El litoral de Puerto Rico lleva décadas erosionándose, no sólo por la fuerza del mar sino por el impacto de decisiones políticas que, bajo el lenguaje del “Desarrollo”, van entregando pedazos del bien común a intereses privados. Esa erosión no siempre se ve en la arena; muchas veces ocurre en documentos oficiales, en ordenanzas municipales, en contratos de largo plazo que convierten espacios públicos en activos comerciales.
La ordenanza número 55 que se estará considerando en la legislatura municipal de San Juan para dar paso a un estacionamiento en el Parque del Tercer Milenio es un ejemplo claro de esa erosión política: un estacionamiento de 950 espacios, operado por un privado por hasta 90 años, en uno de los pocos pulmones costeros que le quedan a San Juan. Un parque rehabilitado con fondos federales, cedido con restricciones de uso y defendido por comunidades que conocen mejor que nadie el valor de ese litoral.
Lo que está en juego no es un lote de asfalto. Es el derecho a la ciudad. El derecho a caminar hacia el mar sin pasar por un filtro económico. El derecho a que el litoral siga siendo un espacio de encuentro, no un negocio de largo plazo disfrazado de “interés público”. El Escambrón encarna una tensión histórica entre dos visiones de país: la que entiende el litoral como un bien común protegido por ley, memoria y comunidad, y la que lo ve como un activo disponible para concesiones, derechos de superficie y proyectos que prometen modernidad mientras desplazan al público. El parque no es un vacío urbano esperando inversión; es un espacio donde convergen familias, atletas, pescadores, turistas, estudiantes, ancianos, migrantes y trabajadores. Un espacio democrático en el sentido más literal:¡ todos caben!
Sin embargo, cuando un municipio entrega la operación de un parque costero por casi un siglo, lo que está diciendo es que el litoral ya no es un derecho sino un servicio sujeto a tarifa. La ordenanza 55 que autoriza el proyecto se sostiene sobre la frase “el interés público así lo requiere”, un comodín que se ha vuelto habitual en la política puertorriqueña. Pero el interés público no se invoca: se demuestra. Y aquí es donde la narrativa oficial se desmorona. ¿Cómo puede ser de interés público un proyecto que privatiza la operación de un parque por 60 a 90 años, elimina áreas verdes y recreativas, altera un espacio rehabilitado con fondos federales, aumenta la presión vehicular en una zona costera frágil, contradice el uso recreativo para el cual se cedió el terreno y se aprueba sin participación comunitaria real? El interés público no puede definirse desde la oficina del alcalde ni desde la propuesta de un desarrollador; se define desde la comunidad que vive, usa y cuida el espacio.
Y cuando se examina el proyecto con rigor jurídico, la fragilidad de su fundamento se vuelve aún más evidente. La construcción de un estacionamiento masivo en un parque rehabilitado con fondos federales puede constituir una violación directa a las condiciones de uso impuestas por HUD, FEMA o el Departamento del Interior. Los fondos federales no son un regalo: vienen acompañados de cláusulas de “no conversión”, que prohíben transformar un parque en un uso distinto sin autorización federal. Si el Parque del Tercer Milenio recibió fondos del Land and Water Conservation Fund, cualquier privatización o cambio de uso sin aprobación del Departamento del Interior sería ilegal. El Municipio podría verse obligado a reembolsar fondos o perder elegibilidad futura. Es decir, el proyecto no solo amenaza el litoral: amenaza las finanzas públicas.
A esto se suma la posible violación a la Ley 89-2019, que garantiza el acceso libre y continuo a las playas. Un estacionamiento de 950 espacios no es un gesto de accesibilidad: es un imán de congestión, un muro de vehículos, un rediseño del flujo peatonal que inevitablemente altera la experiencia de acceso. Aunque la ordenanza diga que el acceso no se afectará, la experiencia en Puerto Rico demuestra que la privatización de infraestructura altera el acceso real, no el acceso teórico. El derecho al litoral no puede depender de la buena voluntad de un operador privado.
El proyecto también podría violar la Ley de Política Pública Ambiental, la Ley de Costas, el Clean Water Act y los reglamentos de zona marítimo-terrestre. El Escambrón es una zona costera sensitiva, con hábitats protegidos, vegetación costera y riesgo de inundación. Un proyecto de esta magnitud requiere una Declaración de Impacto Ambiental completa, no un trámite acelerado. Requiere deslinde aprobado, permisos del Army Corps of Engineers, análisis de impacto acumulativo y cumplimiento con la política pública de turismo sostenible. Nada de eso puede resolverse con una ordenanza municipal.
Y hay más. Mucho más. Porque el problema no empieza con la Ordenanza 55: empieza en el 2011, cuando el gobierno de Luis Fortuño transfirió el Parque del Tercer Milenio al Municipio de San Juan. Ese traspaso, lejos de ser un acto administrativo rutinario, fue un acto que contradecía la ley vigente. La Ley del Sistema de Parques Nacionales prohibía expresamente transferir parques nacionales a municipios, corporaciones públicas o entidades privadas. Aun así, el traspaso se hizo. Se firmó. Se celebró. Y se inscribió. Pero una escritura otorgada en violación de la ley no se convierte en legal por repetición. Si la transferencia fue ilegal, la escritura es nula o anulable. Y si la escritura es nula, el Municipio nunca adquirió titularidad válida. Y si nunca adquirió titularidad válida, no puede otorgar un derecho de superficie. Y si no puede otorgar un derecho de superficie, la Ordenanza 55 es un edificio construido sobre arena: un acto jurídico sin cimiento.
A esto se suma que los terrenos del Parque del Tercer Milenio fueron cedidos con restricciones de uso. La práctica de la Compañía de Parques Nacionales y la naturaleza del bien cedido permiten inferir que incluía obligaciones de mantener el uso recreativo, prohibiciones de comercialización sin autorización y cláusulas de reversión. Si la cesión original establece que el terreno debe usarse exclusivamente para fines públicos o recreativos, la construcción de un estacionamiento privado violaría la escritura de cesión. Un tribunal podría declarar nula la ordenanza o revertir el terreno al Estado. Es decir, el proyecto podría ser ilegal desde su origen.
El Plan de Usos de Terrenos y el Plan Territorial de San Juan también clasifican el área como parque urbano y zona recreativa. Un estacionamiento de 950 espacios no es un uso recreativo ni compatible con la planificación vigente. La consulta de ubicación podría ser impugnada por incompatibilidad con el plan territorial. La ordenanza, además, se aprobó sin un proceso de participación ciudadana robusto, lo cual viola la Ley 107-2020. La democracia municipal no puede reducirse a un trámite administrativo.
El Escambrón es un territorio con memoria. Allí se han celebrado competencias, vigilias, protestas, carnavales, duelos y encuentros. Allí se han tejido historias familiares y colectivas. Allí se han defendido derechos. Convertir ese espacio en un estacionamiento masivo es borrar parte de esa memoria y reducir el litoral a un problema de “flujo vehicular” en vez de reconocerlo como un territorio emocional, cultural y político.
En un país que enfrenta crisis climática, erosión costera y pérdida acelerada de espacios públicos, la pregunta no es si necesitamos más estacionamientos, sino qué país queremos dejarles a quienes vienen detrás. ¿Un país donde el litoral es un privilegio administrado por concesiones privadas, o un país donde el litoral es un derecho garantizado por el Estado y defendido por su gente?
Las comunidades del Escambrón ya escogieron. Están defendiendo el litoral no sólo por ellas, sino por todos. Porque saben que cuando se pierde un pedazo de costa, no se pierde un espacio: se pierde un derecho. Y un país que entrega su litoral, entrega su futuro. El litoral no es un negocio, no es un activo, no es un proyecto ni una oportunidad de inversión. El litoral es un bien común, un derecho, un refugio, un espacio de país. Y el país que lo defiende, se defiende a sí mismo.
