La educación de un país es la zapata para su desarrollo. Los países con los mejores sistemas educativos invierten grandes recursos en su sostenimiento, expansión y capital humano. No puede haber prosperidad y plenitud social sin un sistema de educación pública dirigido a las necesidades de sus educandos, y basado en la visión y objetivos compartidos para el desarrollo de un país o sociedad.
En Estados Unidos, sin embargo, la educación pública, como la conocemos, va en dirección contraria. El país más rico y poderoso del mundo, hoy bajo un gobierno Republicano y de extrema derecha, está enfrascado en un proceso acelerado para desmantelar su sistema educativo nacional y devolver a cada estado la responsabilidad y los costos de educar a sus respectivas poblaciones. A todas luces, esto parece una gran contradicción con lo que pretende representar el movimiento «Make America Great Again (MAGA)», con su visión nacionalista y aislacionista que Donald Trump tan orgullosamente articuló, y que lo convirtió en presidente de Estados Unidos en dos ocasiones.
La actual Secretaria de Educación, Linda McMahon, que no es educadora sino comerciante, está por orden ejecutiva del Presidente, desmantelando el sistema educativo federal y transfiriendo sus funciones a otras agencias o a los 50 estados. Trasladó la división de reclamos por discrimen y violaciones de derechos civiles al Departamento de Justicia, y esta semana, anunció el traslado de los programas de Educación Especial al Departamento de Salud y Recursos Humanos. ¿ Cómo es que la educación especial es un asunto de salud y no de diversidad cognitiva? No sabemos porque no se ofreció explicación para ese cambio. De todo esto puede inferirse que Trump considera un gasto innecesario la inflada burocracia del Departamento de Educación Federal, pero lo mismo podría argumentarse sobre otras agencias menos importantes y neurálgicas y, sin embargo, éstas siguen intocadas. Ya veremos en qué desemboca este alocado proceso, sobre todo mientras prevalezcan los gobiernos de mayoría Republicana en Estados Unidos.
Por nuestra parte, en Puerto Rico, estamos viviendo otro tipo de desmantelamiento del sistema de educación pública. A la barbarie del cierre indiscriminado de escuelas bajo la tutela de la ex convicta ex secretaria de educación, Julia Keleher, se añade ahora la creciente penetración de las llamadas escuelas «charters», o «escuelas públicas alianza», que realmente no son públicas porque no sirven al grueso de la población escolar y tienen currículos, reglamentos, disposiciones y personal distintos y ajenos a los de las escuelas públicas. Realmente, lo único de públicas que tienen es que reciben millones de dólares en fondos del Departamento de Educación, aunque sus dueños y directivos son personas jurídicas privadas y no son empleados ni oficiales del Departamento de Educación de Puerto Rico.
Desde 2018 se han creado en Puerto Rico 21 de estas escuelas llamadas «charter» y se ha anunciado la apertura de cinco más para este próximo ciclo escolar. Cerca de $50 millones del Departamento de Educación se destinan al financiamiento de estos planteles cuya matrícula total asciende a 7, 410 estudiantes – 1,600 estudiantes provenientes de colegios privados y 5,810 de escuelas públicas- mientras el resto del verdadero sistema público se reparte los 221,000 estudiantes que lo integran al presente.
Realmente, las escuelas charter son un modelo híbrido, y aunque se supone que rindan cuentas y sean supervisadas por el Departamento de Educación por los fondos públicos que reciben, hay evidencia constatada por investigaciones periodísticas de que el proceso de supervisión y rendición de cuentas carece de las garras y el rigor necesarios para garantizar cumplimiento. Así ha ido surgiendo un sistema educativo de doble vara que, poco a poco, socava desde adentro a las escuelas públicas.
Desviar millones de dólares destinados a la educación pública hacia proyectos educativos privados, sin la debida supervisión ni rendición de cuentas, es fomentar la creación de muchas más de estas llamadas escuelas, que se convierten en fuentes de lucro para dueños, socios o accionistas.
La educación de un pueblo no puede verse como un producto de consumo. Por eso, los sistemas educativos exitosos se basan en modelos filosóficos que promueven el desarrollo integral de sus educandos. La Constitución de Puerto Rico de 1952 consignó oficialmente la educación como un derecho humano fundamental que debe ser provisto y garantizado por el Estado. Por otra parte, el propio Departamento de Educación describe a las llamadas escuelas Alianza o «charter» como » escuelas públicas gratuitas, no sectarias, de calidad y libres de cualquier discrimen».
La tercerización de la educación pública y el otorgar fondos del Estado a entes privados para educar a estudiantes del sistema público, sin unas guías estrictas de supervisión y rendición de cuentas, no es ofrecer mejores oportunidades a nuestros estudiantes. Es abrir la puerta para que se cuelen proyectos educativos privados que respondan a los objetivos de sus dueños y no a las necesidades de nuestra población escolar. Es también debilitar irreversiblemente la zapata del sistema educativo de nuestras futuras generaciones.
