresiones públicas a que se celebrarían vistas públicas. Por el contrario, más de una docena de manifestantes, miembros de diversas organizaciones liderados por el Sierra Club de Puerto Rico, se mantuvieron desde horas de la mañana en la plazoleta del Capitolio, tratando de que se les permitiera la entrada a las gradas.

Para el portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, quien está en su tercer cuatrienio como legislador,  la negativa a permitir la entrada del público al hemiciclo es una “manifestación de lo que significa esta legislatura, que es intolerancia, que es violación  de derechos humanos y que no quieren que la gente presencie las cosas terribles que le hacen al país”. Indicó que él hizo múltiples gestiones para lograr que los manifestantes entraran y se las rechazaron todas.

“Creo que el hecho de que no los hayan dejado entrar significa eso, intolerancia; pero el hecho de que se hayan plantado allí, que hayan exigido entrar, es la posición que se debe asumir siempre. Hay que seguir cuestionando no solo que no los dejen entrar, sino las cosas que hacen con proyectos, en el caso más reciente, en contra del país”, manifestó.

En cuanto el proyecto de la reforma de permisos confirmó que se aprobó sin que se llevara a  discusión, aun cuando se sabe que recibió enmiendas. La medida obtuvo 28 votos a favor de la mayoría del PNP y 24 en contra entre votos del PIP, PPD, Proyecto Dignidad y varios miembros del PNP.  Expuso que este no es el primer proyecto que se aprueba sin vistas públicas en lo que va del cuatrienio. Alertó de que al final del camino lo fundamental es lo que están tratando de aprobar.

Márquez Lebrón expuso que el tener acceso a las gradas del Capitolio es un derecho constitucional, y el reglamento de la Cámara lo reconoce. La negativa en este caso a no dejar entrar a los miembros de las organizaciones, dijo, no hubo un solo planteamiento que lo justificara.  “La decisión  fue una totalmente arbitraria, represiva”.

Abordado por CLARIDAD, el abogado constitucionalista y de derechos civiles, José Juan Nazario, subrayó que, en definitiva,  la privación del público a las gradas de la Legislatura, que es el foro donde los legisladores que fueron electos por el pueblo desarrollan las leyes que van a aplicar al país es una práctica inconstitucional.

“El derecho a estar informado del pueblo, de los votantes, exige su participación en ese escenario. Definitivo, es una violación al derecho constitucional de la libertad de expresión, de acceso a la información gubernamental, de conocer cuáles son los procesos que se están dando, las razones que justifican o no justifican una legislación, además de ser un foro público de acceso con una reglamentación y una restricciones que no pueden impedir la presencia del público”.

Regresando al proyecto, para el abogado de Derecho Ambiental Omar Saadé Yordán, no hay ninguna confianza en que las enmiendas aplicadas sean para mejorar, sino para empeorar, debido a que la trayectoria del proyecto ha sido una totalmente a oscuras, tomando en cuenta  solo intereses particulares y dejando fuera al grueso de la población, al pueblo.

Describió la situación como una preocupante “porque lo que está en juego es la protección de los recursos naturales y los procesos que tienen las comunidades, las personas, para proteger su entorno, su ambiente y lograr una mejor fiscalización del país”. Saadé Yordán denunció que todo lo que está ocurriendo con el proyecto es en sumo arbitrario y lo que hace es permitir mayor corrupción.

“Desde que se aprobó la llamada Ley de permisos en el 2009, se reconoció expresamente que los procesos de fiscalización eran necesarios para disminuir la corrupción en el país. Sin embargo, la ruta que se está tomando es totalmente contrario a eso”.