CLARIDAD
La capacidad de agua que tiene el país no resiste mayores construcciones por encima de lo que ya está construido y que no se está utilizando de manera adecuada, un absurdo.
Diversas organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales denunciaron y cuestionaron la insistencia del Gobierno en tener como prioridad la aprobación de una nueva ley de permisos, en momentos en que el país enfrenta una sequía extrema y un racionamiento de agua que afecta a miles de abonados. En conferencia de prensa frente al Capitolio, el martes, 18 de agosto, los portavoces denunciaron los intereses que están detrás de la reforma y sus peligros en términos sociales, ambientales y arqueológicos.
La conferencia fue presidida por la directora ejecutiva del Sierra Club de Puerto Rico, Hernaliz Vázquez; el experto en Derecho Ambiental, licenciado Pedro Saadé Lloréns; la arqueóloga, Mariela Declet, y el profesor de biología, Jesús Danilo Chinea Rivera.
La Legislatura se apresta a considerar un proyecto sustituto en esta sesión legislativa que inició en agosto luego de que los proyectos el PC 1213, presentado por la gobernadora, y el PS 1183, presentado por el presidente del Senado, quedaron pendientes en la pasada sesión.
Respecto al curso que han seguido los proyectos y la oportunidad que han tenido las organizaciones ante la Legislatura, la directora ejecutiva de Sierra Club indicó que llevan analizando los proyectos desde mayo y abril, cuando se dieron vistas públicas; pero que han reclamado tanto en cartas como en vistas legislativas que el tiempo no ha sido suficiente para analizar un proyecto que, además de 800 páginas, deroga 72 leyes.
Vázquez censuró que luego de esas vistas públicas lo que les indicaron fue que el último día para someter comentarios era el 5 de junio y que después de esa fecha se iba a presentar un proyecto sustitutivo. El conocimiento que tienen es que hasta hoy el borrador no se ha presentado, ni han escuchado nada reciente de que haya un borrador. No obstante, se ha sabido que el presidente del Senado le compartió a Norma Burgos, secretaria de la gobernación, un borrador del proyecto sustitutivo. La directora ejecutiva de Sierra Club dijo que le solicitaron una reunión a la secretaria de la gobernación y que, hasta el momento, no han recibido contestación. “Nosotros hemos insistido que tiene que haber vistas públicas amplias y que un tema como este no se puede discutir en dos meses”.
El licenciado Saadé Lloréns señaló que el proyecto sustitutivo se ha circulado entre ciertos sectores como los constructores; pero no se ha hecho disponible al público en general, mucho menos se han señalado vistas. Afirmó que ese proyecto sustitutivo es el que, según una entrevista al presidente del Senado, se remitió a La Fortaleza y está siendo evaluado. “Está habiendo una negociación entre Fortaleza y Senado y ciertos sectores económicos privilegiados pero no, todavía no ha salido esa versión del sustitutivo; pero tenemos los peores temores de ese escenario oscuro”, expresó.
El reconocido experto en Derecho Ambiental apuntó que uno de los principales escollos en el proyecto es la definición de la zona marítimo terrestre (ZMT). Trajo a la atención que meses atrás hubo una versión del sustitutivo; pero que no era una versión oficial, y que a partir de ese momento es que se dan las negociaciones y las intervenciones de la Asociación de Constructores y otros sectores. Esto es sabido, de acuerdo con su narración, por voz de uno de los miembros de esos sectores que dijo que el Día de los Padres le llegó el borrador.
“Eso no ha sucedido de parte nuestra, no hemos tenido esa oportunidad”. El licenciado Sadeé Lloréns comentó que en la versión de Rivera Schatz que vio hace unos días la definición de la ZMT es distinta a la de la Gobernadora en el sentido de que la de la gobernadora usa una versión sumamente restrictiva de la ZMT y la versión del Senado es más amplia y más adecuada a la realidad.
Respecto a la insistencia de la Legislatura en aprobar el proyecto para nueva ley de permisos, Vázquez denunció que esto es un agenda articulada desde el Ejecutivo junto a los sectores de la construcción, el desarrollo inmobiliario y la inversión privada para impulsar la medida. Recordó que el Task Force creado por la gobernadora y presidido por Francisco Domenech, entonces secretario de la Gobernación, integró a funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Departamento de Recursos Naturales y ambientales, la Junta de Planificación y la Oficina de gerencia de Permisos,junto a representantes del sector privado y estableció expresamente que el sector privado debe tener un rol más prominente en la evaluación y adjudicación de permisos.
La líder ambiental recordó que el pasado mayo, durante el Caribbean Business Summit, la gobernadora Jenniffer González; el presidente de la Cámara, Carlos Méndez, y el entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón-Reichard, compartieron agenda con 18 representantes empresariales, entre ellos, Agustín Rojo, de VRM Companies; PRISA Group; VRM Penzini Capital; Advent-Morro Equity Partners; X-Square Capital y Ashford Venture Partners y los los bancos Popular y FirstBank, en un encuentro que incluyó un panel sobre vivienda, permisos y uso de terrenos. Semanas después, el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, y el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, figuraron como conferenciantes en un conversatorio de las asociaciones de mineros, contratistas y del concreto, auspiciado por empresas del sector, cuya agenda incluía el Plan de Uso de Terrenos, la reglamentación del Karso y las exclusiones categóricas ambientales.
Saadé Lloréns destacó que el proyecto no debe aprobarse porque representa una amenaza al acceso y disfrute de las playas y las áreas costeras al abrir paso a su privatización o limitación; se incrementarían la desigualdad social y económica al privilegiar a ciertos inversionistas y sus proyectos particulares; agravaría el problema del agua en un contexto de crisis climática cada vez más severa; eliminaría o reduciría las protecciones a las áreas verdes y ambientales necesarias para el bienestar de la gente y de las especies; haría aun más precarias las salvaguardas que requiere la protección de especies y eliminaría o reducirían las protecciones a las áreas de valor arqueológico e histórico. Un aspecto que resaltó como uno de suma importancia es que la medida coloca el derecho propietario, la viabilidad económica, el terreno y la certeza del inversionista por encima de la planificación territorial.
“Se pretende manipular el derecho de propiedad privada con el cual todos nos identificamos, como es el derecho a nuestras casas, propiedades”. Explicó que el derecho a propiedad se traslada al que plantea proyectos de gran amplitud y de grandes efectos, sobre todo en las costas, para decir que hay un derecho constitucional. Por ende, hay un traspaso significativo de los poderes de dónde deciden, qué áreas verdes destruir, qué áreas de costas ocupar y qué áreas de karso afectar, al designar ese derecho constitucional en manos de quien propone el proyecto. Apuntó que este cambio en el derecho a propiedad es significativo, ya que ni siquiera el derecho constitucional vigente lo reconoce. Con este concepto de propiedad privada se busca transformar el papel del Estado para facilitar el desarrollo privado y tratar las salvaguardas ambientales como obstáculos para la inversión.
Por su parte, la arqueóloga Mariela Declet detalló que la reforma elimina el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre y coloca las determinaciones finales relacionadas con permisos bajo la Oficina Central de Permisos. También reduce el papel del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), debido a que subordina las protecciones arqueológicas al nuevo Código y al Reglamento Único, y permite que en algunos casos la intervención especializada ocurra después de comenzada la excavación.
“El consejo: estamos hablando de un grupo de especialista que se sienta con el proyecto lo evalúa. El patrimonio cultural no es solamente un permiso, va más allá de eso, es nuestra historia y el Instituto de Cultura y los arqueólogos estamos aquí para protegerlos, investigar, estudiar y ampliar en profundidad nuestra identidad como puertorriqueños”.
Declet explicó que al ICP le han ido eliminando poderes y recursos, por lo que es obvio que la toma de decisiones de permisos se va a estar viendo atrasada y, si no hay el personal necesario, no se podrá hacer los estudios en tiempo. “Así, la arqueología es necesaria para poder resguardar nuestra historia. Ese patrimonio cultural no es un recurso renovable, por lo tanto, es importante, antes de la construcción, hacer un análisis de la zona para poder rescatar esa información”.
A su vez, el profesor retirado del Departamento de Biología de la UPR en Mayagüez, Jesús Danilo Chinea Rivera, cuestionó que una reforma de cientos de páginas se pretenda aprobar de manera acelerada, sin un análisis científico e interdisciplinario adecuado. Advirtió que los bosques, humedales, ríos, acuíferos, cuencas hidrográficas y terrenos kársticos funcionan como sistemas interconectados que trascienden los límites de las propiedades y los municipios.
“Las decisiones sobre permisos no pueden descansar exclusivamente en mapas y geodatos oficiales, pues estos tienen márgenes de error, omisiones y limitaciones metodológicas. No pueden prevalecer sobre la realidad física ni sustituir las inspecciones de campo, los estudios especializados y la mejor evidencia científica disponible. Cuando un proyecto pueda afectar el agua, los bosques, los humedales o el karso, las determinaciones de las agencias científicas deben ser previas y vinculantes. La Legislatura debe divulgar el texto final y permitir que la comunidad científica evalúe sus consecuencias antes de cualquier votación”, sostuvo Chinea Rivera.
Para finalizar el licenciado Saadé Lloréns expresó tener preocupación de si el país conoce lo que está pasando, de que los proyectos considerados son para unos sectores que usan unas deficiencias de permisos para negocios pequeños urbanos para hacer algo mucho mas abarcador y es un cruce de camino critico para el país, de si nuestras de áreas verdes, el karso y las aguas van a ser un único margen de ganancia y los privilegios de unos pocos, “esa es la coyuntura”.
La conferencia de prensa estuvo respaldada por un mas de un centenar de organizaciones entre ambientales, comunitarias y profesionales de las ciencias.
