La asociación, que opera como una cafetería, no ha ofrecido servicios este semestre
CLARIDAD
La Universidad de Puerto Rico (UPR) exigió el pago de una deuda de $120,000 acumulada por la cooperativa mixta Iupicoop Café, ubicada en el recinto de Río Piedras, y podría resultar en el desalojo oficial del concesionario más frecuentado, desde 2015, en el Centro de Estudiantes de la institución.
De acuerdo con Sebastián Segarra Maldonado, integrante de Mesa Abierta y senador académico del Consejo General de Estudiantes (CGE), Iupicoop Café no paga renta porque acordó, cuando se fundó en 2015, una exención para el arrendamiento. No obstante, la organización debía sufragar el costo de energía eléctrica, agua y una aportación tanto al CGE como al recinto.
“La universidad no le cobra el arrendamiento, pero sí cobra algo adicional por encima del agua y la luz. Como parte del contrato, se estipula que ellos tienen que contribuir una porción de sus ingresos hacia el Fondo de Becas Especiales del Consejo General de Estudiantes. Eso no está sucediendo. Lo que está sucediendo es que ellos (Iupicoop) están reportando que no tienen ingresos, y que han estado en rojo desde hace mucho tiempo atrás”, expresó Segarra Maldonado a CLARIDAD.
Asimismo, el representante estudiantil agregó que la cooperativa justifica estos impagos por estar comprometida con gastos operacionales, reservas que debe mantener por ley y otros ahorros que menciona pero por los que «no han rendido cuentas». Para Segarra Maldonado y el CGE, las finanzas de Iupicoop están en verde, de modo que los impagos corresponden a una estrategia para salir de sus obligaciones con el recinto.
“Eso (la contribución al Fondo de Becas) está desde que firmaron contrato porque eso es parte del acuerdo para que estén allí. De ahí (ese fondo) se nutren otras iniciativas como Mesa Abierta, porque la parte que se contribuye a la universidad se utiliza para asuntos de seguridad alimentaria. Esos fondos son los que permiten que Mesa Abierta opere, compre suministros, productos de limpieza y lo esencial para funcionar”, concluyó Segarra Maldonado.
Ideada como una cooperativa mixta para ofrecer empleo y comida asequible a estudiantes de la UPR, Iupicoop surgió como parte de una clase del Instituto Cooperativista de la UPR, formándose oficialmente en 2014. Reuniendo a un grupo de personas para el capital y el desarrollo de un reglamento, la organización quedó inscrita en el Departamento de Estado y la Comisión de Desarrollo de Cooperativas de Puerto Rico (CDCOOP) para 2015.
Desde entonces, el concesionario ha sido una estampa de los almuerzos y las meriendas de estudiantes de todo perfil. Ubicado en el segundo piso del Centro de Estudiantes, opera como una cafetería y atrae a muchos estudiantes por sus amplios ventanales, mesas altas, sillones, por contar con aire acondicionado y numerosos receptáculos para recargar dispositivos.
Iupicoop responde
Convocando a todos los socios de la cooperativa para el pasado jueves, 8 de octubre, Iupicoop denunció que las exigencias en los pagos amenazan la continuidad del café-merendero, y que actualmente no están operando por mandato de la propia universidad. El contrato en cuestión, arguyeron, está vencido desde 2019. Intentaron, sin éxito, reunirse para renovarlo en 2018, 2021, 2022, 2023 y 2025.
“En dos ocasiones, se entregan todos los documentos requeridos sin recibir respuesta. En noviembre de 2025 se reinicia el proceso y un borrador de contrato es recibido en mayo de 2026. Para nuestra sorpresa, y tras reuniones con la administración, se presentan unos términos y condiciones marcadamente distintos al contrato anterior”, expresó la Junta Directiva de la asociación por escrito.
Iupicoop señaló, entre otras condiciones, que la UPR exigió el pago de una deuda de $120,000 que «desconocen», que no incluye acuerdos de mensualidad, partidas para servicios o suministros que no formaban parte del contrato original y hasta «cantidades de consumo» que la propia universidad calculó mediante un «promedio establecido». Dos meses después de que el recinto reclamara el dinero, venció el contrato del principal ejecutivo de Iupicoop.
“Tras conseguir una candidata para asumir el puesto de principal ejecutiva, entregamos al Decanato de Administración nuestra contrapropuesta con 16 enmiendas, dentro de la fecha límite que estipularon”, continuó Iupicoop.
Más de cinco semanas después, el 29 de septiembre, la universidad respondió, rechazando las propuestas de la cooperativa. Tres días después de contestar, la UPR fijó hasta el 2 de octubre como fecha límite para que Iupicoop firmara los nuevos acuerdos y acate el pago de las deudas.
“Nuestra cooperativa está en riesgo. Hoy no estamos operando y la Administración nos exige firmar un contrato con condiciones muy distintas a las anteriores”, expresó la directiva a través de sus redes sociales.
Por otro lado, la cooperativa argumentó que sus finanzas se han visto afectadas por el paso del huracán María, en 2017, que supuso más de $19,000 en pérdidas para Iupicoop; la pandemia, en 2020, que limitó sus operaciones entre agosto de 2021 y febrero de 2022; un aparente «desfalco» de $18,000 auditado por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC); la baja en matrícula; la inestabilidad en la infraestructura; y los cambios constantes el calendario académico.
“A través de los años, luego del paso del huracán María, la participación y aportación de lxs socixs ha sido mínima, aspecto que ha impactado la visión y razón de ser de la cooperativa, y que ha llevado al incremento en trabajo y esfuerzo de los integrantes de la Junta, además del de los principales ejecutivos
A modo de equiparar los pagos de la deuda y la operación de Iupicoop, la Junta Directiva contrapropuso: mensualidades atemperadas al flujo de estudiantes y al calendario académico; eliminar el cargo fijo de $250 al CGE puesto que Iupicoop ya contribuye el 10% de sus ganancias netas; un contrato que dure más de un año; flexibilidad en la fijación de precios, horarios de operación y acceso al local; y más espacio para ampliar productos y otras ofertas.
“El 2 de octubre enviamos una carta solicitando apoyo a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, dirigida a Heriberto Martínez, director ejecutivo. Actualmente no contamos con representación legal. Destacamos que la Ley 239 fomenta el apoyo de los organismos y las agencias gubernamentales al movimiento cooperativo”, concluyeron los socios de la cooperativa.
Segarra Maldonado aclaró que los $250 de mensualidad denunciados corresponden a una forma concreta en que el CGE pueda recibir las aportaciones de la cooperativa, puesto que Iupicoop no rendía el 10% requerido para el fondo de becas. Es decir, el pago era un modo de forzar la asociación a cumplir con esta estipulación.
La organización no ha emitido expresiones tras la reunión del 8 de octubre. Desde que comenzó este semestre, Iupicoop no ha ofrecido sus servicios como acostumbra.
