spot_img

¡Hasta la Victoria de la Idea!

Lo más leido

spot_img

NaciÓN

La gobernadora y el contrato de LUMA

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

De ser cierto o falso las alegaciones  de que la gobernadora Jennifer González Colón, supuestamente, intentó influir en los jueces del Tribunal Supremo (TSPR) respeto a la decisión del contrato de LUMA Energy, el daño ya está hecho.  Si la decisión  llegase a ser favorable al gobierno, la gente va a desconfiar; si no lo es, también  va a desconfiar, pues ya se puso en entredicho la imparcialidad e integridad de los miembros de ese tribunal.

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, quien participó de una comisión del Colegio de Abogados y Abogadas (CAPR) que estudió el contrato de LUMA y determinó que este era uno leonino, a pregunta de CLARIDAD señaló que el caso contra LUMA tiene méritos significativos. Indicó que hay dudas sobre si se cumplió con la ley para autorizar una transacción de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3) y que el hecho de que el contrato sea uno indefinido va contra la ley, en el sentido de que no se sabía cuándo terminaba el contrato suplementario.

La demanda contra LUMA llegó al TSPR luego de que una vez radicado en el Tribunal de Primera Instancia, las partes, en particular la AEE, la AP3 y la ejecutiva, solicitaran elevarlo a ese foro. Por su parte, LUMA intentó llevar el caso al Tribunal Federal de EE. UU. en Puerto Rico ante la jueza Taylor Swain que ve el caso de quiebra de Puerto Rico por la ley PROMESA. Incluso, aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) trató de intervenir a favor de LUMA, ninguno tuvo éxito y la jueza  devolvió el caso al tribunal local. Mediante el proceso extraordinario de certificación, el caso pasó al TSPR.

El licenciado Emmanuelli Jiménez planteó que de ser cierta la acción que se le atribuye a la gobernadora, se le hace daño  tanto al caso como  al mismo TS. “Dentro de lo que la gobernadora ha dejado demostrar con su comportamiento, no dudaría que hubiese incurrido en esa imprudencia que hace que la líder de la Rama Judicial tenga que aclarar que los jueces no son objeto de ese acercamiento”.

La acción la  calificó de totalmente impropia porque cuando se tiene un caso en el tribunal no se debe influenciarlo para que le falle a favor. “No sabemos si esa información es correcta, pero de todas maneras, como ha funcionado la política históricamente, yo no dudo que haya personas que tengan ese grado de imprudencia de entrar en esa conducta”, apuntó.

Del otro lado de la moneda, a la interrogante de qué podría ser una acción  de parte de LUMA, Emmanuelli Jiménez, expresó que “conociendo a los protagonistas, el Gobierno y LUMA, puede ser una estrategia de LUMA. Es difícil probarlo, la noticia para LUMA es favorable. No descartaría que pueda ser un inuendo con el propósito  de distraer la atención de parte de LUMA. También la conducta de LUMA ha sido  mendaz durante todo el tiempo que ha estado al frente, justificando lo injustificable, escondiendo información. A mí tampoco me sorprendería que LUMA se haya inventado esa noticia para adelantar sus intereses ante el Tribunal Supremo, porque a ningún tribunal le gusta que le digan que lo están cabildeando para que decida de alguna manera”.

No obstante, observó que  tampoco se puede ser  ingenuo y creer que los gobernadores no hablen con los jueces del Supremo, los cuales  son personas de su confianza. De hecho, de los nueves jueces que lo integran al presente, seis han sido nombrados por el partido de gobierno y los otros dos, la presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, y el juez Ángel Colón Pérez fueron nombrados por el PPD.

El licenciado Emmanuelli Jiménez destacó que lo que no puede pasar y los jueces debieran hacer es denunciar  cualquier acercamiento.  “El juez tiene el deber de si son intervenidos por alguna persona de injerencia política o de gobierno para que incline su balanza a alguna de las partes, denunciarlo de inmediato”.

De haber ocurrido, debiera haber una denuncia por parte del tribunal. Aunque la denuncia es voluntaria, es una cuestión ética el denunciar la comisión o un intento de cometer un delito de influenciar  de manera indebida a un ente judicial, subrayó.

Sobre el estatus del caso,  el TS acogió el caso en el mes de agosto, pero hasta el momento no ha señalado nada en específico. Queda a su discreción señalar una vista oral, aunque podría resolver con los argumentos presentados que ya tiene del Ejecutivo, la AEE y la AP3. Además, han comparecido  ante el tribunal la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) y el Colegio de Abogados y Abogadas. Todos coinciden en que se debe prescindir del contrato.

Por su parte,  la JCF y Asociación de Industriales también comparecieron, aunque en contra de la cancelación. En el caso de la postura de los industriales,  Emmanuelli Jiménez comentó que su postura es que a pesar de que son afectados directamente  por la conducta irresponsable de LUMA, dicen que si esta se va, sería un “desastre”.

La juez presidenta del TS, Oronoz  Rodríguez, en declaraciones escritas a la prensa defendió la integridad del Tribunal: “Expreso con absoluta claridad que ninguna persona, sin importar el cargo que ocupe o el poder que ejerza, puede intervenir en una determinación judicial. La independencia judicial es uno de nuestros pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Supone que los jueces y las juezas resuelvan las controversias ante su consideración con imparcialidad, conforme al Derecho y a los  argumentos presentados ante el tribunal, libres de presiones, intereses políticos o influencias externas, independientemente de su procedencia”, fue parte de sus declaraciones.

En tanto, en representación de la gobernadora, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, rechazó las alegaciones.  “La gobernadora no se ha comunicado con ningún juez o jueza para ejercer presión o influir en ninguna decisión judicial. Ya no saben ni qué inventar. Esos señalamientos son falsos y difamatorios”.

La principal ejecutiva de LUMA Energy, Janisse Quiñones, igual solicitó que se investigue la denuncia. En declaraciones escritas sostuvo que los alegados intentos de influir en decisiones de jueces del TSPR “son sumamente preocupantes y merecen la mayor atención. Ante la gravedad de estas alegaciones, es indispensable que se investiguen a fondo y que se esclarezca, de manera transparente y creíble, si los hechos descritos ocurrieron”.

La ejecutiva hizo la aclaración de que su preocupación “no está dirigida a los jueces ni cuestiona a la institución. Surge de la seriedad de unas alegaciones que, de confirmarse, afectarían la confianza pública en la independencia de nuestro sistema judicial”.