Era un día bonito, de esos en que el cielo parece una promesa y uno piensa en la playa o en un paseo por la montaña, en cualquier cosa menos en el trabajo. Pero era jueves, 20 de junio de 2002, y Puerto Rico amanecía sin saber que estaba a punto de presenciar uno de los episodios más tensos y reveladores de su historia política reciente. Desde temprano se supo que la gobernadora Sila María Calderón había ordenado que se colocara la bandera de los Estados Unidos en la entrada de la Procuraduría de las Mujeres, junto a la de Puerto Rico, que hasta ese momento se erguía sola y orgullosa frente a una agencia recién creada para atender violencia de género, hostigamiento sexual, equidad laboral y derechos reproductivos. Al frente de esa institución estaba María Dolores “Tati” Fernós López-Cepero, feminista, abogada, primera Procuradora de las Mujeres, quien decidió no acatar la orden de inmediato. Esa decisión, aparentemente administrativa, provocó una reacción inmediata del liderato del PNP, que interpretó el acto como un desafío político y simbólico.
La ironía era brutal y evidente: la oficina encargada de proteger los derechos de las mujeres, de combatir la violencia de género y de promover la equidad, se convertiría ese día en escenario de un acto de intimidación política protagonizado por líderes que, en vez de comportarse con la responsabilidad que exige el poder, entraron como truhanes, imponiendo fuerza donde debía haber diálogo, y dejando en evidencia una contradicción dolorosa: la facilidad con que algunos hombres en posiciones de poder recurren al atropello precisamente en un espacio dedicado a erradicar esas conductas.
La noticia corrió rápido por las ondas radiales. En WAPA Radio, el reportero Jorge Blanco comenzó a transmitir en vivo que Carlos Pesquera, presidente del PNP, “iba camino a la Procuraduría” para colocar la bandera estadounidense él mismo. No convocó explícitamente a nadie, pero en el Puerto Rico de 2002, la radio era un arma política y WAPA Radio un megáfono que contribuyo a calentar el ambiente. Su transmisión actuó como una convocatoria de facto, movilizando a militantes y activando a líderes que escucharon la noticia en tiempo real. El ambiente se calentó. La tensión creció. Y el país, sin saberlo, se encaminaba hacia un motín.
A eso de las once de la mañana, Pesquera llegó al edificio acompañado por Edwin Mundo, operador político; Thomas Rivera Schatz, secretario general del PNP; y Leo Díaz Urbina, legislador y portavoz del partido. Los cuatro, figuras de poder, rodeados por seguidores que habían escuchado la transmisión radial, se presentaron frente a la Procuraduría con la determinación de entrar. Adentro, empleados nerviosos. Afuera, prensa. En el aire, un choque inevitable. La subprocuradora Eileen Navas había dado instrucciones claras al chofer de la agencia, Dennis Arroyo: no permitir la entrada de Pesquera. Pero Pesquera no se detuvo. Hubo empujones, gritos, forcejeos. A las 11:10 a.m., tomó por asalto el vestíbulo, abriéndose paso hacia el área de recepción con la bandera en mano, como si el edificio fuera territorio conquistado.
Detrás de él, Edwin Mundo bloqueó puertas interiores, impidiendo la salida de dos reporteros del semanario CLARIDAD, quienes quedaron atrapados dentro del edificio. La fotoperiodista Alina Luciano, también de CLARIDAD, intentó documentar el caos y fue agredida por Pesquera en medio del tumulto. Un policía resultó herido durante los forcejeos. La propiedad pública sufrió daños. El edificio quedó sitiado. La tensión se extendió por horas. Pesquera declararía más tarde que estuvieron allí cuatro horas, en un ambiente de caos, gritos, empujones y puertas bloqueadas.
Mientras el motín se desarrollaba, el superintendente de la Policía, Pedro Toledo Dávila, exagente del FBI y negociador de crisis, enfrentaba la tormenta desde la comandancia. Toledo, conocido por su disciplina férrea y su manejo directo de situaciones de alto riesgo, tuvo que coordinar la respuesta policial, manejar la presión mediática y atender las exigencias de transparencia de la prensa. Durante el proceso judicial posterior, Toledo supervisó el fichaje de los líderes del PNP, un procedimiento que generó tensión adicional. Como presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), solicité acceso a la información policial, incluyendo el material relacionado con el fichaje de los líderes del Partido Nuevo Progresista, ordenado por la jueza Isabel Linares. Finalmente, Toledo accedió a entregar las fotos a los periodistas, pero a través de la ASPPRO. Al entregármelas, junto a nuestro abogado, el licenciado Manny Suárez hijo, nos pidió que nos encargáramos de la distribución de las mismas siguiendo los protocolos de divulgación de la época, lo que así hicimos.
El caso judicial que siguió al motín fue uno de los más comentados de la década. Los cargos radicados fueron contundentes: Carlos Pesquera enfrentó acusaciones de motín, agresión y daños a propiedad pública; Edwin Mundo, de motín, restricción a la libertad y agresión a un policía; Thomas Rivera Schatz y Leo Díaz Urbina, de incitación al motín. La jueza Isabel Linares encontró causa para arresto. Los periodistas de CLARIDAD—Luciano y los dos reporteros atrapados— declararon en sala, confirmando la agresión, la restricción a la libertad y el caos dentro del edificio. Sus testimonios fueron esenciales para reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, en 2004, un jurado declaró no culpables a los acusados. El país quedó dividido. La memoria colectiva, marcada.
El 20 de junio de 2002 quedó inscrito como un día en que la política puertorriqueña mostró su rostro más crudo: la mezcla de poder, presión mediática, improvisación y confrontación que puede desbordarse cuando los símbolos se vuelven armas y las instituciones se convierten en trincheras. Fue un día bonito, sí, pero también un recordatorio de cuán frágil puede ser la dignidad institucional cuando quienes deben protegerla deciden atropellarla.
