A diez años de la aprobación de la Ley Promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), la mayoría de los economistas del país expresó tener una percepción desfavorable sobre su desempeño, en particular en su contribución al crecimiento económico, el desarrollo económico y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales de Puerto Rico.
La percepción fue evaluada mediante la encuesta titulada A diez años de PROMESA: Evaluación de los economistas sobre el desempeño de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, realizada por la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR). La investigación fue presentada a la luz pública por el presidente de la AEPR, Dr. Julio César Hernández, en la asamblea anual número 42 de la asociación.
De acuerdo a la AEPR, la encuesta revela que el 76 % de los economistas considera que las políticas de la JCF no han contribuido al crecimiento económico de Puerto Rico y el 75 % cuestiona su aportación al desarrollo económico a largo plazo. Los resultados también reflejan que el 76 % de los economistas encuestados está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que las políticas impulsadas o aprobadas por la Junta hayan contribuido al crecimiento económico de Puerto Rico. De igual forma, el 75 % considera que estas políticas no han contribuido al desarrollo económico a largo plazo, mientras que el 73 % cuestiona su contribución al mejoramiento del funcionamiento del mercado laboral.
La percepción desfavorable también se extiende a los efectos de la disciplina fiscal sobre la actividad productiva. El 76 % de los participantes discrepa de que la disciplina fiscal de la JCF haya tenido efectos positivos sobre la creación de empleos y el 71 % cuestiona su contribución a la creación de negocios.
Los y las economistas señalaron que estos resultados plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas implementadas por la JCF durante la última década. “Aunque la reestructuración de la deuda pública y la estabilización de las finanzas gubernamentales constituyen objetivos importantes, estos no necesariamente se traducen en crecimiento económico, aumentos en la productividad o mejoras en el bienestar de la población”.
La AEPR reparó en que la disciplina fiscal no debe convertirse en un objetivo desvinculado del desarrollo económico. Su propósito debe ser establecer las condiciones necesarias para promover la inversión, fortalecer el capital humano, mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad productiva de Puerto Rico. Los resultados de la encuesta sugieren que una proporción considerable de los economistas no identifica avances suficientes en estas dimensiones.
La JCF también recibió una evaluación desfavorable en áreas relacionadas con el funcionamiento del Gobierno. El 71 % de los economistas considera que la supervisión fiscal no ha contribuido a mejorar la eficiencia administrativa gubernamental, mientras que el 69 % cuestiona su contribución a la reducción de la corrupción. Asimismo, el 65 % discrepa de que la Junta haya mejorado la administración del sistema contributivo y el 55 % cuestiona sus efectos sobre la transparencia de las finanzas públicas.
Otro hallazgo importante, destacó la AEPR, está relacionado con las estadísticas económicas. El 63 %de los participantes considera que la Junta no ha contribuido a mejorar la disponibilidad y calidad de las estadísticas producidas por la Junta de Planificación. De igual forma, el 55 % cuestiona su aportación a las estadísticas de empleo y desempleo y el 53 % a las estadísticas del índice de precios.
La disponibilidad de estadísticas económicas confiables, oportunas y accesibles, apuntan los profesionales de la economía, constituye un requisito indispensable para la formulación y evaluación de la política pública. Subrayan que sin información adecuada, se limita la capacidad del Gobierno para identificar problemas económicos, evaluar los resultados de sus intervenciones y establecer prioridades de inversión.
La situación con el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico no pasa inadvertida en la encuesta, por lo que dos de los resultados más contundentes están relacionados con el balance entre la reducción del gasto público y el desarrollo económico y la UPR. El 73 % de los economistas considera que este balance no ha sido adecuado bajo la supervisión de la JCF, mientras que solamente el 2 % expresa una evaluación favorable. En tanto, el 74 % cuestiona la magnitud de la reducción en el gasto de la UPR.
Sobre el particular, la Asociación plantea que se debe recordar que la JCF promovió una reducción de 50 % en las aportaciones del Gobierno Central a la UPR. “Estos resultados adquieren particular importancia al considerar que la educación superior constituye uno de los principales mecanismos para desarrollar capital humano, promover la investigación y estimular la innovación. Las reducciones presupuestarias que comprometen estas funciones pueden tener consecuencias económicas que trascienden los ahorros fiscales inmediatos y afectan la capacidad de crecimiento a largo plazo”, señala la AEPR.
No obstante, la encuesta también identifica áreas en las que las opiniones de los economistas están más divididas. El 44 % considera que la supervisión de la JCF ha contribuido a evitar que los gastos gubernamentales excedan los ingresos, frente a un 32 % que discrepa. Mientras, el 33 % entiende que el proceso bajo PROMESA ha acercado a Puerto Rico a recuperar el acceso normal a los mercados de capital, en contraste con el 45 % que expresa una opinión contraria.
En cuanto a estos resultados se señala que estas diferencias sugieren que los economistas distinguen entre los resultados relacionados con el control presupuestario y aquellos vinculados con el desarrollo económico. La estabilidad fiscal constituye una condición importante para el funcionamiento del Gobierno, pero no representa, por sí sola, una estrategia de desarrollo económico.
La encuesta revela que en términos generales, el 60 % de los economistas encuestados está en desacuerdo con que el desempeño de la Junta desde su creación en 2016 haya sido positivo. Además, el 63 % cuestiona que su impacto general sobre el futuro económico de Puerto Rico haya sido favorable y el 71 % considera que no ha creado las condiciones necesarias para reducir el riesgo de una nueva situación de insolvencia fiscal. En cuanto a la continuidad de la Junta, el 57 % está en desacuerdo con que deba permanecer operando hasta que Puerto Rico recupere acceso pleno a los mercados de capital, mientras que el 31 % favorece esa posición.
A juicio de la AEPR, los resultados de la encuesta deben contribuir a una discusión sobre las condiciones necesarias para culminar los trabajos de la JCF. Según expresó, la experiencia de los últimos diez años demuestra la importancia de fortalecer las instituciones responsables de la administración de las finanzas públicas, fortalecer el componente de planificación económica de la Junta de Planificación de Puerto Rico y establecer mecanismos permanentes de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo al gremio profesional, la agenda debe incluir el fortalecer los sistemas de información financiera, la profesionalización de la administración pública, el mejoramiento de las estadísticas económicas y la adopción de una estrategia de desarrollo que promueva la inversión productiva y el fortalecimiento del capital humano.
La AEPR reconoce que los resultados de la encuesta representan las opiniones de los 51 profesionales participantes y no deben interpretarse como una estimación estadística representativa de todos los economistas de Puerto Rico. No obstante, expresó que estas constituyen una aportación al debate público sobre el desempeño de la Junta y las prioridades económicas que deben orientar el futuro del país. La encuesta fue recopilada entre el 19 de agosto y el 4 de octubre de 2026.
