CLARIDAD
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DJ) solicitó al tribunal federal en Puerto Rico que no acogiera los informes presentados por la organización Kilómetro Cero (Km 0), como parte del expediente oficial de supervisión de la reforma de la Policía de Puerto Rico (PPR).
A diez años de que el Departamento de Justicia federal impusiese la llamada Reforma, luego de que una investigación del mismo departamento revelara patrones de violaciones de derechos civiles, uso excesivo de la fuerza, prácticas discriminatorias, registros y allanamientos ilegales de parte de la Policía de Puerto Rico, su división de Derechos Civiles se ha opuesto a que ese acojan los informes de Kilómetro Cero.
De acuerdo con Justicia Federal, los informes de Km 0 constituyen una presentación indebida por parte de un tercero ajeno al litigio y no son pertinentes para el cumplimiento del acuerdo de la reforma ni tienen información relevante.
Los informes en cuestión son: Ignorancia Deliberada, el fracaso sistémico de la reforma; Policías feminicidas, masculinidad tóxica e impunidad; El fallo no está en la superficie, Lecciones de seguridad pública en tiempos de pandemia; Licencia para matar, publicado en marzo de 2022, que aborda las muertes de civiles causadas por las acciones de agentes de la PPR entre 2014 y 2020, y La persistencia de la indolencia y Feminicidios en Puerto Rico, que aborda los feminicidios ocurridos en Puerto Rico entre 2014 y 2018.
En entrevista con CLARIDAD, el doctor Luis Alberto Avilés Vera, director de Investigación de Km O, sostuvo que estos informes se fundamentan en evidencia empírica verificable, basados en un análisis cuantitativo de datos generados por agentes de policía y suministrados por la misma Policía.
En su respuesta, Km O expone, entre otros argumentos al tribunal, que el Departamento de Justicia tergiversa el trabajo de Kilómetro 0 con su reticencia a divulgar los títulos completos de los informes, ocultando así la naturaleza, el alcance y los hallazgos principales de la investigación, como es el caso del informe Ignorancia deliberada. Este informe, se indica, tiene 17.000 palabras y 69 referencias bibliográficas y se centra de manera exclusiva en el grado en que la reforma ha cumplido con los mandatos específicos del Acuerdo de la Reforma relativos al uso de la fuerza.
En el caso del informe Licencia para Matar, la organización defiende que el informe de 2014-2020 es un documento de 50 páginas, 12.500 palabras y 43 referencias bibliográficas, que fue elaborado en respuesta a la falta de rendición de cuentas de la PPR respecto a las muertes causadas por el uso de la fuerza policial. “El informe documenta la persistente negativa de la agencia a divulgar información relacionada con estos casos, lo que genera un déficit de escrutinio institucional y público”.
La organización señala al tribunal que dicho informe sostiene que la PRP nunca ha articulado una política que se comprometa a reducir las muertes derivadas del uso de la fuerza policial, una política que es coherente con el párrafo 22 del Acuerdo de Reforma de la Policía, que exige la desescalada.
Entre otros señalamientos, Km 0 cuestiona ante el tribunal los planteamientos del Departamento de Justicia federal para que se rechacen sus informes:
- ¿Desde cuándo el sesgo racial en el uso de la fuerza policial ha dejado de ser relevante para el DJ de EE. UU.? Según la argumentación del DJ, esto no es relevante.
- ¿Desde cuándo se puede formular una crítica metodológica sin pruebas, razonamientos ni un criterio sólido?
- ¿Desde cuándo debe la investigación priorizar la cantidad y la exhaustividad sobre la calidad y el análisis en profundidad? Esto en contra de la afirmación del DJ de que una metodología centrada es “de utilidad limitad”.
El pasado 21 de agosto, el juez Francisco Besosa concedió a la petición del DJ y ordenó que se eliminaran los informes de Kilómetro Cero, por tratarse de una presentación no autorizada por parte de un tercero. También, que no se admitiría ninguna otra presentación de Kilómetro Cero ni de ningún otro tercero.
El director de Investigación de Km 0 reaccionó sobre el cambio de postura del Departamento de Justicia que una cosa es hablar de la motivación y otra es hablar de las consecuencias. “Hablar de la motivación es un poco difícil, pero queda claro que las consecuencias son evitar que haya información por un cuerpo externo al monitor federal que documente cómo, sistemáticamente, el monitor federal se abstiene de evaluar el impacto de la reforma en la práctica de los policías en la calle”.
Avilés Vera añadió que una de las consecuencias es el hecho de que no hay ninguna investigación científica rigurosa con los propios datos de la Policía en dicho expediente. “Nosotros somos los únicos que está haciendo investigación conforme al uso de fuerza. Al eliminarlos, simplemente se pierde la posibilidad de que haya información científica y rigurosa con los propios informes de la Policía para evaluar sus ejecutorias”.
Denunció que la consecuencia final de omitir los informes es que se ignora el fracaso de la reforma. “La reforma, según sus propios objetivos, según los datos, los informes producidos por la Policía cuando se analizan estadísticamente por un ente externo al monitor, demuestra un fracaso en los asuntos relacionados al uso de fuerza. El objetivo del Departamento de Justicia era eliminar esa posibilidad”.
El acuerdo inicial de la reforma de la Policía fue firmado entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico, a nombre de la Policía de P. R., en el 2013. En su página 100, párrafo 300, dice que 10 años después de la fecha de efectividad, cualquiera de las dos partes puede buscar que se termine este acuerdo. La terminación sería presentada por el Gobierno de Puerto Rico. Se supone que la Policía, tiene que notificar al DJ EE UU que ha determinado que está en cumplimiento con el acuerdo. El monitor, por su parte, tendría que presentar al juez que, en efecto, se está cumpliendo con la reforma, y el juez decide.
Pero pareciera que el DJ está por salir del caso, pero no el monitor. El Gobierno de Puerto Rico tiene que, por imposición del tribunal federal, separar $20 millones anuales para sufragar la reforma. De estos, $2.5 millones son para la oficina del monitor, que dirige John Romero, quien ocupa el puesto desde el 2019. Su salario es $215 mil anuales.
En tanto, Avilés Vera denunció que la situación es una cuestión colonial bien seria. “Las voces de organizaciones de Puerto Rico no valen para nada en este asunto porque al decir que nuestros informes no son relevantes, la única voz con investigaciones científicas y rigurosas se elimina totalmente de ese expediente. Por lo tanto, más colonial no puede ser. Los puertorriqueños no tenemos credibilidad cuando nos toca hacer investigación sobre cómo funciona la Policía”.
En entrevista por separado al exdirector ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico, licenciado William Ramírez, no le sorprendió la petición del Departamento de Justicia.
El licenciado Ramírez, quien bajo su dirección ACLU impulsó la reforma, confirmó que nunca ha habido un ente de la sociedad civil en el proceso. La única ocasión que intervinieron organizaciones de la sociedad civil fue cuando se les invitó a la firma del documento en La Fortaleza.
“La reforma, todo depende de quién es el presidente de Estados Unidos y su secretario de justicia. La reforma está muerta temporeramente. Mientras esté Trump, el Departamento de Justicia, está en la de eliminar todo lo que consideran liberal, antipolicía, grupos minoritarios y cualquier cosa que caiga dentro de sus renglones”. Indicó que todas las reformas en Estados Unidos relacionadas con las policías, incluida la de Puerto Rico, están aguantadas.
Añadió que aunque el Gobierno de Puerto Rico nunca ha estado feliz con la llamada reforma debido a que realmente nunca ha tenido el éxito que debiera haber tenido, aun así se dieron algunos cambios notables en la PPR. “Me imagino que la actual gobernadora, dudo, que quiera hacerlo, pero por otro lado no toman la iniciativa de decir estamos en contra y oponerse”.
El experto en Derechos Civiles afirmó que en su opinión la reforma está muerta y que aunque nunca ha tenido el éxito que debió haber tenido, porque nunca ha tenido el respaldo real de los gobiernos de Puerto Rico, muere por completo al entrar Trump a la presidencia.
“Creo que una vez salga el presidente, una nueva administración va a revivir la reforma. La Policía de Puerto Rico ha sido siempre una represiva. En el futuro de haber otro tipo de administración que no sea MAGA, si no son ese tipo de persona, creo que el Departamento de Justicia reviviría la reforma”.
