Al cierre de esta tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, varias de las medidas más polémicas presentadas quedaron pendientes para ser examinadas en la próxima sesión en el Senado. Entre éstos, la reforma de permisos, tanto el proyecto enviado por la gobernadora, el PC 1213 como el proyecto presentado por el presidente del Senado, el PS 1183. Un tercer proyecto, el PC 1019, que propone la eliminación de la ley de protección de la zona del Karso (Ley 292 de 1999) también quedó pendiente.
A preguntas de Claridad sobre cómo ve el futuro de la discusión de ambas medidas, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la licenciada María de Lourdes Santiago Negrón, indicó que en el caso del PC 1019, ni siquiera ha ido a vistas públicas. Expresó creer que la campaña en las redes ha sido una muy efectiva y que, por parte del PIP, están instando a todos, aunque no se las pidan, a que envíen ponencias. Comentó, en alusión a las posiciones de las ponencias, que están muy bien orientadas científicamente por lo que confían que se logre detener el proyecto porque ha sido muy oportuna la intervención ciudadana.
“Otro es el cantar con la reforma de permisos”, indicó. “Ya es una decisión aparentemente tomada de lo que será el sustitutivo del cual ha estado circulando un borrador que, de hecho, antes que a los legisladores se les dio a los de la industria de la construcción y eso nos da una idea de por dónde va”.
La portavoz de la delegación del PIP en el Senado dijo que tuvo la oportunidad de examinar el proyecto sustitutivo y es un proyecto muy malo donde persisten los peores asuntos de las dos medidas. Todavía el proyecto sustitutivo no se ha radicado y se tendrá que convocar a la comisión que verá el proyecto dado que, cuando hay una medida que tiene demasiadas enmiendas, eso hace que se pierda la autoría. “Así que, por supuesto, el presidente del Senado va a tener interés en que se pierda la autoría del proyecto de la Fortaleza”.
Santiago Negrón apuntó que aún el proyecto sustitutivo es muy nocivo ya que persisten conceptos como el de la desafectación, el que una propiedad que esté en un área especialmente protegida puede ser retirada de esas restricciones a petición del dueño. También persisten las limitaciones a los foros administrativos y, por ejemplo, los cambios a la definición de colindante. En el proyecto de Rivera Shatz persiste el concepto de intensidad de uso que quiere decir que se autorizarían prácticas comerciales o industriales sólo porque ya existen en el sector, lo que puede alterar de manera dramática la naturaleza de muchas comunidades y así lo han admitido municipios como San Juan y Bayamón.
Sobre las vistas de presupuesto, el cual ya fue aprobado y firmado por la gobernadora Jenniffer González, con un veto al reducir en $5.8 millones el plan de gastos aprobado por la Legislatura, la senadora del PIP comentó que el presupuesto es una radiografía de las agencias. No obstante acotó ante el hecho de que existe la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal (JCF) el que, “la Legislatura no tiene nada importante que decir. Ya vimos por la mañana que la Junta intervino con el presupuesto de la Universidad alegando que es incompatible con el plan fiscal. Hay que recordar que en estos diez años que se cumplen de Promesa, Promesa dice que no hay que aprobar un presupuesto en Cámara ni Senado, que basta con que la Junta redacte su presupuesto y lo pone en el escritorio de la Gobernadora y se acabó, ese va a ser el presupuesto que tenemos”.
Trajo a la atención que es importante recalcar la dictadura de la Junta, pero igual hay que recordar “que esa disposición a revisar el presupuesto de cualquier país, de cuál es el mejor uso como, por ejemplo, los empleados de confianza siguen aumentando y a eso la Junta no le pone peros”.
Otra medida que fue aprobada en la Cámara y que ha sido rechazada por los más amplios sectores de trabajadores y economistas fue el PC 1115 para eliminar la Ley de Salario Mínimo. En el caso del Senado, Santiago Negrón indicó que el Presidente anticipó que él no estaría considerando la medida, a lo que advirtió que ella no ponía “la mano en el fuego” por lo que diga el PNP. Exhortó a que es importante no bajar la guardia y seguir el esfuerzo que ya han iniciado varias organizaciones de educar a la clase trabajadora de los peligros de que se elimine la ley y, con ella, la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo.
En un sentido similar se expresó de no tener muchas expectativas de la investigación por parte del Senado sobre el secretario de la gobernación, Francisco Domenech. “Eso está por verse. Ahí no hay un indicio de que salga a relucir la verdad, aquí hay unos elementos políticos involucrados igual que lo que ocurre con todo el drama del DDEC”.
La senadora del PIP reconoció que, de las medidas radicadas por su colectividad el día antes de nuestra entrevista, vió alrededor de seis informes negativos. “No hay disposición alguna de examinar algún proyecto presentado por la minoría. Es muy difícil, un par de proyectos se aprobaron pero proyectos fundamentales como el aumento al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, no. Si queremos confrontar a la Junta me parece que ese es el mejor proyecto”, concluyó.
