CLARIDAD
Para dos entendidos en la materia de la quiebra de Puerto Rico y de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el anuncio de la Junta de Control Fiscal (JCF) de que le presentó a los bonistas de la AEE una nueva oferta de pago es más bien una estrategia de relaciones públicas. El propósito es enviar un mensaje al tribunal o al mercado de que han estado tratando de llegar a un acuerdo con los bonistas, pero que estos se niegan.
La JCF dio a conocer en comunicado de prensa, el 30 de junio, que había hecho una oferta de un pago en efectivo o la emisión de nuevos bonos de $3 mil millones a los bonistas que no han llegado a un acuerdo. Esta cifra equivaldría a una recuperación de cerca de 35 % de los $8.5 mil millones de reclamación en comparación con el 19 % que dispone el plan de ajuste de deuda (PAD) actual.
La directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, licenciada Eva Prados, manifestó que no le gusta la propuesta, pero que hay que entender el proceso. Esta expuso que lo normal es que si la propuesta hubiese sido aceptada por los bonistas, el pueblo no se hubiese enterado hasta que se llegara a presentar el plan de ajuste de deuda (PAD) a través de una notificación al tribunal. “Así que hay que mirar con sospecha y decir por qué se está avisando esto si todavía los bonistas no han aceptado. Así que es una estrategia de la Junta para tratar de presentar una imagen de que sí están presentando alternativas, y son los bonistas los que no están negociando de buena fe. Lo cual también ha sido la postura desde el día uno”.
Sobre la postura de los bonistas recordó que la Comisión Ciudadana siempre ha dicho que los bonistas de la AEE, igual que otros, pero muy en particular la firma Golden Tree (GT), ha sido el líder de una de las ofensivas más agresivas que se ha visto por parte de los acreedores en todo el proceso de quiebra.
“Hay que repasar lo que ha sido la historia con Golden Tree. Este es uno de los verdaderos enemigos. Siempre he dicho que la Junta es mala, pero tampoco los acreedores son una víctima. Al contrario, tenemos unos acreedores aquí que son igual de malos que la Junta, o igual”.
En esa dirección, señaló que GT llegó a Puerto Rico después de que el país cayó en la quiebra y compró la deuda en el mercado de bonos a descuento, por lo que nunca nos ha prestado un centavo. “Ahí es que sacan la ventaja: no van al tribunal a buscar cobrar lo que pagaron, sino el 100 %. Por eso hemos dicho que en Puerto Rico nuestros acreedores, la mayoría, son los llamados fondos buitres y lo que hay en la AEE es un ejemplo claro del manual de los fondos buitres”, manifestó.
Tanto GT como otras firmas de fondos buitres no han logrado que se les pague lo que están pidiendo, por lo que la tensión en la negociación no ha permitido que se llegue a un acuerdo. Aun cuando hizo la salvedad de que la JCF siempre ha buscado llegar a un acuerdo con los bonistas, no se ha logrado llegar a un acuerdo con estos, no porque la Junta haya fracasado en su trabajo, sino porque el fracaso ha sido insistir en llegar a un acuerdo con unos acreedores que no actúan de buena fe, “son unos mercenarios”, acotó.
La directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana fue categórica en señalar que la Junta está en un litigio eterno con GT porque lo que pide que se le pague obligaría a aumentar la factura de la luz, y ya todos los sectores en Puerto Rico han planteado que no se debe aumentar la tarifa básica del servicio. La JCF también ha tenido, a la mala, que reconocer que es inviable aumentar la factura y que aumentarla no significa que van a aumentar los ingresos de la AEE. En este escenario no hay mucho margen ni oportunidad de negociar de buena fe, aseguró.
Sin embargo, ante la presión de que los tribunales, sobre todo el Tribunal de Circuito de Apelaciones que hasta ahora ha estado apoyando a los bonistas, y de que la jueza Swain continúa pidiendo a las partes que lleguen a un acuerdo, le parece que la acción de la Junta de salir públicamente con esta oferta es un llamado al tribunal de que ellos sí están buscando alternativas y que son los acreedores los que no están demostrando voluntad para negociar y para evitar detener cualquier insistencia de los acreedores de buscar la desestimación de la quiebra.
En tanto, puntualizó que la nueva propuesta de la JCF tiene dos elementos que hay que advertir. Uno, que se sigan proponiendo pagos sin una fuente de repago que se pueda saber a ciencia cierta de dónde va a salir el pago. Aunque en esta propuesta la Junta se mantiene en que no son viables aumentos a la luz, permanece la interrogante de dónde van a sacar el dinero para pagar. “Eso sigue siendo la pregunta. Si nos sacan dinero del Fondo General también es preocupante porque ahora mismo hay muchas áreas del gobierno que necesitan dinero, el ejemplo más clásico, la Universidad”.
El otro elemento que señaló es que este PAD incluye los famosos instrumentos de valor contingente (IVC), que donde único están en el presente es en el PAD del Gobierno Central. Prados denunció que los IVC son un engaño. Por un lado se dice que se le recortó la deuda, pero los IVC son pagos; se le dice al acreedor que se le va a pagar menos ahora porque tiene un problema de liquidez, pero se le va a pagar en cuanto tenga efectivo en caja.
A la interrogante de cuál cree será la actitud de la jueza Swain ante esta nueva propuesta, su apreciación es que la jueza sabe que está frente a unos acreedores que no tienen la intención de entender que están ante un deudor que no puede pagar. “Quisiera que hable menos y actúe más y entienda que hay que presionar a un acuerdo, sino que se tome una decisión bien fundamentada. Existen los datos, existe la evidencia de que el país ya paga un montón de energía eléctrica, la jueza se ha expresado de que los acreedores están pidiendo algo imposible, yo creo que ella lo sabe así. En definitiva, creo que ya la jueza tiene estas nuevas declaraciones de la Junta”.
Reparó que la JCF puede presentar un nuevo PAD con la propuesta anunciada, lo que le genera preocupación de que no se pueden pagar ya los $3 mil millones y se le añade los IVC. “A estas alturas del juego, es un engaño porque le hace pensar al acreedor que va a poderle pagar cuando no es cierto y le dice al país que está llegando a un acuerdo más razonable y con un alivio a la deuda cuando tampoco es cierto porque más adelante vamos a recibir el cantazo”.
No vale el papel donde está escrito
Por su parte, el experto en la Ley PROMESA, participante del litigio de la deuda como representante legal de los pensionados de la AEE, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, reaccionó al anuncio de la nueva propuesta: “En realidad, el comunicado de prensa no tiene el valor del papel donde está escrito porque el mismo comunicado dice que esa oferta se hizo a los abogados de los bonistas y la rechazaron”.
Indicó que esa nueva propuesta es consecuencia de una mediación fracasada, dado a que ahora mismo los bonistas están haciendo unos reclamos que podrían significar $3,600 millones adicionales a la deuda. Esa petición está en el Tribunal Apelativo.
Lo que sí implica el anuncio de la nueva propuesta es el fracaso de las negociaciones donde no hay acuerdo y, por ende, la situación sigue igual. Repasó que son varios los casos pendientes de la AEE. Además de la deuda están los casos de LUMA de los gastos administrativos que están pendientes en el TA; el pleito de valorar la colateral, que es determinar cuánto es el ingreso neto, el cual está ante la jueza Swain; el caso de las mociones se desestiman para que se nombre a un síndico, que la jueza también declaró no ha lugar, y está en el Tribunal Apelativo
El licenciado Emmanuelli Jiménez reveló que, en términos reales, las expectativas de los bonistas es que se les pague entre $6 a $7 mil millones de dólares, como mínimo. “La Junta no logra un acuerdo con esa oferta y, como ha hecho en otras ocasiones, lo publica y dice ‘mira yo estoy bregando, negociando’.
En esa línea comentó que la divulgación de la propuesta tiene que ver con las críticas que ha habido por todo lo que se ha tardado el caso de la AEE. “Lo veo meramente como una gestión publicitaria de que la Junta está haciendo su trabajo y los bonistas no quieren. Pero no aclara el comunicado de dónde va a salir el dinero. Si la oferta fuera real, someterían un PAD enmendado, y no sometieron ningún plan de ajuste enmendado, por eso digo que no tiene ningún valor”.
Del mismo modo, observó que la oferta del IVC se hace ante la incapacidad de convencer a los bonistas de que acepten una oferta razonable, por lo que le presentan lo de IVC. En el escenario que tiene la AEE, nadie predice que la situación va a mejorar, “por eso es que para los bonistas no parece ser una alternativa en este momento”, afirmó.
Mientras, sobre la actitud de la jueza Swain, dijo que ella puede tomar una determinación, e incluso ya los bonistas le plantearon que desestimara la quiebra, a lo cual dijo que no iba a levantar la paralización. Los bonistas también apelaron esa determinación. A juicio de Emmanuelli Jiménez, esa determinación de la jueza es indicio de que todavía tiene esperanza de que se resuelva el caso mediante un acuerdo. “Pero en esas estamos desde el 2017 cuando se radicó el caso y se constituyó la Junta. Llevamos nueve años de este caso nada más”.
El licenciado Emmanuelli Jiménez atribuyó la insistencia de los bonistas en cobrar aun cuando se les diga que el país no puede pagar a que el problema es que la JCF ha perdido total credibilidad con los bonistas.
“Los bonistas no le creen ni un ápice porque han jugado sucio en la litigación, han ocultado información, se han opuesto al ‘discovery’ con todos los mecanismos posibles, el litigio que hay no es de buenos amigos y como los bonistas no le creen a la Junta de que no podemos pagar, los bonistas no le creen porque la Junta no ha sido transparente con ellos”.
El experto en casos de quiebra recalcó que en una negociación tiene que haber confianza de lo que las partes están diciendo, que si una de las partes piensa que se le están ocultando datos, no hay manera de llegar a un acuerdo. “Esa es la situación: que una negociación no es viable dentro del contexto de llegar a un acuerdo porque no hay la confianza de que la información que ofrece la Junta es real”. Frente a esta situación Emmanuelli Jiménez, vaticinó que habrá pleitos por años. “La salida es que el pueblo se una y saque a la Junta”.
