CLARIDAD
Puerto Rico es un país envejecido. Esa es la realidad que nombra el director estatal de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, en inglés), José Acarón. Una realidad que requiere «un plan de país que no existe» para un cuarto de la población. Con aumentos constantes en los servicios básicos — como la luz y el agua—, disminuciones en la cantidad de centros de cuidados disponibles y una precarización general de la calidad de vida, las personas mayores enfrentan condiciones que el Estado arrastra por décadas.
De acuerdo con Acarón, los servicios deficientes que reciben las personas mayores recaen, por lo general, en tres entes que fallan: el Estado, los hogares de cuidado y las familias. Sin una fiscalización adecuada, el portavoz de la AARP repara en que muchas personas mayores quedan relegadas porque se piensa que «a los ‘hogares’ se va a morir».
“Esa visión es algo que tenemos que cambiar, porque hasta las familias tienen esa visión de que (los hogares) son un repositorio. No se puede perder de vista que aunque yo esté pagando un hogar para atender a un ser querido, el responsable principal sigue siendo la familia. Aquí hay una culpa compartida entre los tres grupos”, reiteró.
Con relación al Estado, Acarón detalló que la falta de una fiscalización estable no se limita a licenciamientos o permisos no concedidos sino al trato directo que estos centros brindan a las personas mayores. Compartió que parte de estos hogares operan de modo clandestino y reciben favores estatales que se hace de la vista larga.
“Estas son industrias privadas, pero tienen una connotación social. Por eso son licenciadas por (el Departamento de la) Familia. El dueño o el administrador del hogar tiene que estar allí para poder supervisar las funciones de quienes allí trabajan. Tienen que asegurarse de que las personas allí tienen los adiestramientos necesarios y la capacidad para atender a la población. Yo puedo tener todos los adiestramientos del mundo, pero tener la vocación para cuidar a alguien es otra cosa”, expresó vía telefónica a CLARIDAD.
Más allá del Estado y los hogares, la AARP reconoció que muchas familias ingresan a sus mayores en estos centros, sin visitarlos con frecuencia, de modo que los incumplimientos de los cuidadores ocurren porque las familias nunca se enteran. Con relación a los cierres reportados este año, Acarón recordó que la fiscalización de los centros de cuidado también es responsabilidad de la Procuradurías de las Personas de la Edad Avanzada.
“Ese es el rol de fiscalización de ellos, (y) no hay personal suficiente en las regiones. Hay gente, generalmente trabajadores sociales, que ven sitios de menores y mayores a la misma vez. Eso no debería ser así. Debería haber una distribución de recursos donde haya personas que puedan ir a los hogares de menores y los de personas mayores. Son leyes diferentes, necesidades diferentes, adiestramientos diferentes. No tienen que ver. Eso no es un checklist que se tacha”, agregó.
Esta duplicidad de funciones se suma a la desigualdad regional que existe con relación a los supervisores: ciertas regiones cuentan con más personal que otras. Del mismo modo, la cantidad de supervisores actuales se afecta cuando, por ejemplo, alguno se ausenta por motivos de vacaciones o enfermedad. Para Acarón, el país está «desprovisto de una estructura eficiente de sostenibilidad» para las personas mayores.
“Hay un problema de empleo. Se les hace muy difícil a los hogares poder reclutar gente competente con todos los reglamentos que hay y pagarles el mínimo. Una persona puede ir a trabajar a una tienda o un restaurante y ganarse lo mismo que en un hogar de cuidado, pero con menos responsabilidades. Tenemos que tener, en Puerto Rico, una estrategia de cómo vamos a desarrollar una fuerza laboral que atienda a todas las personas mayores”, urgió.
La situación, añadió, no se limita a las personas ingresadas en una institución de cuidado. Aquellos ciudadanos de la tercera edad que viven solos cuentan con menos amas de llave que en tiempos pasados. Para Acarón, esto significa una precariedad más marcada que la de los hogares, puesto que operan fuera de la fiscalización directa del Estado. Las personas mayores que viven en centros de cuidado, reveló, solo conforman el 6 % del total de esta población.
“No tenemos estructuras en el gobierno ni en la empresa privada. Me preocupa que, cada vez más, hay menos organizaciones y fundaciones en Puerto Rico que están atendiendo a las personas mayores, y es una tendencia que estoy viendo en la eliminación de fondos para las fundaciones. Esta es la población de mayor crecimiento en el país. No hay una forma integral de cómo vamos a proveer los accesos para una vida digna, con integración social y participación”, prosiguió.
Aunque reconoció que los recortes financieros impuestos tras el segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos (EEUU.), Acarón afirmó que los problemas de las personas mayores en Puerto Rico vienen desde mucho antes. Con una reducción en la población de la niñez que contrasta con el crecimiento de la tercera edad, el director estatal de la AARP cuestiona las iniciativas que privilegian una población sobre la otra en lugar de «responder a la realidad». Esto sucede, por ejemplo, con los fondos de Familia.
“Los fondos de las personas mayores están en la Procuraduría de las personas mayores. Los fondos de Familia son todos estatales. Por eso los fondos de la Procuraduría tienen que ser aprobados por el Fondo General y pasar por la Junta (de Control Fiscal). Y no solo ha habido recortes en Familia. Ha habido en ASSMCA, en Salud, en Recreación y Deportes. Eso afecta, pero aquí llevamos años con el reto de que no se atiende bien a la población”, recalcó.
Según Acarón, en Puerto Rico hay una suerte de “miopía” que impide reconocer al país como el más envejecido bajo jurisdicción estadounidense, el más envejecido de la región y uno de los primeros a nivel mundial. Con 22 años al mando de la AARP en Puerto Rico, el director bromea con que «los planes de país duran lo mismo que las fotos del gobernador de turno», dejando inconexos a múltiples borradores para paliar la situación. El panorama se agrava, cuenta Acarón, si se considera la disminución del 20 % en beneficios del Seguro Social que se aproximan a desaparecer en 2033.
“El Gobierno federal, al igual que el de aquí, está ignorando la situación. Aquí el gobierno ignoró las pensiones hasta que se volvieron una crisis. Están haciendo lo mismo. No quieren tomar decisiones que sean políticamente desfavorables y, mientras más tarde, peor será la situación. La primera campaña en la que participé como director fue para hablar del Seguro Social, de la necesidad de atender el déficit por lo que pasaría en 2033. Y eso fue en 2004”, recriminó.
