Fotos Ricardo Alcaraz y Victor Birriel/Especial para CLARIDAD
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“Así tratan a los viejos aquí, en mi país. De esa manera, después que han dado toda su vida, los que han trabajado como yo, que trabajé en servicio a la familia”.
Magdalena Ortiz Rosado, de 85 años, hace esfuerzos por mantenerse tranquila, es cerca de la una de la tarde y está en espera, este ocho de octubre a que lleguen los alguaciles que la sacarán de la que ha sido su casa por 27 años, en la urbanización Roosevelt, en San Juan.
Diferencias con su casera por el pago de renta provocaron la acción judicial que llevó al lanzamiento. En la situación de Ortiz Rosado, el lanzamiento, más allá de dejar en evidencia la situación económica precaria en la que viven los adultos mayores, resulta más cuestionable aún y critica la actuación de las agencias de gobierno pertinentes que deben atender este tipo de situación.
Nos cuenta Ortiz Rosado, que las diferencias con su casera comenzaron en enero de este año, cuando esta llegó a cobrar. “Ahí le pagué, en ese momento ella estaba furiosa, me faltó el respeto, me habló fuerte y no quiero repetir lo que me dijo, yo no le dije nada, no le iba a contestar nada de lo que me estaba diciendo. Desde enero no quiso cobrar, yo tenía el dinero y se fue”.
Doña María Magdalena trabajó en Servicio a la Familia del Municipio de San Juan alrededor de 22 años. “Me retiré por los cambios de gobierno había mucho tirijala allá arriba, porque acá abajo no”. Sus ingresos provienen del Seguro Social y una pequeña pensión del gobierno, entre ambos apenas llegan a $900 al mes. Describe su vida en la urbanización Roosevelt como una muy buena. “Aquí todos nos conocemos, lo primero es eso, nos conocemos y si hay alguien que tiene un problema acude todo el mundo a ayudar a dar la mano. Tranquilo, aquí no hay niños, aquí somos gente mayor de edad”.
Entre sentido de orgullo y fuerza nos dice que nació en la ciudad del Grito de Lares, “soy lareña, hay que gritar eso, es así”. Es viuda y según contó tiene una sobrina en Bayamón, y otros sobrinos en Orlando.
La sentencia ordenando el desahucio fue emitida en abril por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Tan pronto supo de la sentencia, dice que buscó un abogado, fue al DF y al DV. Aunque dijo que llenó unos papeles en Vivienda, allí le dijeron que lo ‘sentían que no había apartamento para ayudarla en ese momento y que le avisarían tan pronto hubiese un cambio. Nunca la llamaron.
Así las cosas, llegó el día del lanzamiento. La licenciada Sofia Vázquez Laureano, de la Oficina Legal de la Comunidad del Proyecto Ciudad, una iniciativa de la Clínica de la Facultad de Derecho de Universidad Interamericana (UIA), relató a la Prensa presente en las inmediaciones del hogar de Ortiz Rosado, que ellos entraron al caso luego de que se emitiera la sentencia, la cual se dio en rebeldía ya que por distintas razones Ortiz Rosado no pudo comparecer. Puntualizó que la Clínica no está retando la orden de desahucio, ni desalojo, ni incluso la sentencia.
“Lo que estamos es cuestionando el proceso de las agencias a la hora de proveer las ayudas. Es importante. El llamado es a que las agencias, en el procedimiento según la ley al ser notificadas de la acción les corresponde radicar unos informes sobre qué ayudas pueden solicitar, sino también ayudar en las gestiones de conseguirlas”.
Al lanzamiento pautado para ese día a la 1:30 de la tarde se supone que estaban citadas las agencias correspondientes; la OPPEA, el DF, el DV y la OCMA. Pero, precisamente en la tarde del día anterior el DF radicó una moción al Tribunal solicitando tiempo adicional para el lanzamiento porque según su investigación y último informe correspondía más tiempo para que la señora Ortiz Rosado pudiera obtener vivienda. En lo que se esperaba porque llegaran los alguaciles y las agencias correspondientes, les llegó el mensaje a los abogados de que el juez Glen Velázquez, del TPI de San Juan, rechazo la petición del DF.
La licenciada Vázquez Laureano defendió que María Magdalena había hecho gestiones, había sido muy proactiva y fue en varias ocasiones al DV. “Sabemos que hay una escasez de vivienda en el país particularmente para quienes alquilan, eso se ve reflejado en sobre todo en adultos mayores, una persona sin transportación”.
Prosiguió que el informe del trabajador social, del DF radicado al tribunal el día anterior recomendaba que se le diera un último término para poder coordinar las ayudas.
El informe que citó la licenciada Vázquez Laureano, ‘dice que no ha sido un caso de inacción por parte de la señora Ortiz Rosado, sino todo lo contrario que ella se ha movido a pesar de sus limitaciones, pero no ha podido conseguir vivienda, que no correspondía que estuviese en un hogar de cuidado.
Denunció que por parte del DV su único informe, en abril, lo único que dice es que se le informó a Ortiz Rosado que podía solicitar Sección 8 y Sección 9, esta última la solicitud de vivienda para residencial público. En otra ocasión que acudió al DV le dijeron que solicitara, pero de manera electrónica, y aun cuando se permite que las personas entreguen una solicitud en papel, no se le dieron las instrucciones correctas.
Aparece el Departamento de la Vivienda
En espera por el lanzamiento y de las agencias llegó el personal del Departamento de Vivienda, la licenciada Lina Ayala y la funcionaria, Joan Rivera. A preguntas de la Prensa de por qué se presentaron ese día y no hubo una ayuda antes, la licenciada Ayala, contestó que el aviso llegó a otra división y se les notificó para verificar el personal. El por qué no fueron antes es lo que estaban revisando porque les indicaron que Ortiz Rosado, “no había llenado la solicitud y estaban allí para asistirla”.
Al cuestionamiento de si hay un procedimiento en particular para las personas mayores de edad en esa situación, indicó que de ordinario un caso de desahucio los jueces activan el protocolo de personas sin hogar cuando son de ingresos limitados. Esa notificación se le envía ya sea a Familia, Vivienda, a la Oficina de Personas de Edad Avanzada, o a la Oficina de Personas con Impedimento. Cuestionada de cuando fue la fecha de notificación al DV dijo que no tenía la fecha exacta, pero reconoció que no fue ese día.
Al insistirle en que la decisión del desahucio se tomó en abril desde esa fecha el DV pudo haber hecho antes su gestión, dijo que no tenía esa información de cuando se comenzó ese proceso en la agencia. “Estamos aquí para asistir en lo que podamos ayudar a doña María las fechas exactas de cuando llegó, no las tengo a la mano”.
Según la licenciada Ayala, ellas estaban allí para evitar el lanzamiento, que el DV no ubica a las personas en vivienda, quien ubica es el DF y rechazó una vez más que se haya esperado al último momento para una ubicación.
“La intención es como ayudar a doña María para evitar este lanzamiento y ubicarla con las alternativas que tenemos en coordinación con el Departamento de la Familia”. No dijo cuáles eran las alternativas.
Para Lucecita Díaz, vecina de hace 20 años de María Magdalena, la situación es una “de verdad es triste, es atropellante ver como ahora de repente la propietaria o propietario de la casa se ocupa por la propiedad porque en los años que llevo yo aquí, jamás recuerdo haberla visto”.
Comentó que lo poco que se ve limpio frente a la vivienda ha sido por parte de los vecinos, en particular los del frente, además dijo no conocerle familiares. “Eso es atropellante, innecesario por demás, bien poco profesional, una vez más el gobierno actuando de la manera en que no tiene que actuar”.
Hizo la anotación de que la situación de que María Magdalena, se le pudo haber buscado ayuda hace mucho tiempo, ya que ha habido reuniones con los representantes del Municipio y se le ha notificado.
Luego de una breve conversación con los alguaciles y al cabo de casi dos horas de espera el desahucio no se ejecutó, ni había vivienda en donde trasladar a doña María Magdalena y sus tres mascotas, y ni el DF, la Procuradora de Personas Avanzadas y Manejo de Animales se presentaron.
