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CLARIDAD
En el marco de la Asamblea General Anual de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), celebrada el sábado, 29 de agosto, el reconocido abogado ambientalista y profesor jubilado de Derecho, Pedro Saadé Lloréns, advirtió que el país se encuentra en el umbral de una pérdida masiva e histórica de sus normativas legales protectoras del medio ambiente.
“Si antes era importante el rol del periodismo, y en particular del periodismo ambiental, más importante es ahora”, apuntó sobre el trabajo fundamental de fiscalizar al gobierno y de educar al público sobre lo que las medidas propuestas desde La Fortaleza y en la Legislatura implicarán para los recursos naturales y la vida en Puerto Rico.
Saadé Lloréns fue el orador invitado a la asamblea anual de la Asppro celebrada en la Cooperativa de Seguros Múltiples, en Río Piedras.
El abogado señaló que el gobierno utiliza “la propaganda” de agilizar trámites para pequeños comercios para encubrir un traslado masivo de funciones de agencias con mandatos de protección, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Sobre las medidas legislativas bajo evaluación (el Proyecto de la Cámara 1213 y el Proyecto del Senado 1138), especificó que pretenden delegar al DDEC —una agencia cuyo propósito es promover la actividad comercial— la última palabra sobre si una especie protegida se conserva o si un hallazgo arqueológico merece ser estudiado. Se suma a la afrenta la intervención de la Junta de Control Fiscal, mediante la citación a líderes legislativos para forzar un proyecto que se alinee con las directrices del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acelerar megaproyectos energéticos. El abogado apuntó que esta movida amenaza con redefinir la delimitación de la zona marítimo-terrestre y abrir la puerta a la privatización de las playas.
Para ilustrar el peligro de este modelo, Saadé expuso el caso del megaproyecto Esencia, propuesto para Cabo Rojo, cuya consulta de ubicación fue aprobada en un tiempo récord de apenas 10 días laborables, al amparo de la designación de “proyecto estratégico” que se creó por legislación en 2017. De esta manera, denunció, la propuesta de construcción evadió vistas públicas y la notificación a vecinos.
El orador invitó a investigar quiénes fueron las personas que redactaron las solicitudes de permisos y quiénes, mediante el cabildeo, influenciaron los proyectos de ley sobre los llamados permisos. Además, criticó el enfoque económico de megaproyectos orientados a la exclusividad y al “superlujo” por acentuar la desigualdad social y por los costos sociales invisibles que presentan y que no se cuantifican monetariamente.
Por otra parte, el profesor retirado también dedicó lo que llamó un “ajuste de cuentas” con el gremio periodístico al reconocer la aportación del periodismo ambiental y de investigación en luchas históricas, como la explotación de las minas, el gasoducto, las cenizas de carbón y la defensa Vieques, Piñones y de la zona del carso. Compartió que siente un vínculo profundo con el quehacer periodístico nacido de “la angustia de un país que puja y puja sin cesar por una solidaridad de un mejor vivir que no parece llegar y ver el drama de su aparente fracaso, pero para volver a empezar una y otra vez”.
ASPPRO completa su junta directiva para el término 2026-2027

Foto por José Rodríguez, tomada de su pagina de FB.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico celebró su Asamblea General Anual el sábado, 29 de agosto. El orador invitado fue el ambientalista Pedro Saadé Lloréns, quien advirtió a la matrícula sobre las medidas que el gobierno está implantando para eludir la protección de nuestros recursos naturales y culturales.
La Junta Directiva de la Asppro para el término 2026-2027 quedó oficialmente constituida luego de que la presidenta, Nydia Bauzá, y la tesorera, Damaris Suárez, presentaran sus respectivos informes y el pleno eligiera a seis vocales.
Continuarán en sus puestos Nydia Bauzá como presidenta, Manuel Ernesto Rivera como primer vicepresidente, Leysa Caro como segunda vicepresidenta, Damaris Suárez como tesorera y Cristina del Mar Quiles como secretaria ejecutiva.
Fueron seleccionados como vocales: Adriana Díaz Tirado, Laura Quintero, Israel Rodríguez Sánchez, Cándida Cotto, Carlos Rivera Giusti y Alina de Lourdes Luciano.








