El cuestionamiento del ente federal se une a los reclamos de padres y proveedores de servicios prestados
A poco más de un mes de que iniciara el año escolar, la Junta de Control Fiscal (JCF) exigió al Departamento de Educación (DE) información y estrategias para resolver «las deficiencias» en el presupuesto del Programa de Educación Especial que resultan en $52,000 adicionales para ciertos alumnos matriculados en el programa.
De acuerdo con el organismo federal, Educación invierte aproximadamente $59,000 por cada estudiante que recibe “servicios comprados”, un acuerdo al que la agencia gubernamental pacta cuando no puede ofrecer servicios a los estudiantes del programa de Educación Especial. Según la carta que publicó la semana pasada, 2,462 alumnos del DE caen bajo este renglón.
“En Puerto Rico, 109,062 estudiantes participan en el Programa de Educación Especial del DEPR… A julio de 2026, aproximadamente 2,462 estudiantes recibieron servicios educativos bajo (la) modalidad de servicios comprados, lo que resulta en un costo anual estimado de más de $145 millones para matrícula, asistentes de servicios especiales, servicios de terapia y materiales educativos”, aseguró el cuerpo por escrito.
La JCF identificó, además, 158 instituciones privadas «ubicadas dentro y fuera de Puerto Rico» que ofrecen este servicio. De los más de 2,000 que están matriculados en estas escuelas, 858 suponen inversiones de $50,000 o más. De esos, cerca de 60 representan gastos anuales de entre $100,000 y $577,000 por asuntos de matrícula. En los pasados tres años, agregan, los llamados “servicios comprados” sumaron 650 estudiantes nuevos.
“Este aumento en la dependencia de los servicios comprados refleja la continua incapacidad del DEPR de establecer ubicaciones internas, salones especializados o capacidad programática suficientes para servir a estos estudiantes dentro del sistema de educación pública. Esto genera preocupación en cuanto al uso equitativo de los fondos públicos para toda la población estudiantil, particularmente dentro de la población de Educación Especial”, reparó la Junta.
El ente federal arguyó, igualmente, que las inversiones del DE en el Programa de Educación Especial contrastan con el desempeño de los estudiantes matriculados, quienes aparentemente obtuvieron calificaciones menores que el año académico 2025-2026 en las pruebas de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE).
“El DEPR ha dependido de fondos federales no recurrentes para financiar los gastos recurrentes dentro del Programa de Educación Especial. Una parte sustancial de estos costos recurrentes se sufragó con fondos federales de alivio por la pandemia que vencieron en el año fiscal 2026. Aunque esos recursos ya no se encuentran disponibles, las obligaciones de servicios subyacentes permanecen vigentes. El resultado es un compromiso recurrente que ahora añade presión al presupuesto del gobierno”, elaboró la carta.
El documento remitido al titular de la agencia, Eliezer Ramos Parés, recordó que el DE ha solicitado, en años anteriores, fondos adicionales luego de haber presupuestado cantidades menores. Aunque no ofreció ejemplos, la JCF aduce que este patrón de gastos pone en tela de juicio la capacidad administrativa de Educación.
Si no lo presupuestan, los servicios quedan en vilo
“La Junta tiene razón en ese sentido, por lo menos parecen tenerla cuando tienes a un Departamento que no acaba de proveer información para poder autorizar los fondos necesarios. El Departamento no ha sido preciso en establecer cuánto dinero necesita para operar todas las transacciones necesarias para los estudiantes de Educación Especial”, opinó, por su parte, la portavoz del Comité Timón Carmen Warren.
Warren coincidió con la Junta al reconocer que la población de estudiantes de Educación Especial ha aumentado en años recientes. En ese panorama, la agencia no ha producido un desglose claro de las inversiones en terapias, ubicaciones adecuadas y las evaluaciones requeridas para cada estudiante. Además de la JCF, Warren agregó que Educación debe entregar esta información a todas las agencias fiscalizadoras para que puedan justificar la inversión.
“Todo ese cómputo, para cada uno de los estudiantes, se tiene que presentar a la Junta, se lo tiene que presentar a OGP, se lo tiene que presentar a Aafaf y se lo tiene que presentar al Síndico federal para que todos esos entes, que son los que autorizan la asignación presupuestaria, tengan el contexto presente. Para que vean cada uno de los presupuestos necesarios y los puedan aprobar”, explicó Warren.
De acuerdo con la portavoz, todos los días aparecen nuevos estudiantes en el Programa de Educación Especial y, con ellos, nuevas necesidades que pueden variar desde la compra de un equipo asistivo, una silla de ruedas o una computadora. Cuando Educación no contempla estas partidas, incumple con algunas de las estipulaciones del pleito de clase Rosa Lydia Vélez.
“Si no hay esa información clara, no se puede probar que se necesita… La Junta parece tener razón al señalar que hay un presupuesto que el Departamento pudo utilizar, y que está asignando a escuelas privadas. Se están pagando costos altos para poder proveer un servicio terapéutico y educativo para estos menores. El Departamento lo pudo haber usado. Los costos para implementar estos servicios en Educación son mucho menores comparados con las contrataciones privadas”, contó.
Para el Comité Timón, el DE debe optimizar los recursos en las escuelas públicas para beneficiar mejor a los estudiantes. Aparte de resultar más económico, la portavoz cuestionó la efectividad de estas instituciones privadas que se contratan puesto que «no hay una garantía» de que se ofrezcan.
“Nosotros seguimos insistiendo en que el Departamento tiene que cumplir y tiene que mejorar las condiciones de las escuelas públicas para que deje de usar fondos públicos en la privatización que insisten en promover”, concluyó Warren.
La JCF le dio al DE hasta el 2 de octubre para entregar toda la información requerida, que incluyen medidas concretas para que Educación se haga cargo de los servicios que necesitan en el programa; información actualizada de los estudiantes matriculados; una guía de cómo la agencia determina contratar un servicio privado; y cómo fiscalizan a estos proveedores.
