Mientras el gobierno de Puerto Rico entre el periodo del 2022 y 2025 pagó $1.523 millones en
bonificaciones, a los tenedores de bonos, dinero adicional a los pagos del servicio de la deuda, los
pensionados del gobierno central llevan 18 años sin recibir un aumento en sus pensiones.
A diez años de la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), la Comisión Ciudadana para la Auditoria
Integral del Crédito Público (CCAICP) dio a conocer su informe; Recortan Pensiones para Pagarle
Millones Extras a los Bonistas.
De acuerdo al informe de la Comisión Ciudadana, esa cifra son unos $381 millones al año. Este pago es
parte del acuerdo del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) impuesto por la JCF y avalado tanto por la
Asamblea Legislativa y el gobernador Pedro Pierluisi. Estos pagos extras o llamados instrumentos de
valor contingente (IVC) dependen del cumplimiento de ciertas condiciones, no son pagos fijos. Explica la
Comisión que en teoría, el IVC le da al deudor la oportunidad de reducir su pago actual y posponer el
pago mayor hasta tener una mejor condición económica y al acreedor le sirve para evitar y solo posponer
cualquier recorte al valor total de su deuda. En el caso de Puerto Rico desde el 2022 cuando se aprobó el
PAD el dinero pagado en IVC ha dependido de que los recaudos del impuesto sobre las ventas (IVU)
superen las proyecciones previstas en el plan fiscal de 2020.
A la luz de los pagos del IVC la Comisión plantea y desmiente la alegación de la JCF de que hubo un
recorte de un 80% a la deuda del gobierno de Puerto Rico de $33 mil millones a $7 mil millones.
“Con el pago en efectivo inicial, ($7 mil millones) la reducción baja a 58%. Si además se suman los
$1.523 mil millones ya pagados en IVC, baja a 53%. Y si en el futuro se llegara al tope máximo de $8.7
mil millones en IVC, la reducción real sería de apenas 31%. Si miramos solo la deuda en bonos de
obligación general el recorte puede ser mucho menor, llegando al 19% o menos”.
Los pensionados
En contraste, la Comisión resalta que hay sobre 130,000 personas pensionadas del gobierno central a
excepción del magisterio y la judicatura que llevan más de 18 años sin un solo ajuste por el aumento en el
costo de vida. Es que la JCF ha prohibido que se aplique lo que es el ajuste por el costo de vida a las
pensiones (en inglés cost of living adjustement, COLA). Esta prohibición que solo era para los retirados
del gobierno central la Junta la extendió por diez años para las personas retiradas de la judicatura y el
magisterio al momento de aprobar el PAD del gobierno central. Esto pese a que se han identificando los
fondos, denuncia el estudio.
El COLA es un mecanismo que aplica el gobierno de Estados Unidos a sus pensionados federales y los
beneficiarios del Seguro Social, por lo que cada año reciben un ajuste en sus pensiones. Esto es lo que se
considera una protección básica para que la inflación no les reste valor a sus ingresos. Según las guías del
gobierno de Estados Unidos una persona que vive sola necesita al menos $15,440 al año para no ser
clasificada como pobre.
En Puerto Rico la pensión promedio anual de una persona retirada del gobierno central es de $12,238,
más de $3,200 por debajo de la línea federal de pobreza. Esto coloca a los 134,188 de las personas
beneficiarias del Estado libre Asociado (ELA) por debajo del umbral de la pobreza. La
edad promedio de las personas retiradas del ELA es 74.6 años, y bajo el sistema del magisterio es 73.5.
El análisis destaca que de haberse aplicado el ajuste por inflación desde que comenzó el retiro de una
persona pensionada promedio a los 62 años, al llegar a los 75 años su pensión debería ser
significativamente mayor a lo que recibe hoy. Por ejemplo un retirado del ELA en el 2021 su pensión es
de $1,027, de haber recibido el ajuste por inflación su pensión actual seria de $1,527. Al año, eso son
$6,000 que no recibió. En el caso de una persona retirada de la judicatura en el 2021 su pensión es de
$2,956, de recibir el ajuste la pensión seria de $4,396. Esta recibiendo $1,440 menos.
La Comisión denunció que la JCF reconoce que sin COLA el poder de compra de las personas
pensionadas baja. “Pero aparentemente considera que eso es aceptable”.
Cuanto costaría aplicar el COLA
Sobre el particular la Comisión Ciudadana presenta tres posible escenarios de aumento de COLa. El
primero un aumento de COLA de un 2.0%: El segundo de 2.5% y el tercero 2.8%.
En el caso de los empelados públicos el primer escenario tendría un costo de $31.1millones; el segundo
$38.9 millones y el tercero $46.0 millones.
Para el magisterio y relacionados el primer escenario tendrá un costo de $17.6 millones; el segundo $22.0
millones; y el tercero $25.4 millones.
En el caso de la judicatura el primer escenario tendría un costo de $0.62 millones; el segundo $0.78
millones y el tercero $0.9 millones.
En el caso de la aplicación del escenario de COLA mas alto, el de 2.8%, el cual la Comisión describe
como el “mas generoso”, de los tres sistemas representaría un costo total de $72.3 millones
anuales. “No obstante, para la Junta no hay chavos para eso”, denuncia la Comisión.
Mientras si tiene para pagar alrededor de $381 millones al año adicionales al pago regular de la deuda,
más de cinco veces lo que costaría proteger el poder adquisitivo de todas las personas pensionadas del
gobierno.
No obstante todavía la Comisión advierte que aplicar un ajuste de COLA ayudaría, pero los números
demuestran que no alcanza para resolver el problema. Para los empleados del gobierno central, incluso
con el COLA más alto analizado — 2.8% — todavía quedarían 58,668 pensionados bajo la línea de
pobreza, apenas 1,745 menos que sin ningún ajuste. Para los maestros, con un COLA de 2.5%, el grupo de
81 años o más seguiría por debajo del umbral por lo que el daño acumulado de 18 años sin protección no
se repara con un ajuste parcial, recalcó la Comisión.
