Cuando el 1ero de junio de 2021 entró en vigor el defectuoso, impuesto y abrumadoramente rechazado contrato de LUMA Energy que privatizó la transmisión y la distribución eléctrica, la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP anunciaron triunfales que Puerto Rico se iniciaba en una nueva era de desarrollo energético. Veníamos del desastre del huracán María que nos dejó sin luz por largos meses, y en ciertos casos hasta por más de un año, y también de sufrir por décadas el deterioro por diseño de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública que la narrativa oficial había convertido ante el pueblo en el principal escollo hacia el futuro prometedor que la privatización del sistema eléctrico nos auguraba. La empresa privada sería tanto más eficiente en el manejo de la energía que las tarifas bajarían como resultado de su gestión.
En aquel momento, no se le dijo al país que LUMA Energy era un invento creado especialmente para Puerto Rico por dos empresas energéticas extranjeras-Quanta Services de Estados Unidos y ATCO Electric de Canadá. Tampoco se aclaró que Puerto Rico sería el primer ensayo de la nueva empresa, sin experiencia en ningún otro mercado, y enfrentada a una infraestructura eléctrica en circunstancias críticas como la de AEE. No se mencionó – ¡por supuesto que no!- que LUMA llegaba a Puerto Rico de la “mano bendita” de McKinsey & Company, asesor por excelencia de la JCF en todo lo relativo a la LEY PROMESA, la negociación de la deuda y los proyectos energéticos que dicha ley contempla para nuestro país. Mucho menos se dijo que McKinsey cuenta entre sus clientes con Quanta Services, empresa matriz de LUMA Energy, lo cual representaría un claro conflicto de interés según afirma el periódico estadounidense The Wall Street Journal en un amplio reportaje publicado la semana pasada.
Hoy, un año más tarde, se revela en toda su dimensión el fracaso con consecuencias terribles que ha representado para Puerto Rico la privatización de la transmisión y distribución eléctrica a través de LUMA Energy. La tan cacareada eficiencia de la empresa privada se ha convertido en burla ante nuestro pueblo, que sufre un día y el otro también las continuas interrupciones del servicio eléctrico. Además, se le ha colocado como rehén entre LUMA Energy y la AEE mientras se pasan entre ellos la papa caliente de a quién le corresponde qué, y se culpan uno al otro por cada “relevo de carga”, como les ha dado con llamar a los apagones. Mientras tanto, la facturación millonaria de McKinsey por “servicios prestados” sigue subiendo cada día, mientras el pueblo puertorriqueño “paga los platos rotos” de una JCF ajena e indiferente a sus penurias, y una administración gubernamental incompetente y patéticamente plegada a los intereses que promueven la JCF y sus asesores.
¿Dónde están el Gobierno y sus dependencias correspondientes en la supervisión de los contratos con proveedores de servicios de energía- incluyendo el de LUMA Energy- y explicándole al país el porqué de las decisiones que se toman sobre nuestro sistema energético? En el transcurso de este año, el Negociado de Energía- que está llamado a velar por el cumplimiento del llamado Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE – le ha aprobado a LUMA Energy siete aumentos consecutivos de tarifas, el más reciente el pasado 30 de junio. Esto, sin haber evaluado qué métricas de ahorro y eficiencia ha implantado la privatizadora para mitigar el impacto de los aumentos. Porque estamos en una carretera de dos vías, y si se le exigen grandes y continuos sacrificios a los abonados eléctricos, ¿por qué no es razonable pedir y esperar que el proveedor del servicio eléctrico- en este caso, LUMA Energy- tome medidas internas para lograr eficiencias y ahorros en sus operaciones que permitan balancear más justamente el impacto de los aumentos?
Puerto Rico no puede continuar por la ruta del fracaso en el área energética, que es neurálgica para nuestro desarrollo presente y futuro. La experiencia de este año traumático con LUMA Energy demuestra que la privatización no es el camino a seguir para el desarrollo energético de Puerto Rico. Ya una vez Puerto Rico tuvo energía privatizada, con el saldo desigual de que solo los ricos tenían acceso a la misma. Ahora, se repite la historia de “trabajar para el inglés”. Puerto Rico paga el contrato leonino, y la electricidad cada vez más cara, mientras Luma Energy acumula ganancias y sus oficiales mantienen intactos sus salarios, bonos y beneficios fabulosos. Ya una vez Puerto Rico tomó el control de su producción eléctrica y nuestro país se electrificó hasta el último rincón. Hoy podemos volver a hacerlo echando mano de los recursos más abundantes y generosos que poseemos, como el sol y el viento. Un estudio del 2021 de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés), adscrita al Foro Económico Mundial, encontró que los costos de la producción eléctrica renovable se han reducido significativamente durante los últimos años, 16% menos los de tecnología solar-termal, 13% menos los costos de proyectos de energía eólica y 7% menos los de energía solar fotovoltaica. Sobre esa zapata inagotable es que Puerto Rico debe construir su nuevo sistema energético. No se logrará si quienes nos gobiernan siguen plegados a los grandes intereses extranjeros del petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear. Por eso, nos toca seguir luchando para que Puerto Rico se sacuda de todas esas sanguijuelas, y pueda lograr una red eléctrica de la que todas y todos podamos sentirnos orgullosos.
