Especial para CLARIDAD
La principal deuda que enfrentamos la clase trabajadora en la colonia no es nuestra. Es la deuda contraída por los gobernantes con la aprobación del sistema de gobierno interventor, EEUU, quien desde su invasión en 1898 a Puerto Rico legisló para justificar la deuda pública. Es importante este dato ya que la deuda pública con España no fue pagada por los puertorriqueños ya que EEUU reclamó que la deuda de las colonias (deuda odiosa) las asume la metrópoli.
Ya en la constitución colonial del llamado “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” en 1952 se estableció un límite para tomar prestado. Los gobernantes, con el beneplácito del sistema financiero de EEUU ubicado en Wall Street, tomaron prestado una deuda impagable. Llegaron a llamarle la deuda constitucional y la “extra constitucional”. Para 2016 la deuda llegó a $1,200 millones. Entonces EEUU legisló para cobrar la deuda, creó una Junta de Control Fiscal, JCF, que desde entonces gobierna el país, con la anuencia y complacencia de los gobernantes electos. Aprobaron leyes especiales para congelar convenios colectivos y eliminar beneficios económicos ya negociados. Prohibieron otras condiciones de trabajo con impacto económico como las licencias de vacaciones y enfermedad, bonos de Navidad y otros. Destruyeron el sistema de pensiones del gobierno, redujeron las pensiones y los beneficios y amenazan con eliminar otros dos sistemas de retiro gubernamentales que existen, Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico, UPR.
De esta manera, eliminando ingresos a la clase trabajadora, liberaron fondos para pagar la deuda a los fondos buitres quienes aceleradamente compraron la deuda. El otro ejemplo grave para la clase trabajadora es el uso de las contribuciones por ingresos que van al fondo general. De estas contribuciones, por ley, el 9% se destinaban al presupuesto de la UPR. Esto representaba cerca de mil millones de dólares anuales. Desde 2017, la Junta de Control Fiscal asigna a la UPR menos de 500 millones de dólares como presupuesto operacional. La UPR está en crisis y sus consecuencias las pagan los estudiantes, los profesores, los trabajadores universitarios y el pueblo que no pueden enviar a sus hijos a estudiar en la Universidad del Estado, donde el aumento de la matrícula y los préstamos para estudiar se imponen.
Las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal provocan el cierre de agencias, la privatización de servicios esenciales, deficiencias en los servicios de energía, agua, transportación y otros. Nuevos impuestos surgen, se impone un aumento al consumo diario de todo artículo, se privatizan las carreteras y aumentan los peajes. La inflación causada por las medidas de la JCF afecta a la clase trabajadora que depende de un ingreso limitado. La migración de jóvenes y adultos hacia EEUU unido a una población de envejecientes que pronto trasciende a más del 30% de la población disloca los servicios de salud y las prioridades de la sociedad.
Esta semana tomaron las calles el magisterio puertorriqueño para reclamar se les pague una deuda contraída por el gobierno, la cual se llama “carrera magisterial”. Consiste en la propuesta del gobierno al maestro para que continúe estudios de maestría o doctorado a los cual el gobierno compensa con aumentos salariales. Muchos maestros estudiaron otros grados, se endeudaron para estudiar y ahora el gobierno no les paga la “carrera magisterial”. A esa deuda se suman los salarios congelados y las propuestas de nuevos planes de clasificación de puestos y retribución prometidos a los sindicatos públicos. Trabajadores que desde hace doce, quince años o más no se les revisa su salario.
Así se encuentran la mayoría de los empleados públicos quienes se unen al reclamo del magisterio. Bomberos, profesores y empleados universitarios, conserjes, pensionados, trabajadores sociales y otros marcharon con los maestros. Todos reclamando que les paguen la deuda que les deben.
Hay que destacar que una de las medidas inmediatas de la JCF fue detener el pago de toda reclamación dictada en una sentencia laboral y a su vez detener los procesos pendientes de adjudicación. De esta manera la clase trabajadora deja de recibir cientos de millones de dólares adjudicados a su favor. Deuda del gobierno, por violación de leyes, que no se paga al trabajador, pero el dinero liberado se destina a pagar deuda pública.
La tercera deuda que gana titulares en el país tiene que ver entre los dueños de las franquicias de comidas rápidas KFC, Taco Bell, IHOP, Pizza Hut en EEUU, Yum! Brands y sus socios hasta ayer en Puerto Rico, Encanto Restaurants, Inc. La deuda contraída por Encanto asciende a cerca de 120 millones de dólares con diversos acreedores. Entre estos, Yum! Brands, quienes cancelaron su relación de golpe y porrazo. Cerca de 3,000 trabajadores se encontraron despedidos de sus empleos sin ningún aviso el lunes 2 de noviembre. Los del primer turno llegaron a las puertas de los establecimientos para trabajar y allí se enteraron del cierre del restaurante. Trabajadores sin empleo, sin salario, sin ingreso.
La ley exige que empresas que empleen a más de 100 trabajadores, notifiquen con sesenta días de antelación el cese de empleo. Aquí los patronos despidieron a más de 3,000 trabajadores sin carta. Y el gobierno corre a ofrecer “ayudas” a los desplazados y tratan con mano de seda a los patronos.
De hecho, Encantos Restaurants, Inc. radicó una solicitud de quiebra por cerca de 124 millones de dólares para protegerse. De la solicitud de quiebra se desprende que el dinero del seguro social de los trabajadores y de sus contribuciones por ingresos, ascendentes a más de 4 millones de dólares fueron retenidas ilegalmente por “Encanto”. También dejaron de enviar al gobierno el impuesto por consumo. Todos son actos ilegales ante los cuales el gobierno no ha tomado acción.
Ello obliga a que sean los trabajadores quienes radiquen acciones legales contra la empresa para recuperar sus empleos y bienes. Esta acción es compleja ya que los dueños de las franquicias les prometen que están buscando un nuevo tenedor de franquicia para abrir los restaurantes.
Mientras, los trabajadores como pueblo, pagamos la deuda pública, (deuda que la metrópoli norteamericana debió asumir como le exigió a España), no recibimos el pago de las deudas que el gobierno nos debe y finalmente, despertamos sin empleo, enterándonos por la prensa que nos robaron el dinero de nuestras pensiones futuras y de nuestra contribución sobre ingreso al gobierno.
Tres deudas que pagan la clase trabajadora, y que generan los buitres del país.
